La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte de Cauca (ACIN) alertó este jueves de que las siete bases militares que Estados Unidos pretende instalar en territorio colombiano afectarán a sus comunidades, debido a que la mayoría de las etnias viven en zonas selváticas donde son constantes los enfrentamientos entre el Ejército y los grupos armados.
La ACIN, que este mismo jueves recibió de manos de la Reina Sofía el Premio Bartolomé de las Casas en su novena edición, considera que el acuerdo militar constituye una "invasión" por parte de Estados Unidos, al tiempo que celebró que la Corte Constitucional haya fallado en contra del proyecto.
"Esperamos que el Congreso colombiano siga anulando este propósito de llevar el Ejército norteamericano a nuestro territorio nacional, porque ahí se rompe la autonomía territorial del país y la soberanía de los pueblos", afirmó el consejero mayor de la ACIN, Jorge Arias, durante una conferencia en la Casa de América.
Arias denunció que la instalación de siete bases militares y el despliegue de unos 1.400 soldados y contratistas estadounidenses no sólo afectará las comunidades indígenas, sino también "a todo el territorio" colombiano. "Cualquier invasión extranjera en un pueblo donde no te consultan su presencia afecta transcendentalmente la existencia de los pueblos", enfatizó.
Bogotá y Washington suscribieron un acuerdo para la instalación de siete bases militares en otros tantos puntos de la geografía colombiana para el combate del narcotráfico y el terrorismo, un proyecto que ha sido rechazado por la mayoría de los países de la región y que fue anulado por la Corte Constitucional de Colombia porque el Gobierno del ex presidente Álvaro Uribe nunca lo sometió a consulta en el Parlamento, requisito indispensable por tratarse de un convenio internacional.
LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA
Por su parte, el responsable de comunicación de ACIN, Eduardo Yatacué, ha criticado severamente la estrategia para enfrentar a los subversivos que Uribe --denominó "seguridad democrática"-- porque durante su aplicación "el conflicto armado se agudizó" en Colombia.
"La seguridad democrática que en vez de fortalecer nuestros planes de vida nos están es acabando, nos están aterrorizando para que salgamos de nuestro territorio", lamentó Yatacué.
Pero la violencia no sólo ha sido promovida por las guerrillas y los paramilitares, sino también por los soldados colombianos. "En vez de llegar apoyo a las comunidades lo que llegó fue helicópteros y hombres armados que es el Ejército nacional", acusó.
En algunas comunidades indígenas los militares imponen especies de toques de queda impidiendo a las personas la libre movilización por las zonas que "se supone nos pertenecen", denunció el representante de la ACIN. "¿Si es nuestro territorio por qué personas de otras partes llegan armados y nos imponen órdenes?", se preguntó.
Según cifras de la ACIN, el conflicto armado ha provocado el desplazamiento interno de unas 4,5 millones de personas, la mayoría afrodescendientes, indígenas y campesinos de escasos recursos. La organización denunció además que rebeldes constantemente los atacan y violan a las mujeres sin importar la edad, mientras el Ejército ejecuta ataques que acaban con la vida de niños.
Arias, por su parte, lamentó que "los últimos año años" que corresponden a los dos períodos del Gobierno de Uribe, "han sido terribles" para las comunidades indígenas, pero en especial al Pueblo Nasa que ha estado "sufriendo la fiebre de los recursos naturales" por parte de las empresas extranjeras, en la que ha definido como "la ley del despojo de tierras" a las etnias.
La política de los últimos años ha sido "quitar la tierra de la gente en el campo para facilitar la entrada de grandes empresas" y, aunque el Gobierno de Juan Manuel Santos ha prometido mejorar las condiciones de vida de los aborígenes, la ACIN ve "con preocupación que la mitad de las tierras en Colombia seguirán en manos de los criminales".
Finalmente, Arias habló con cautela sobre las impresiones de este colectivo con respecto a Santos, que asumió el poder hace apenas un mes. "Estamos a la expectativa del desarrollo de sus propuestas que, aparentemente, benefician no solamente a las comunidades indígenas sino a los 4,5 millones de personas que ha desplazado el conflicto armado", expresó.
"Somos conscientes que es la continuidad del gobierno anterior en sus políticas, pero en sus prácticas a planteado, al menos en su discurso, planteó cosas diferentes", confió.
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