Por Patricia Simón y Sheila Vélez
Fotos Javier Bauluz
Actualizado por Johan Doncel
Capítulo 1
Por el estado de abandono de sus salas, nadie sospecharía que el edificio en el que nos encontramos fue en su día la residencia del narcotraficante más poderoso del mundo y que llegó a convertirse en senador suplente del parlamento colombiano: Pablo Escobar. El Edificio Mónaco, una construcción de ocho plantas, situado estratégicamente para tener una visión completa del Valle del Aburrá, que acoge a la ciudad de Medellín, desde donde se vislumbran las chabolas donde viven miles de desplazados que tuvieron que abandonar sus tierras y hogares en el interior del país para salvar sus vidas de la criminal voracidad de los grupos armados del país.
El edificio, más parecido a un búnker que al palacete que las excéntricas historias sobre el narcotraficante harían esperar, ha sido aprovechado por el Estado colombiano para reconvertirlo en la sede administrativa de la Fiscalía del departamento de Antioquia, cuya capital, Medellín, es la segunda ciudad más importante por población y economía del país después de Bogotá. Entre paredes desconchadas y mesas de oficina que han vivido sucesivos traslados, trabajan unos setenta empleados públicos que entre otras tareas, gestionan la puesta en práctica de la Ley Justicia y Paz con la que ,según el entonces gobierno de Álvaro Uribe, buscaba acabar con el fenómeno del paramilitarismo y la reparación de las víctimas. Una de las personas que se ha beneficiado de esta ley ha sido Manuel Adam Ramírez, apodado “Mocho”, un paramilitar desmovilizado, término aplicado para aquellos militares que colaboran con la justicia para el esclarecimiento de los crímenes y a cambio reciben disminución en las penas, en los pocos casos en los que son condenados a prisión, y ayuda económica. Manuel colabora ahora con la Fiscalía localizando fosas de desaparecidos por los paramilitares.
Desentrañar Colombia comienza con Confesiones de un ex paramilitar, una serie de tres capítulos en la que conoceremos el fenómeno paramilitar en Colombia a raíz del testimonio de Manuel Adam Ramírez y de reportajes escritos.
Un paramilitar desmovilizado busca fosas asesinadas por él y su grupo junto a un puesto paramilitar en zona controlada por las FARC en Antioquia. Acompaña a miembros de la Fiscalía para beneficiarse del proceso Justicia y Paz.
La verdad extraditada: el fenómeno paramilitar en Colombia
El 25 de Mayo, Álvaro Uribe se reunía con la Corte Suprema de Justicia para discutir lo que en palabras del ex Presidente es “una cuestión de Estado y de orden público, no sólo de justicia”.
La reunión, a petición del Gobierno, tenía como objetivo cuestionar la negativa del alto tribunal –calificada de dañina- de avalar la extradición de “Diego Vecina”, “El Alemán” y “Don Mario”, antiguos jefes paramilitares reclamados por Estados Unidos por narcotráfico y financiación al terrorismo. Para el tribunal, los jefes paramilitares acusados de cometer delitos de lesa humanidad, deben comparecer primero ante las autoridades nacionales y reparar a las víctimas de sus crímenes.
En Marzo de 2009, Miguel Mejías, alias el “Mellizo” y Ever Veloza, alias “HH”, jefes de las autodefensas “Bloque Bananeros” y “Bloque Calima”, se sumaban a la lista de 14 jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico en Mayo de 2008. Entre los extraditados de los llamados “escuadrones de la muerte” se hallaban importantes líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Salvatore Mancuso, alias “Triple Cero”; Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”; o Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”; responsables de masacres contra la población civil, desplazamientos forzados, torturas y desapariciones forzadas. Mientras que el ex presidente Uribe siempre ha mantenido que “nada impedirá a los ciudadanos extraditados que sigan confesando crímenes y entregando bienes”, lo cierto es que esta práctica dilata y obstruye las investigaciones y complica el fin de un proceso de desmovilización que ha permitido el hallazgo de más de 1.300 cadáveres en fosas comunes y el establecimiento de nexos entre paramilitares, políticos, empresarios y militares.
La extradición de los jefes de las Autodefensas representa el mayor obstáculo al que se enfrenta el proceso de “Justicia y Paz” con el que se busca la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los grupos paramilitares. Los datos son esclarecedores: desde su extradición hace dos años, tan sólo seis jefes han continuado su proceso judicial en Justicia y Paz.
Este proceso, amparado bajo la Ley 975 de 2005 impulsada por el Ejecutivo, ofreció un respaldo legal a las negociaciones alcanzadas en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito de 2003 entre el Gobierno de Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia, cuyo fin era el de lograr la desmovilización de estos grupos armados al margen de la ley. Esta ley fue criticada por las organizaciones de víctimas y familiares de éstas, así como por las Naciones Unidas, por las bajas condenas a los paramilitares y por no requerir una confesión total sino lo que se ha llamado “versiones libres”, o declaraciones parciales, que según este organismo dificulta el desmantelamiento del fenómeno y la reparación de las víctimas.
Algunas de estas “versiones libres” ofrecidas por los líderes paramilitares han sido relevantes para el esclarecimiento de numerosos crímenes cometidos por los bloques de autodefensa. Las “versiones libres” prestadas por uno de los principales jefes de las AUC, Salvatore Mancuso, fueron cruciales para la apertura el 7 de Diciembre de 2006 del “expediente madre” de parapolítica, el cual contiene testimonios que relacionan a congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y otros funcionarios públicos con los grupos paramilitares. Entre los señalados por Mancuso se encuentran el actual presidente Uribe, a quien afirma haber apoyado durante su campaña presidencial en 2002 y el presidente actual Juan Manuel Santos, quien según el ex jefe paramilitar, le propuso crear un grupo paramilitar en Bogotá.
Miembros de la Fiscalía acompañados por más de cien soldados acompañaron a un paramilitar a localizar fosas en zona controlada por las FARC en Antioquia.
La legalización de un nuevo concepto de seguridad privada
Podríamos situar los orígenes de las Autodefensas en la doctrina de contrainsurgencia lanzada en los años 1960 por el Presidente norteamericano J. F. Kennedy, destinada a combatir en América Latina cualquier amenaza revolucionaria de inspiración cubana. Por aquel entonces, en 1966 nacían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como una asociación armada de campesinos cuyo fin era oponer resistencia a la violenta represión de los escuadrones de la muerte conservadores durante el gobierno de Laureano Gómez. Las bases legales de la participación de civiles en actividades de contrainsurgencia las pondrá el presidente Guillermo León Valencia, quien mediante el Decreto 3398 de 1965, legaliza temporalmente el suministro de armas a civiles por parte del Ministerio de Defensa. Dicho decreto se convertiría en permanente bajo el gobierno de Carlos Lleras, quien en 1968 promulga la Ley 48 que facultaba la creación de patrullas civiles y el suministro de “armas de uso privativo de las fuerzas armadas”. Pese a que la Corte Suprema declaró esta ley inconstitucional en 1989, estos grupos de autodefensa siguieron gozando de un apoyo generalizado por parte de políticos y de las Fuerzas Armadas de Colombia.
Pronto, estos grupos paramilitares evolucionaron desde una estrategia de contrainsurgencia inicial a una lucha por intereses de mayor rango, estableciendo nexos de unión con narcotraficantes, élites regionales, terratenientes, grandes empresarios, multinacionales y políticos locales, opositores férreos a toda posible negociación y redistribución de tierras y poder con insurgentes y liberales. Su objetivo por tanto no se limitaba a protegerse de las FARC sino a eliminar toda persona que confrontara sus intereses, incluyendo congresistas, alcaldes, jueces, periodistas, sindicalistas, maestros y defensores de derechos humanos.
Durante el gobierno de César Gaviria, el movimiento paramilitar recibe un importante impulso. En febrero de 1994, se adopta la ley 356 que autoriza la formación de organizaciones armadas destinadas a actividades de vigilancia e inteligencia, llamadas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, CONVIVIR. Este proyecto de “seguridad privada” fue promovido por el entonces gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.
Será a finales de los años 1990 cuando los grupos armados de autodefensa comiencen a adoptar una estructura y organización común. La centralización política y militar se logró mediante la creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) a finales de 1994 y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en abril de 1997, como una federación de varios grupos regionales de contrainsurgencia. En estos años (1998 y 1999) se intensificaron los ataques contra la población civil siendo las regiones más afectadas Santander, Chocó, Sucre, Antioquia y los valles de Magdalena Medio y el Cauca. Sus actividades, como el mismo jefe de AUC, Carlos Castaño reconoció, eran financiadas por los “principales agentes económicos de las regiones” donde operaban.
Analizando el fenómeno paramilitar en el conflicto colombiano observamos que corresponde a un modelo de “seguridad privada” sobre el que el Estado delega su función coercitiva y en el que todos los ciudadanos han de ser partícipes en la lucha contra el “enemigo común”. Existe un discurso elaborado en el que se sustenta las bases del modelo de Seguridad Nacional lanzado por el ex Presidente Uribe, y que entra en perfecta consonancia con la historia de estos grupos armados al margen de la ley. La legítima defensa justifica su presencia y convierte la seguridad en una cuestión que compromete a la población en su totalidad.
La “Política de Seguridad Democrática”
Las Cooperativas de seguridad y vigilancia -CONVIVIR- creadas en 1994 con el apoyo del anterior presidente, fueron un experimento de lo que hoy es su “Política de Seguridad Democrática” cuya prioridad esencial es la lucha contra los insurgentes y el narcotráfico. Para este fin, su programa combina un incremento de efectivos militares y policiales, con la erradicación de cultivos ilícitos, la concesión de poderes policiales a los militares, y lo que configura los ejes de la participación de la sociedad en actividades de contrainsurgencia: la organización de milicias campesinas y el establecimiento de más de un millón de colaboradores e informantes civiles. Este proyecto traza así una fina línea divisoria entre combatientes y población civil.
La Administración Uribe logró incrementar la seguridad en las carreteras con el apoyo de EE UU, mediante un gran despliegue militar y un presupuesto para Defensa que triplica el de Educación y es el mayor de América Latina. Uribe habia sacado a la insurgencia de los centros urbanos importantes y de los alrededores de las principales vías, pero el conflicto se desplaza a zonas rurales. La guerrilla empieza a recuperar posiciones y tiene presencia en 24 de los 32 departamentos. El presidente Juan Manuel Santos por entonces había anunciado que continuará con este proyecto de seguridad. Pero tiene un borrón: era ministro de Defensa cuando saltó el escándalo de los «falsos positivos», la ejecución extrajudicial de al menos 1.800 jóvenes fálsamente presentados por el ejército como “guerrilleros muertos en combate”. El mismo ex Presidente Uribe, tras conocer la investigación interna del Ministerio de Defensa sobre este hecho, declaró: “Yo he pedido resultados, no crímenes.”
Éste proyecto encaminado al logro de resultados contra “el enemigo” ha contribuido a un flagrante aumento de violaciones de derechos humanos en el país. Las “chuzadas”, espionaje y amenazas al que la ex agencia estatal de seguridad, el DAS, ha sometido a periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos ha sido el último escándalo. Colombia, pese a su “Política de Seguridad Democrática” sigue estando entre lo países con más desplazados internos del mundo, junto a Irak y Sudán, con más tres millones en lo que va de conflicto interno y más de 350.000 refugiados en otros países. En cuanto a las cifras sobre asesinatos de defensores de derechos humanos son inexactas, puesto que no todos pueden vincularse con esta actividad pero sólo la última semana de mayo de 2010, dos de ellos fueron asesinados según las Naciones Unidas. El número de desaparecidos forzosos en Colombia en los últimos tres años asciende a más de 38.000 personas que serían víctimas de la violencia de los paramilitares, de los agentes estatales y de la guerrilla, según un informe del Instituto de Medicina Legal.
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