domingo, 15 de enero de 2012

EL MONTE: ESCUELA PARA EL HOMBRE NUEVO


Capitulo V (Mi campaña con el Che), Por Inti Peredo


Los problemas provocados por la deserción del Partido en el instante que  más precisábamos de él no fue obstáculo para que nuestro grupo guerrillero  elevara su moral y realizara trabajos preparatorios que tenían carácter educativo. 

El Che estimaba que el hombre, cuando esta  metido en el monte,  proscribe los hábitos de la ciudad, no sólo por la dureza con que se desarrolla la  lucha y falta de contacto con algunas formas culturales o de «civilización». La  vestimenta andrajosa, la falta de higiene personal, la comida escasa y a veces  primitiva, muchas veces la carencia de utensilios domésticos, obliga al guerrillero  a adoptar ciertas actitudes semi-salvajes.  

Che combatía con energía esta conducta y orientaba el trabajo para  estimular un espíritu constructivo y creador del guerrillero, la preocupación por la  ropa, las mochilas, los libros y todo lo que constituía nuestros «bienes materiales». Por eso dirigió con  cariño las «obras públicas» del segundo  campamento, ubicado a unos ocho kilómetros de la Casa de Calamina. 

Rápidamente se construyeron bancos, un horno para el pan, que estaba a cargo de Apolinar, y otro tipo de «comodidades». Regularmente ordenaba lo que él bautizó como «guardia vieja»: una limpieza a fondo de todo el campamento. 

Algunos periodistas y críticos de nuestra guerra han considerado que ese campamento era la base de operaciones  estables. Es una apreciación falsa. 

Ramón nunca pensó quedarse ahí definitivamente. Todo el trabajo realizado, con excepción de las cuevas estratégicas, tuvo el carácter ya descrito: para que Revista Almiar el hombre estuviera en permanente actividad y no perdiera sus costumbres adquiridas.  


Primera escuela de «cuadros»

Allí surgió también lo que podría denominarse la primera «escuela de cuadros». Todos los días de 4 a 6 de la tarde los compañeros más instruidos, encabezados por el Che, daban clases de gramática y aritmética, en tres niveles, historia y geografía de Bolivia y temas de cultura general, además de clases de lengua quechua. En la noche, a los que  deseaban asistir voluntariamente (las clases de la tarde eran obligatorias), Che les enseñaba francés. Otro tema al que le daba primerísima importancia era el estudio de la Economía Política.

Después de estos incidentes en  que Marcos fue sustituido de la vanguardia, mantuvo una conducta de absoluta disciplina, y se empeñó por ser el mejor de todos. Incluso se destacaba  por cargar, en condiciones cada vez más difíciles, la mochila más pesada, y además de su fusil Garand, una ametralladora 30. Marcos y Pacho  murieron combatiendo heroicamente, convirtiéndose en hombres ejemplares y queridos. El otro hecho penoso fue la muerte de Benjamín, un joven boliviano de físico muy débil; sin embargo tenía un carácter fuerte, una posición ideológica muy desarrollada, y una decisión inquebrantable de defender con su vida nuestros ideales. 

Che quería mucho a Benjamín, y en los meses que permaneció con nosotros, siempre lo estimuló a seguir adelante. 

En el Río Grande Benjamín caminaba muy agotado y tenía dificultades con su mochila. Cuando  marchábamos por una faralla hizo un movimiento brusco y cayó al río que iba muy crecido, y con fuerte corriente. No tuvo fuerzas para dar unas cuantas brazadas. Corrimos a salvarlo e incluso Rolando se tiró al agua y buceó tratando  de rescatarlo. No lo pudimos ubicar. Estos problemas hicieron impacto en  nosotros. 

Fue allí cuando afloró nuevamente el genio del Che quien nos dio lecciones de solidaridad, disciplina y moral.

El 22 tuvimos un breve choque  con el ejército. En la mañana habíamos sorprendido al chofer de una  camioneta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que estaban examinando nuestras huellas acompañado por un campesino que habla delatado nuestra presencia. Los apresamos. Enseguida nos emboscamos para detener otros vehículos y golpear al ejército si se acercaba hasta nuestras posiciones. Sólo logramos conseguir alguna mercancía y plátano de un camión  que cayó más tarde. A las 8 de la noche, cuando estábamos listos para partir, se sintió un breve tiroteo. Era Ricardo que sorprendió a un grupo de soldados y a un guía que llegaban a un firme para enseguida caer sobre nosotros. 

No supimos si habíamos ocasionado bajas al enemigo. En esa oportunidad se nos perdió el Loro Vázquez. 

Nuestros hombres estaban emboscados y Rolando había dado orden de abandonar las posiciones a las 18.30 horas. Después de ese plazo, le esperaron un largo rato pero no apareció. Días más tarde la radio anunció que había sido capturado herido. Luego difundió su «fuga» del hospital de Camiri. Algunos periodistas han divulgado la idea de que el Che lo envió en una misión solitaria. Esto es absolutamente falso. 

Nunca supimos qué había pasado con él. El mismo Ramón explica en su Diario que el saldo es «negativo» entre otros factores, por la «pérdida (aunque espero que transitoria) de un hombre...». Antecedentes que hemos recogido con el tiempo nos permiten conocer, sin embargo, que Loro murió como un valiente. Herido, fue bestialmente torturado por los esbirros del presidente Barrientos. Como no le pudieron sacar ni una sola confesión que nos delatara, se lo llevaron en un helicóptero y lo tiraron vivo, en medio de la selva. Lorito fue un hombre valiente, audaz, leal. Fue uno de los cuatro que trabajó incansablemente en la preparación previa al foco.


El subteniente Laredo tenía un diario de campaña y una carta de su mujer que nos causó tremenda sorpresa. 

En el diario en la fecha mercada de 1º de mayo se refería a los trabajadores  como holgazanes y otros adjetivos despectivos. En cuanto a su tropa hablaba de la falta de moral combativa, mencionando a soldados que lloraban cuando se enteraban de la presencia cercana de los guerrilleros. La carta de la esposa se refería a la preocupación que ella tenía por Laredo. Pero luego hacía un agregado en el que más o menos decía lo siguiente: «Nuestra amiga te  pide que nos traigas  una cabellera de guerrillero y yo te pido lo mismo para adornar el living de la casa».





Este episodio nos hace recordar los tristes y siniestros días del nazismo y la profunda brecha que existía entre la conducta o el ánimo del ejército respecto a los guerrilleros, que contrastaba con el trato digno y humano que nosotros dimos a los prisioneros. 

La carta y el diario causaron conmoción y repudio entre nosotros. El respeto del Che por la persona humana, independientemente de la conducta que ésta observara, se puso  de manifiesto una vez más al decidir esperar una oportunidad adecuada para devolver el diario del teniente Laredo a la madre de éste, puesto que el oficial enemigo así lo hacía constar, como un deseo expreso, si llegaba a morir en combate o era capturado por nosotros. El diario de Laredo permaneció en la mochila del Che hasta la emboscada de Yuro el 8 de octubre. 

El segundo combate del mes de mayo fue el día 30. Habíamos llegado hasta la línea del ferrocarril a Santa Cruz buscando el Michuri, siempre con el pensamiento puesto sobre Joaquín que, al parecer, se había movido hacia el norte. En un camino petrolero Che dejó una emboscada mientras se realizaba una exploración en un jeep que se había requisado a YPFB. A las tres de la tarde se produjo el choque. 

Al día siguiente se produjo un acontecimiento espectacular. Paulino nos informó que los tres «comerciantes» no eran tales, sino espías que enviaba el ejército para realizar labores  de inteligencia. La valiosa información de Paulino, que a su vez la había recibido de su novia, otra muchacha del poblado, nos permitió detenerlos. 

Fue una colaboración sumamente importante que nos mostraba las ricas perspectivas que existen cuando el contacto con los campesinos es prolongado. Paulino continuó posteriormente con  nosotros y fue enviado a Cochabamba llevando algunos mensajes, los que no llegaron a su destino porque el ejército detuvo al muchacho. En ese mismo lugar Che trabajó como  dentista y se sacó el cariñoso apodo de Fernando Sacamuelas. 

Nuevamente empezamos a buscar Río Grande y posteriormente la desembocadura del Rosita para llegar a Samaipata, donde pudiera estar Joaquín, ya que Che le había comunicado que ésta era una zona probable de operaciones. Sorpresivamente el día 10 una escuadra nuestra compuesta por Coco, Ñato, Pacho y Aniceto tuvo un choque con el ejército. El acontecimiento se desarrolló así: los cuatro compañeros llevaban la misión de llegar a la casa de un campesino para buscar alimentos e  información, cuando se encontraron inesperadamente con los soldados que avanzaban por las márgenes contrarias del río. Inmediatamente se intercambió un tiroteo nutrido con un inmenso gasto de parque por parte de los nuestros. Posteriormente se retiraron Ñato y Aniceto y luego lo hicieron Coco y  Pacho. No tuvimos noticias de bajas en las filas 
enemigas hasta que dos días después los noticiarios radiales anunciaban que habíamos muerto a un soldado y herido a otro. 

Aunque no habíamos sufrido ninguna baja, el ejército, en sus partes oficiales, anunciaba mi muerte y la de  otros dos compañeros no identificados. 

Ésta era una simple maniobra de carácter sicológico para disminuir en parte el impacto de nuestros golpes, el efecto desastroso para ellos que estaba causando en la opinión pública. Por eso, mientras nosotros llegamos de nuevo al Río Grande y luego al Rosita en busca de nuestra retaguardia con la cual habíamos perdido contacto desde hacía casi tres meses, el ejército desviaba una parte de sus recursos a las tareas represivas en las minas. Aunque no nos informamos por las emisoras bolivianas, que estaban censuradas, una radio argentina dio la noticia de la masacre de San Juan en las minas de Siglo XX, con un saldo de 87 víctimas. En esta forma, el gobierno lacayo del gorila Barrientos pretendía acallar el clamor de las peticiones obreras y los signos evidentes de apoyo de este sector hacia nuestra  lucha. Esta acción demostraba, indudablemente, la debilidad del régimen. Nosotros adquiríamos más conciencia de que un grupo pequeño de hombres de vanguardia es capaz de destruir los cimientos de una sociedad corrompida en un tiempo infinitamente menor que todo el esfuerzo que emplean los politiqueros en conciliaciones, componendas y reformas sin importancia que frustran finalmente al pueblo. En esta ocasión el Che hizo un llamado a los mineros (el comunicado Nº 5)
 instándoles a unirse a la lucha guerrillera y explicando las verdaderas tácticas de lucha que debe adoptar el pueblo; ese manifiesto fue conocido sólo después de su muerte. 


Pombo, que estaba herido, sintió la muerte de Tuma como si fuera el familiar más querido. Se habían prácticamente criado juntos, combatiendo juntos en la guerra de liberación de Cuba,  habían participado juntos en el Congo y ahora la muerte los separaba en Piray.

Esa misma tarde se tomaron prisioneros a dos nuevos espías, uno de ellos oficial de carabineros; luego de advertirles cuáles eran las normas de la guerra y de amenazarlos con una sanción severa si se les volvía a sorprender en esa actitud, fueron dejados en libertad, pero en calzoncillos. Por una mala interpretación de una orden del Che en el sentido de que fueran despojados de todo lo que servía, se les quitó la ropa. Cuando el Che conoció esta acción se indignó, llamó a los compañeros que la  habían realizado y les dijo que a los seres humanos había que tratarlos con dignidad, que no se les debía ocasionar humillaciones ni vejaciones gratuitas. A su lado el cadáver de Tuma.





martes, 3 de enero de 2012

DESENTRAÑANDO A COLOMBIA, CONFESIONES DE UN EX PARAMILITAR






video






Por Patricia Simón y Sheila Vélez

Fotos Javier Bauluz

Actualizado por Johan Doncel




Capítulo 1

Por el estado de abandono de sus salas, nadie sospecharía que el edificio en el que nos encontramos fue en su día la residencia del narcotraficante más poderoso del mundo y que llegó a convertirse en senador suplente del parlamento colombiano: Pablo Escobar. El Edificio Mónaco, una construcción de ocho plantas, situado estratégicamente para tener una visión completa del Valle del Aburrá, que acoge a la ciudad de Medellín, desde donde se vislumbran las chabolas donde viven miles de desplazados que tuvieron que abandonar sus tierras y hogares en el interior del país para salvar sus vidas de la criminal voracidad de los grupos armados del país.

El edificio, más parecido a un búnker que al palacete que las excéntricas historias sobre el narcotraficante harían esperar, ha sido aprovechado por el Estado colombiano para reconvertirlo en la sede administrativa de la Fiscalía del departamento de Antioquia, cuya capital, Medellín, es la segunda ciudad más importante por población y economía del país después de Bogotá. Entre paredes desconchadas y mesas de oficina que han vivido sucesivos traslados, trabajan unos setenta empleados públicos que entre otras tareas, gestionan la puesta en práctica de la Ley Justicia y Paz con la que ,según el entonces gobierno de Álvaro Uribe, buscaba acabar con el fenómeno del paramilitarismo y la reparación de las víctimas. Una de las personas que se ha beneficiado de esta ley ha sido Manuel Adam Ramírez, apodado “Mocho”, un paramilitar desmovilizado, término aplicado para aquellos militares que colaboran con la justicia para el esclarecimiento de los crímenes y a cambio reciben disminución en las penas, en los pocos casos en los que son condenados a prisión, y ayuda económica. Manuel colabora ahora con la Fiscalía localizando fosas de desaparecidos por los paramilitares.

Desentrañar Colombia comienza con Confesiones de un ex paramilitar, una serie de tres capítulos en la que conoceremos el fenómeno paramilitar en Colombia a raíz del testimonio de Manuel Adam Ramírez y de reportajes escritos.



Un paramilitar desmovilizado busca fosas asesinadas por él y su grupo junto a un puesto paramilitar en zona controlada por las FARC en Antioquia. Acompaña a miembros de la Fiscalía para beneficiarse del proceso Justicia y Paz.

La verdad extraditada: el fenómeno paramilitar en Colombia

El  25 de Mayo, Álvaro Uribe se reunía con la Corte Suprema de Justicia para discutir lo que en palabras del ex Presidente es “una cuestión de Estado y de orden público, no sólo de justicia”.

La reunión, a petición del Gobierno, tenía como objetivo cuestionar la negativa del alto tribunal –calificada de dañina- de avalar la extradición de “Diego Vecina”, “El Alemán” y “Don Mario”, antiguos jefes paramilitares reclamados por Estados Unidos por narcotráfico y financiación al terrorismo. Para el tribunal, los jefes paramilitares acusados de cometer delitos de lesa humanidad, deben comparecer primero ante las autoridades nacionales y reparar a las víctimas de sus crímenes.

En Marzo de 2009, Miguel Mejías, alias el “Mellizo” y Ever Veloza, alias “HH”, jefes de las autodefensas “Bloque Bananeros” y “Bloque Calima”, se sumaban a la lista de 14 jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico en Mayo de 2008. Entre los extraditados de los llamados “escuadrones de la muerte” se hallaban importantes líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como Salvatore Mancuso, alias “Triple Cero”; Carlos Mario Jiménez, alias “Macaco”; o Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”; responsables de masacres contra la población civil, desplazamientos forzados, torturas y desapariciones forzadas. Mientras que el ex presidente Uribe siempre ha mantenido que “nada impedirá a los ciudadanos extraditados que sigan confesando crímenes y entregando bienes”, lo cierto es que esta práctica dilata y obstruye las investigaciones y complica el fin de un proceso de desmovilización que ha permitido el hallazgo de más de 1.300 cadáveres en fosas comunes y el establecimiento de nexos entre paramilitares, políticos, empresarios y militares.

La extradición de los jefes de las Autodefensas representa el mayor obstáculo al que se enfrenta el proceso de “Justicia y Paz” con el que se busca la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de los grupos paramilitares. Los datos son esclarecedores: desde su extradición hace dos años, tan sólo seis jefes han continuado su proceso judicial en Justicia y Paz.

Este proceso, amparado bajo la Ley 975 de 2005 impulsada por el Ejecutivo, ofreció un respaldo legal a las negociaciones alcanzadas en el Acuerdo de Santa Fe de Ralito de 2003 entre el Gobierno de Uribe y las Autodefensas Unidas de Colombia, cuyo fin era el de lograr la desmovilización de estos grupos armados al margen de la ley. Esta ley fue criticada por las organizaciones de víctimas y familiares de éstas, así como por las Naciones Unidas, por las bajas condenas a los paramilitares y por no requerir una confesión total sino lo que se ha llamado “versiones libres”, o declaraciones parciales, que según este organismo dificulta el desmantelamiento del fenómeno y la reparación de las víctimas.

Algunas de estas “versiones libres” ofrecidas por los líderes paramilitares han sido relevantes para el esclarecimiento de numerosos crímenes cometidos por los bloques de autodefensa. Las “versiones libres” prestadas por uno de los principales jefes de las AUC, Salvatore Mancuso, fueron cruciales para la apertura el 7 de Diciembre de 2006 del “expediente madre” de parapolítica, el cual contiene testimonios que relacionan a congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados y otros funcionarios públicos con los grupos paramilitares. Entre los señalados por Mancuso se encuentran el actual presidente Uribe, a quien afirma haber apoyado durante su campaña presidencial en 2002 y el presidente actual Juan Manuel Santos, quien según el ex jefe paramilitar, le propuso crear un grupo paramilitar en Bogotá.




Miembros de la Fiscalía acompañados por más de cien soldados acompañaron a un paramilitar a localizar fosas en zona controlada por las FARC en Antioquia.

La legalización de un nuevo concepto de seguridad privada

Podríamos situar los orígenes de las Autodefensas en la doctrina de contrainsurgencia lanzada en los años 1960 por el Presidente norteamericano J. F. Kennedy, destinada a combatir en América Latina cualquier amenaza revolucionaria de inspiración cubana. Por aquel entonces, en 1966 nacían las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como una asociación armada de campesinos cuyo fin era oponer resistencia a la violenta represión de los escuadrones de la muerte conservadores durante el gobierno de Laureano Gómez. Las bases legales de la participación de civiles en actividades de contrainsurgencia las pondrá el presidente Guillermo León Valencia, quien mediante el Decreto 3398 de 1965, legaliza temporalmente el suministro de armas a civiles por parte del Ministerio de Defensa. Dicho decreto se convertiría en permanente bajo el gobierno de Carlos Lleras, quien en 1968 promulga la Ley 48 que facultaba la creación de patrullas civiles y el suministro de “armas de uso privativo de las fuerzas armadas”. Pese a que la Corte Suprema declaró esta ley inconstitucional en 1989, estos grupos de autodefensa siguieron gozando de un apoyo generalizado por parte de políticos y de las Fuerzas Armadas de Colombia.

Pronto, estos grupos paramilitares evolucionaron desde una estrategia de contrainsurgencia inicial a una lucha por intereses de mayor rango, estableciendo nexos de unión con narcotraficantes, élites regionales, terratenientes, grandes empresarios, multinacionales y políticos locales, opositores férreos a toda posible negociación y redistribución de tierras y poder con insurgentes y liberales. Su objetivo por tanto no se limitaba a protegerse de las FARC sino a eliminar toda persona que confrontara sus intereses, incluyendo congresistas, alcaldes, jueces, periodistas, sindicalistas, maestros y defensores de derechos humanos.

Durante el gobierno de César Gaviria, el movimiento paramilitar recibe un importante impulso. En febrero de 1994, se adopta la ley 356 que autoriza la formación de organizaciones armadas destinadas a actividades de vigilancia e inteligencia, llamadas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada, CONVIVIR. Este proyecto de “seguridad privada” fue promovido por el entonces gobernador del departamento de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.

Será a finales de los años 1990 cuando los grupos armados de autodefensa comiencen a adoptar una estructura y organización común. La centralización política y militar se logró mediante la creación de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) a finales de 1994 y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en abril de 1997, como una federación de varios grupos regionales de contrainsurgencia. En estos años (1998 y 1999) se intensificaron los ataques contra la población civil siendo las regiones más afectadas Santander, Chocó, Sucre, Antioquia y los valles de Magdalena Medio y el Cauca. Sus actividades, como el mismo jefe de AUC, Carlos Castaño reconoció, eran financiadas por los “principales agentes económicos de las regiones” donde operaban.

Analizando el fenómeno paramilitar en el conflicto colombiano observamos que corresponde a un modelo de “seguridad privada” sobre el que el Estado delega su función coercitiva y en el que todos los ciudadanos han de ser partícipes en la lucha contra el “enemigo común”. Existe un discurso elaborado en el que se sustenta las bases del modelo de Seguridad Nacional lanzado por el ex Presidente Uribe, y que entra en perfecta consonancia con la historia de estos grupos armados al margen de la ley. La legítima defensa justifica su presencia y convierte la seguridad en una cuestión que compromete a la población en su totalidad.

La “Política de Seguridad Democrática”

Las Cooperativas de seguridad y vigilancia -CONVIVIR- creadas en 1994 con el apoyo del anterior presidente, fueron un experimento de lo que hoy es su “Política de Seguridad Democrática” cuya prioridad esencial es la lucha contra los insurgentes y el narcotráfico. Para este fin, su programa combina un incremento de efectivos militares y policiales, con la erradicación de cultivos ilícitos, la concesión de poderes policiales a los militares, y lo que configura los ejes de la participación de la sociedad en actividades de contrainsurgencia: la organización de milicias campesinas y el establecimiento de más de un millón de colaboradores e informantes civiles. Este proyecto traza así una fina línea divisoria entre combatientes y población civil.

La Administración Uribe logró incrementar la seguridad en las carreteras con el apoyo de EE UU, mediante un gran despliegue militar y un presupuesto para Defensa que triplica el de Educación y es el mayor de América Latina. Uribe habia sacado a la insurgencia de los centros urbanos importantes y de los alrededores de las principales vías, pero el conflicto se desplaza a zonas rurales. La guerrilla empieza a recuperar posiciones y tiene presencia en 24 de los 32 departamentos. El presidente Juan Manuel Santos por entonces había anunciado que continuará con este proyecto de seguridad. Pero tiene un borrón: era ministro de Defensa cuando saltó el escándalo de los «falsos positivos», la ejecución extrajudicial de al menos 1.800 jóvenes fálsamente presentados por el ejército como “guerrilleros muertos en combate”. El mismo ex Presidente Uribe, tras conocer la investigación interna del Ministerio de Defensa sobre este hecho, declaró: “Yo he pedido resultados, no crímenes.”

Éste proyecto encaminado al logro de resultados contra “el enemigo” ha contribuido a un flagrante aumento de violaciones de derechos humanos en el país. Las “chuzadas”, espionaje y amenazas al que la ex agencia estatal de seguridad, el DAS, ha sometido a periodistas, líderes sociales y defensores de derechos humanos ha sido el último escándalo. Colombia, pese a su “Política de Seguridad Democrática” sigue estando entre lo países con más desplazados internos del mundo, junto a Irak y Sudán, con más tres millones en lo que va de conflicto interno y más de 350.000 refugiados en otros países. En cuanto a las cifras sobre asesinatos de defensores de derechos humanos son inexactas, puesto que no todos pueden vincularse con esta actividad pero sólo la última semana de mayo de 2010, dos de ellos fueron asesinados según las Naciones Unidas. El número de desaparecidos forzosos en Colombia en los últimos tres años asciende a más de 38.000 personas que serían víctimas de la violencia de los paramilitares, de los agentes estatales y de la guerrilla, según un informe del Instituto de Medicina Legal.