Por Ernesto Tamara...
El Departamento de Estado norteamericano sigue considerando a América Latina como su patio trasero, según revelan los pocos documentos conocidos del archivo obtenido por Wikileaks, y en muchos muestran la doble moral de Washington para juzgar líderes y situaciones, y en otras, la total complicidad con la violación de derechos humanos en la región.
A un mes de publicados los primeros documentos filtrados del Departamento de Estado norteamericano, apenas se han divulgados cables relativos a América Latina. El diario español El País, uno de los cinco medios en el mundo que recibieron la totalidad de los documentos, edita con mucho cuidado y seleccionando los contenidos, y muchas veces los interpreta sin darlos a conocer en su totalidad para que el lector pueda comparar el juicio del periodista con la fuente. De allí que lo poco que se conoce debe ser analizado con cuidado debido al filtro que El País ha impuesto a los documentos.
En Perú los militares comprometidos con la droga
Según se desprende de los informes, la Embajada norteamericana en Lima considera que la red de corrupción dentro del ejército del Perú que creó el ex jefe de los servicios de inteligencia, Vladimiro Montesinos, sobrevivió a los gobiernos Alejandro Toledo y de Alan García.
Montecinos, que trabajó al lado de la CIA y demás servicios se inteligencia norteamericanos, es juzgado hoy con dureza por los diplomáticos que antes lo protegieron. Uno de los informes sostiene que Montecinos -actualmente en prisión por corrupción- “colaboró con jefes del Ejército y otros funcionarios de seguridad para desarrollar una red de protección que favorecía a unos traficantes de droga mientras cooperaba con Estados Unidos para combatir a otros”, relata un informe.
La Embajada norteamericana recibió además valoraciones de jefes militares peruanos que sostienen que muchos de sus compañeros de armas todavía “reciben lucrativos pagos de los traficantes de droga que actúan en el valle de los ríos Apurímac y Ene”.
Según la Embajada, en esa zona persiste un grupo de la organización guerrillera maoísta, Sendero Luminoso, y estima que la labor del ejército para combatirlos está disminuida por la implicancia de los militares con el narcotráfico.
El dinero del narcotráfico no solo paga el silencio y la pasividad de los altos mandos. En esa región conflictiva, el Ejército peruano diseminó a finales de los años noventa numerosos puestos de vigilancia formados por seis o siete soldados, “quienes aceptaban regularmente sobornos en vez de tomar el riesgo de enfrentarse a fuerzas superiores a ellos”, según destacan los documentos.
La Embajada relata que durante el gobierno de Alejandro Toledo un jefe militar decidió aumentar el número de soldados en esos destacamentos, pero al poco tiempo fue desplazado del cargo. El cable de la embajada no revela el nombre del testigo que afirma que el militar fue destituido “porque sus operaciones amenazaban el lucrativo negocio de la venta de combustible por parte de oficiales del Ejército a traficantes de droga”.
Los traficantes nutren además sus filas con ex militares de menor rango. “Cuando los soldados han completado su servicio voluntario y aprendido tácticas y utilización de armas -pero han ganado poco dinero-a menudo son reclutados por las redes de narcotráfico”. Los narcos los emplean como mochileros para que transporten la droga a pie por la selva, hasta puntos de recogida convenidos. Les pagan unos 30 dólares por kilo. “A menudo”, señalan los cables, “los mochileros son asaltados y asesinados”.
Pese a este panorama de corrupción e ineficacia de las fuerzas armadas, la Embajada norteamericana solicitó a Washington proporcionar más ayuda militar a Perú para combatir a Sendero Luminoso. Un cable del año pasado, además de solicitar más ayuda, revela que el gobierno de Perú firmó un contrato de 9 millones de dólares con un especialista israelí para asesorar en el combate. La Embajada teme que Sendero logre establecer un territorio ocupado y señala que en los últimos dos años ha obtenido éxitos en enfrentarse al ejército, y controlar territorio con el uso de minas.
Estados Unidos considera además que su implicancia en el combate del gobierno contra Sendero Luminoso, les aportará enseñanzas.
El embajador, Michael McKinley, aconsejó al Departamento de Estado la urgente aprobación de la asistencia. “Creemos que nuestra implicación nos aportará valiosas enseñanzas sobre las minas, tal como ocurrió durante la guerra del Cenepa de 1995″, en que Perú y Ecuador entraron en colisión bélica por el control territorial de la Cordillera del Cóndor.
Otro cable de la embajada dirigido a un general del Comando Sur, Douglas M. Fraser, solicita entrenamiento y transporte, equipamiento aéreo, información satelital de la región de los combates, la renovación de la flota de helicópteros y medios para la construcción de un aeropuerto en Pichari.
Además de la preocupación por intervenir en el conflicto interno peruano, la Embajada realiza ácidos comentarios sobre el estado de corrupción en la clase política peruano, al punto de comentar que “la gran corrupción entre los políticos locales hace que alguna gente sienta nostalgia de los días en que Sendero Luminoso mataba a los políticos corruptos para advertir a otros”.
Alan García: “un ego colosal”
Curtis Struble, quien era el embajador norteamericano en Lima en julio de 2006 envió un informe trazando un perfil del nuevo presidente peruano, Alan García. En resumen lo definió como “arrogante, desconfiado» y con “un ego colosal”.
La descripción del mandatario peruano se parece más a un informe siquiátrico, y recoge los posibles “trastornos maníacos depresivos o desórdenes bipolares” que, aunque sin confirmación, son objeto de rumores “ampliamente extendidos”.
Los contactos de la Embajada estadounidense que tienen acceso directo al presidente explican que ha sido siempre depresivo con tendencia a inesperados accesos de entusiasmo, hundimiento en el mal humor y abruptos cambios de opinión. “Se encierra en sí mismo y rechaza el contacto público durante días”. Los mismos informantes señalan que el presidente peruano se medica con litio, un antidepresivo, pero la Embajada se muestra cauta a este respecto y destaca que no dispone de informaciones que confirmen que tome medicación alguna.
Struble considera que el presidente peruano ha aprendido de su primer mandato (que terminó con un Perú convulsionado) y tiene una visión más pragmática. “Aparentemente, no tiene la ambición de cambiar el mundo, de reordenar las realidades políticas y económicas de acuerdo a una nueva visión de Latinoamérica o de crear un nuevo socialismo o al hombre bolivariano”.
Struble fue sustituido en 2007 por Michael McKinley como embajador en Lima. Este último, en sus informes a Washington, describe a García como alguien bajo cuya presidencia Perú se ha vuelto “un socio fiable de EE UU que juega un papel constructivo en una complicada Sudamérica caracterizada por el resurgimiento del populismo y periódicos estallidos de tensión”.
Dividir al gobierno de El Salvador
El diario El País encargó a la periodista que más se ha caracterizado por atacar a los procesos progresistas de América Latina, y defender al gobierno de Alvaro Uribe, Maité Rico, escribir y explicar los cables enviados por la Embajada norteamericana en San Salvador y Tegucigalpa. Rico fue la encargada de publicar los documentos del ya famoso computador de Raúl Reyes, el dirigente de las FARC muerto en Ecuador y filtrar información de los servicios de seguridad colombianos en el diario El País.
Como era de esperar, la periodista siguió en su línea de tergiversar hechos y documentos, para abonar su propia -o encargada- visión política de los acontecimientos. De allí que su nota comience con una aseveración que no respalda: “Funes pide ayuda a EE.UU frente a sus socios ex guerrilleros”.
Según Rico, un cable de la Embajada norteamericana en San Salvador sostiene que la ruptura entre el presidente Mauricio Funes -electo en la lista del FMLN- y los ex guerrilleros del también Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, está concretada a poco meses de asumir el gobierno.
Un cable con una fuente no identificada, y que el diario El País se encargó además de tachar en el mismo, y que aparece como integrante de un Movimiento de Amigos de Funes, habría transmitido a la Embajada norteamericana que el presidente habría expresado preocupación por su integridad, y sus allegados están convencidos de que sus comunicaciones telefónicas están intervenidas “por elementos de la línea dura del Frente”. El supuesto colaborador de Funes, que llega a pedir incluso “la ayuda estadounidense en ambas áreas”.
La periodista no puede dejar de dar su opinión y añade: “Si El Salvador fue tablero de la Guerra Fría, ahora parece haberse convertido de nuevo en un campo de la batalla geoestratégica que disputan en Latinoamérica las democracias liberales y el proyecto bolivariano”
El documento muestra también el desprecio y la falta de conocimiento de las autoridades norteamericanas sobre el proceso salvadoreño y plantea una serie de supuestas diferencias y pujas internas entre un sector que respalda al presidente Funes y un sector “duro” del FMLN.
La Embajada especula, sin citar fuentes ni proporcionar información adicional, sobre una posible ruptura entre Funes y el FMLN y sostiene en un cable informativo a Washington, la posibilidad de que Funes se alíe a otro partido para continuar sin el FMLN en el gobierno y presentar una nueva alianza en las elecciones parlamentarias de 2012. Añade además que eso provocaría que la ex guerrilla salga a ocupar las calles.
El análisis de situación revela también cierto optimismo en cuanto a la recomposición de la oposición de derecha en torno a diputados que rompieron con ARENA. El partido fundado por el líder de los grupos paramilitares, el fallecido mayor Roberto D´Aubuisson -acusado entre otras cosas del asesinato de Monseñor Arnulfo Romero- es definido como “uno de las más bien organizados e ideológicamente unificado de América Latina”.
Además, la Embajada considera que el único rival del FMLN en el futuro puede ser el propio Funes ante la incapacidad y dispersión de la oposición derechista.
Descalificación de Zelaya
Sin revelar ningún documento que permita vislumbrar el papel de Estados Unidos en el golpe de Estado que derrocó a Manuel Zelaya de la presidencia de Honduras en junio de 2009, la periodista del diario madrileño se extiende en unos cables de la Embajada norteamericana que trazan una mala imagen del ex presidente.
Maité Rico no esconde su parcialidad en el tema y tergiversando los hechos “informa” que “Zelaya fue depuesto por la Corte Suprema, acusado de graves violaciones a la Constitución -que pretendía reformar para reelegirse- y expulsado manu militari de Tegucigalpa”.
Así, la imagen que los cables de la Embajada norteamericana arrojan sobre Zelaya, le vienen como anillo al dedo. Sostienen que el ex presidente se vinculó a la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA) no para lograr beneficios para su pueblo, sino para “enriquecerse, él y su familia”, y quedar al mismo tiempo como “el mártir” que “intentó buscar la justicia social para los pobres”, pero que se vio frustrado “por intereses poderosos no identificados”.
En abril de 2008, poco después de dejar su cargo, el embajador norteamericano Charles Ford redactó sus impresiones sobre el presidente hondureño, en un documento revelado ahora por Wikileaks e interpretado por El País. Lo define como un hombre que dice lo que supone su interlocutor quiere oír y que cambiar de opinión según las influencias que reciba.
El embajador también va más allá y sostiene que Zelaya estaba “rodeado por unos pocos asesores vinculados tanto a Venezuela y Cuba como al crimen organizado”.
Sin embargo hay otro pasaje del informe que permite comprender porque Zelaya fue derrocado después y trasluce que la Embajada norteamericana no pudo haber estado ajena al hecho.
“Su búsqueda de inmunidad para numerosas actividades del crimen organizado perpetradas en su Administración lo convertirá en una amenaza para el Estado de derecho y la estabilidad institucional” dijo Ford. Su recomendación para el Departamento de Estado es que Zelaya “necesita espacio para moverse, pero debemos ser muy directos con él”. Hay que implicarle lo más posible “para proteger nuestros intereses vitales” y “minimizar los daños para la democracia y la economía hondureñas”.
Es probable entonces que si el Departamento de Estado consideró que no se estaban alcanzados los objetivos, lo mejor era desplazar a Zelaya de la presidencia.
Complicidad con la dictadura uruguaya
Los pocos documentos filtrados relacionados con Uruguay dejan traslucir que la Embajada norteamericana quiere mantener silenciados sus vínculos con la dictadura uruguaya (1973-1985) y los gobiernos represivos anteriores.
Uno de los documentos refiere a la solicitud del gobierno uruguayo para que Estados Unidos desclasifique material que pueda ayudar en la investigación de la muerte de Cecilia Fontana de Heber en septiembre de 1978.
La esposa de un dirigente del Partido Nacional (y madre del actual senador Luis Alberto Heber), murió envenenada con un poderoso insecticida mezclado con vino, en una botella que recibió su marido como regalo. La botella estaba acompañada de una pequeña nota manuscrita y que una pericia caligráfica reciente atribuye su autoría a una ex comisaria.
En abril del 2008, cerca del 30 aniversario del hecho la Cancillería uruguaya entregó al embajador norteamericano Frank Baxter una carta del presidente Tabaré Vázquez dirigida a su par norteamericano, George Bush, en la que solicitaba su ayuda para que se desclasifiquen todos los documentos relativos a ese asesinato. “Una parte de esos documentos”, reconoce Vázquez, “fueron parcialmente desclasificados al principio de este año por el Departamento de Estado”, pero el presidente uruguayo cree que existen más papeles que pueden ayudar a esclarecer el caso.
En su informe sobre estas negociaciones, la encargada de Negocios de la embajada norteamericana, Robin Matthewman, añade algunos comentarios. “Muchos uruguayos siguen insatisfechos con la respuesta de EE.UU y están convencidos de que el gobierno estadounidense dispone de información útil sobre la muerte de la señora Heber”. Además agrega: “Respondería a los intereses de EE UU contestar pronto a esta petición, a ser posible afirmativamente”.
La respuesta llegó y fue concisa, “el gobierno de EE.UU no posee información adicional que pueda ser útil para identificar a los responsables de la muerte de la señora Heber”.
Por entonces el embajador Frank Baxter escribía otro cable a Washington: “Cruzamos los dedos para que el ‘caso del vino’ haya sido enterrado”. Es decir, ningún interés en que se conozca la verdad y deseos de que todo se olvide, las dos características que identifican a un culpable o cómplice de un crimen.
Otro de los documentos revela que la Embajada norteamericano intentó presionar al entonces presidente Tabaré Vázquez para que no designara al ex jefe tupamaro, Henry Engler, en un alto cargo de su administración.
El embajador Blaxter escribió a Washington que le había manifestado al presidente Vázquez, que la designación de Engler “complicaría inevitablemente las relaciones bilaterales”.
La embajada acusaba a Engler de ser el jefe tupamaro que ordenó la ejecución del agente norteamericano Dan Anthony Mitrione, asesor en torturas en República Dominicana, Brasil y Uruguay, en agosto de 1970 (sobre cuyo secuestro y muerte trata la película Estado de sitio, de Costa Gavras).
La inquina contra Engler llevó a la Embajada norteamericana a torpedear un acuerdo para la adquisición de material destinado al tratamiento del cáncer entre el gobierno uruguayo y la empresa nortemericana General Electric.
“La embajada estaba ayudando a ese acuerdo triangular, pero al tener conocimiento del reciente regreso de Engler a Uruguay y del papel prominente que iba a desarrollar en el proyecto, consideramos su presencia como una provocación”. La embajada pide instrucciones a Washington sobre cómo reaccionar frente a este “delicado asunto”. Lo curioso es que Henry Engler participaba en esa operación como consultor de General Electric.
Sin embargo, pese a las molestias de la Embajada, Engler fue designado primero como presidente del proyecto y después como presidente del Centro Universitario de Imagenología Molecular (CUDIM).
La Embajada admite por otra parte las buenas relaciones con el gobierno de Uruguay, aunque traza algunos límites. . “Trabajamos a menudo con antiguos tupamaros, que suponen una parte importante del gobierno del Frente Amplio”, explica, “pero hemos trazado una línea y no tratamos con individuos que creemos razonablemente que han estado implicados en el secuestro o asesinato de ciudadanos estadounidenses, como Dan Mitrione”.
El embajador David Nelson, por su parte, escribió en febrero de este año, poco antes de la asunción de José Mujica -otro ex guerrillero tupamaro- como presidente del Uruguay: “La mayoría de los altos cargos de la nueva Administración se han tomado la molestia de expresar su deseo de mantener unas buenas relaciones con EE.UU”.
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