Colaboracion: Compañero Rafael Ruiz Lopez...
17 de septiembre de 2010.-El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la abusiva e intervencionista calificación de Venezuela como “país que ha fallado demostradamente durante los últimos doce meses en adherirse a las obligaciones que le son exigibles en virtud de los acuerdos internacionales antidrogas”, realizada de manera irresponsable, unilateral y arbitraria por el Gobierno de los Estados Unidos, pretendiendo erigirse en juez de la lucha antidrogas a nivel mundial.
De igual manera, denuncia el carácter coercitivo de esta medida y demanda que se revisen y deroguen todas las leyes con efectos extraterritoriales que sirven de base legal del funcionamiento del Estado imperialista estadounidense y que contravienen el derecho internacional, entre otros lo dispuesto en el artículo 32 de la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados: “Ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos” (Resolución 3281 XXIX de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 12 de diciembre de 1974).
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, considera que no tiene moral el gobierno de los Estados Unidos ni ninguna de sus instituciones, para señalar los esfuerzos de Estados independientes como el de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha internacional contra el tráfico ilícito de drogas. El gobierno estadounidense debería ocuparse de los enormes problemas internos que aquejan tanto a su población como a su institucionalidad, que los ha convertido en los principales consumidores de drogas ilícitas del mundo, en un paraíso para la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico y, hoy por hoy, en el principal productor de marihuana del mundo.
Por citar sólo algunos ejemplos, según informes internacionales, la población de EEUU presenta los más altos índices del uso indebido de drogas, comúnmente referido como “consumo de drogas ilícitas”. Además, desde ese país, con la actitud cómplice de sus instituciones, se motoriza la producción ilícita de drogas, alimentando el negocio del tráfico internacional de estas sustancias.
Es conocido internacionalmente, que los mayores centros de producción de marihuana en el mundo se encuentran en los parques nacionales y en cultivos “bajo techo” localizados en EEUU. Al mismo tiempo, organizaciones delictivas localizadas en ese país se han especializado en la producción de drogas “emergentes” como el K-2 o marihuana sintética, así como de marihuana genéticamente modificada (con concentraciones de THC cuatro veces superiores a las muestras de control), aprovechando el conocimiento generado por los centros de investigación estadounidenses.
Además, el sistema financiero de EEUU continúa prestando servicios a organizaciones criminales para el blanqueo de capitales mal habidos, como lo demuestra el caso del banco Wachovia, que admitió, en marzo de este año, su participación en el blanqueo de unos 420 mil millones de dólares provenientes de organizaciones narcotraficantes mexicanas.
Por todo ello, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela considera inadmisible que el Gobierno de los Estados Unidos utilice políticamente el tema del tráfico y uso ilícito de las drogas para atacar a un gobierno democrático y con una conducta impecable en la lucha contra esta aberración de la producción y tráfico de drogas, creada por la cultura del consumismo capitalista y el modo de vida estadounidense; cuestionando las políticas que el Estado soberano de Venezuela ha aplicado en esta materia, y que presentan un balance positivo, incautando, tan sólo este año, 46.390 kilogramos de diferentes drogas, imputando a más de 7 mil personas, y mostrando una efectividad en la persecución penal de estos delitos que sobrepasa los están dares internacionales.
En los últimos cuatro años, luego de haber suspendido los indignantes acuerdos con la DEA, que se ha convertido en un verdadero cartel de las drogas, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela logró, entre otros, la detención de 51 jefes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, 16 de ellos en el transcurso de este año, quienes fue ron entregados a las autoridades requirentes, incluyendo el Gobierno norteamericano.
Además, entendiendo que el problema de drogas es multicausal y requiere un abordaje integral, más de 10 mil toneladas métricas de sustancias químicas que pretendían ser desviadas para la elaboración de cocaína en Colombia fueron incautadas. También se logró el desmantelamiento de un total de 29 laboratorios ilícitos en la frontera con Colombia y por quinto año consecutivo nuestro país se ha declarado territorio libre de cultivos ilícitos, gracias al esfuerzo de nuestras fuerzas militares y policiales.
Al mismo tiempo, hemos incorporado a las comunidades organizadas como cogestores de los programas de prevención integral y de la creación del Sistema Público Nacional para el Tratamiento de las Adicciones, todo ello en concordancia con la nueva Ley Orgánica de Drogas, adaptada a las nuevas amenazas que debe enfrentar el Estado en esta materia, la cual ha sido recientemente aprobada por la Asamblea Nacional venezolana y promulgada de manera inmediata por el Presidente Hugo Chávez.
Las políticas públicas nacionales, a diferencia de la doble moral en las políticas de los Estados Unidos, son integrales y atienden por igual a todos los temas asociados a la oferta (producción y tráfico ilícitos de drogas), así como a los temas asociados con la demanda (uso indebido de drogas).
El Gobierno Revolucionario del Presidente Hugo Chávez, como parte de la responsabilidad compartida que tienen todos los países del mundo, ratifica su compromiso en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, mediante la aplicación de políticas so be ra nas, sin recibir ni aceptar presiones ni chantajes que pretendan ejercerse sobre la base de leyes y prácticas imperialistas, que desde el Gobierno de los Estados Unidos intentan asumir el papel de policías del mundo, por lo cual repudiamos este informe que el Presidente Obama ha dado a conocer que viola los principios de convivencia internacional y utiliza la mentira para su política de agresión permanente contra la Revolución Bolivariana, demostrando su ignorancia sobre los exitosos programas de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha contra el flagelo de las drogas, que están a la vista de la comunidad nacional e internacional, y que son un objetivo en el que seguiremos avanzando.
De igual manera, denuncia el carácter coercitivo de esta medida y demanda que se revisen y deroguen todas las leyes con efectos extraterritoriales que sirven de base legal del funcionamiento del Estado imperialista estadounidense y que contravienen el derecho internacional, entre otros lo dispuesto en el artículo 32 de la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados: “Ningún Estado podrá emplear medidas económicas, políticas o de ninguna otra índole, ni fomentar el empleo de tales medidas, con objeto de coaccionar a otro Estado para obtener de él la subordinación del ejercicio de sus derechos soberanos” (Resolución 3281 XXIX de la Asamblea General de las Naciones Unidas, del 12 de diciembre de 1974).
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, considera que no tiene moral el gobierno de los Estados Unidos ni ninguna de sus instituciones, para señalar los esfuerzos de Estados independientes como el de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha internacional contra el tráfico ilícito de drogas. El gobierno estadounidense debería ocuparse de los enormes problemas internos que aquejan tanto a su población como a su institucionalidad, que los ha convertido en los principales consumidores de drogas ilícitas del mundo, en un paraíso para la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico y, hoy por hoy, en el principal productor de marihuana del mundo.
Por citar sólo algunos ejemplos, según informes internacionales, la población de EEUU presenta los más altos índices del uso indebido de drogas, comúnmente referido como “consumo de drogas ilícitas”. Además, desde ese país, con la actitud cómplice de sus instituciones, se motoriza la producción ilícita de drogas, alimentando el negocio del tráfico internacional de estas sustancias.
Es conocido internacionalmente, que los mayores centros de producción de marihuana en el mundo se encuentran en los parques nacionales y en cultivos “bajo techo” localizados en EEUU. Al mismo tiempo, organizaciones delictivas localizadas en ese país se han especializado en la producción de drogas “emergentes” como el K-2 o marihuana sintética, así como de marihuana genéticamente modificada (con concentraciones de THC cuatro veces superiores a las muestras de control), aprovechando el conocimiento generado por los centros de investigación estadounidenses.
Además, el sistema financiero de EEUU continúa prestando servicios a organizaciones criminales para el blanqueo de capitales mal habidos, como lo demuestra el caso del banco Wachovia, que admitió, en marzo de este año, su participación en el blanqueo de unos 420 mil millones de dólares provenientes de organizaciones narcotraficantes mexicanas.
Por todo ello, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela considera inadmisible que el Gobierno de los Estados Unidos utilice políticamente el tema del tráfico y uso ilícito de las drogas para atacar a un gobierno democrático y con una conducta impecable en la lucha contra esta aberración de la producción y tráfico de drogas, creada por la cultura del consumismo capitalista y el modo de vida estadounidense; cuestionando las políticas que el Estado soberano de Venezuela ha aplicado en esta materia, y que presentan un balance positivo, incautando, tan sólo este año, 46.390 kilogramos de diferentes drogas, imputando a más de 7 mil personas, y mostrando una efectividad en la persecución penal de estos delitos que sobrepasa los están dares internacionales.
En los últimos cuatro años, luego de haber suspendido los indignantes acuerdos con la DEA, que se ha convertido en un verdadero cartel de las drogas, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela logró, entre otros, la detención de 51 jefes de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, 16 de ellos en el transcurso de este año, quienes fue ron entregados a las autoridades requirentes, incluyendo el Gobierno norteamericano.
Además, entendiendo que el problema de drogas es multicausal y requiere un abordaje integral, más de 10 mil toneladas métricas de sustancias químicas que pretendían ser desviadas para la elaboración de cocaína en Colombia fueron incautadas. También se logró el desmantelamiento de un total de 29 laboratorios ilícitos en la frontera con Colombia y por quinto año consecutivo nuestro país se ha declarado territorio libre de cultivos ilícitos, gracias al esfuerzo de nuestras fuerzas militares y policiales.
Al mismo tiempo, hemos incorporado a las comunidades organizadas como cogestores de los programas de prevención integral y de la creación del Sistema Público Nacional para el Tratamiento de las Adicciones, todo ello en concordancia con la nueva Ley Orgánica de Drogas, adaptada a las nuevas amenazas que debe enfrentar el Estado en esta materia, la cual ha sido recientemente aprobada por la Asamblea Nacional venezolana y promulgada de manera inmediata por el Presidente Hugo Chávez.
Las políticas públicas nacionales, a diferencia de la doble moral en las políticas de los Estados Unidos, son integrales y atienden por igual a todos los temas asociados a la oferta (producción y tráfico ilícitos de drogas), así como a los temas asociados con la demanda (uso indebido de drogas).
El Gobierno Revolucionario del Presidente Hugo Chávez, como parte de la responsabilidad compartida que tienen todos los países del mundo, ratifica su compromiso en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas, mediante la aplicación de políticas so be ra nas, sin recibir ni aceptar presiones ni chantajes que pretendan ejercerse sobre la base de leyes y prácticas imperialistas, que desde el Gobierno de los Estados Unidos intentan asumir el papel de policías del mundo, por lo cual repudiamos este informe que el Presidente Obama ha dado a conocer que viola los principios de convivencia internacional y utiliza la mentira para su política de agresión permanente contra la Revolución Bolivariana, demostrando su ignorancia sobre los exitosos programas de la República Bolivariana de Venezuela en la lucha contra el flagelo de las drogas, que están a la vista de la comunidad nacional e internacional, y que son un objetivo en el que seguiremos avanzando.
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