Mientras realizaba mi trabajo diario como Senadora y pacifista, me he enterado nuevamente a través de los medios de información de la decisión del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, de destituirme e inhabilitarme por el término de 18 años para el ejercicio de mis funciones públicas.
Considero que la investigación disciplinaria adelantada por el señor Procurador, no tiene respaldo probatorio, mérito jurídico alguno y menos aún valor moral y ético.
Quien temerariamente me acusa y me sanciona se encuentra seriamente cuestionado por sus actuaciones contra los derechos de la mujer, la población LGBT; las operaciones ilegales del DAS; la absolución, desestimando pruebas válidas en el caso de la llamada “Yidis Política”, razón por la cual (en este último caso) se encuentra investigado por la Corte Suprema de Justicia,
Esta actuación en contra de lo razonable, es una muestra más de la persecución política que se ha adelantado contra mí en los últimos 12 años, que ha implicado grandes lesiones a mi integridad personal y familiar, como mi secuestro, posterior exilio con mis hijos e hija, los atentados contra mi vida, las operaciones ilegales de interceptación y seguimiento de público conocimiento las cuales deberían ser la preocupación real de la Procuraduría General de la Nación.
Mis abogados se pronunciarán sobre los aspectos jurídicos de forma y de fondo, ya que no puede ser este otro caso en que la Justicia quede en entredicho y al servicio de intereses ajenos a su necesaria imparcialidad.
La sanción de la Procuraduría General de la Nación no modificará mis principios éticos, valores y acciones en la búsqueda de la paz con justicia social.
Expreso mi gratitud a quienes han expresado su solidaridad y el repudio a la decisión, tanto a nivel nacional e internacional
Piedad Córdoba Ruíz
Senadora de la República
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