Colaboracion: Compañero Albeiro Williams Morales...
El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Perú y la Unión Europea, que se encuentra en proceso de ratificación, se negoció en lo fundamental antes de hacer alguna clase de estudio de impacto y el único que se hizo se publicó casi al finalizar las negociaciones. Aunque fue un estudio muy limitado, pone de presente los graves impactos en numerosas áreas. A continuación se hace un análisis del estudio de impacto, dentro del marco de una reflexión sobre este tratado, realizado para la Alianza Social Continental por Héctor Mondragón, coordinador del Grupo de Agricultura de la ASC.
El 19 de mayo de 2010 la Unión Europea ‘rubricó‘ los “Tratados de Libre Comercio” con Perú y Colombia, resultado residual de unas negociaciones con la Comunidad Andina que no llegaron a configurarse y que se convirtieron en un paso más hacia la desintegración de la Comunidad Andina de Naciones.
Estos acuerdos no entrarán en vigencia hasta tanto no sean aprobados de acuerdo a las legislaciones propias de la Unión Europea y en cada caso, de Perú y Colombia. En el debate al respecto de los mismos se hace indispensable prever el impacto que tales acuerdos tendrán, lo cual ha sido dificultado por la falta de información oportuna y adecuada a la sociedad durante las negociaciones.
Anteriormente la Universidad de Manchester, el Centro de Investigación de Política Económica y Develoment Solutions, con el apoyo de expertos investigadores de la Fundación para la Investigación Económica y Social Latinoamericana, realizaron una “Evaluación del Impacto sobre la sostenibilidad del Comercio entre la Unión Europea y los Países Andinos”, divulgada en 2009.
Este importante estudio estuvo sin embargo limitado por sus propios objetivos: supone una negociación con la Comunidad Andina, que no se dio, y se centra en el impacto comercial —que no es el único tema del acuerdo— y especialmente en su impacto sobre el Producto Interno Bruto, los salarios y los generadores de servicios y aunque se refiere a los temas ambientales, la tenencia de tierra, la situación de los pueblos indígenas, la inequidad social y la propiedad intelectual, deja por fuera temas centrales como la propia integración andina y el régimen de inversiones.
El rompimiento de la Comunidad Andina
El impacto de los temas no comerciales del acuerdo fue precisamente un asunto central en la ruptura andina dentro de la negociación con la Unión Europea a partir de junio de 2008. Un asunto clave fue la decisión del gobierno boliviano de excluirse de los capítulos de inversiones, servicios, propiedad intelectual y compras gubernamentales, por considerar que impactaban negativamente sus intereses nacionales.
La continuidad de las negociaciones, despreciando el punto de vista de Bolivia, demostró que la cuestión comercial no es el centro de los acuerdos sino apenas uno de sus temas. Demostró también que hay un impacto grave de estos acuerdos y tratados, cual es derruir la integración andina.
Ya había se había iniciado la ruptura andina con ocasión de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a raíz de la cuestino de las patentes sobre organismos vivos, ya que Estados Unidos impuso una modificación de la legislación andina que prohibía tales patentes. Aunque no había los votos necesarios para hacer esa modificación se aprovechó un asunto trivial sobre pago de cuotas para negar el voto a Bolivia y con el voto de un gobierno transitorio de Ecuador, cuyo criterio ya no comparte el actual, imponer las patentes sobre seres vivos, provocando a Venezuela a abandonar la Comunidad Andina y la protesta de las organizaciones sociales de los cinco países.
El acuerdo con la Unión Europea ha seguido entonces el mismo camino que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya que no es tan sólo un tratado comercial sino un tratado que tiene que ver con derechos colectivos e inversiones y por otra parte el llamado “diálogo político” que nunca se concretó y que no forma parte del texto acordado, en realidad establece una ruptura de los esfuerzos de integración al descartar la concertación y el consenso andino e imponer la desintegración.
El caso de Centroamérica, donde hubo una negociación conjunta, tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea, la firma estuvo precedida por el efecto intimidatorio del golpe de Estado en Honduras y el resultado, de todos modos, demuestra que donde se firman TLC, los mecanismos de integración subregional o regional se debilitan o desaparecen, pues se rompe toda dinámica de cooperación y complementación y se estimula la competencia entre países pequeños para atraer más inversión extranjera con más prebendas, ofreciendo mano de obra cada vez más barata, desmontando las legislaciones de protección de los derechos colectivos, aceptando más tropas extranjeras y abandonado la construcción de una economía integrada.
Los países del Mercosur tienen normas adoptadas que prohíben la negociación por separado de acuerdos económicos y comerciales. Se trata de un proceso de integración más avanzado, sin embargo, las presiones para negociar por separado existen, a pesar de que ello es sinónimo de propiciar la ruptura del Mercosur. Posiblemente esas presiones no tengan éxito, dado el avance del proceso del Mercosur, pero sin duda buscan “ablandar” la capacidad de la región para lograr una negociación en su beneficio.
La estructuración económica
Un impacto mayor que estos acuerdos tienen es sobre la conformación misma de la estructura económica de los países. Se trata de saber si obstaculizan o inducen procesos de desarrollo sostenido, sostenible y armónico.
Muchos de los episodios históricos de crecimiento económico de América latina se caracterizaron por su alta volatilidad, las economías de “bonanza” que, lejos de construir tejidos económicos que se proyectaran a largo plazo, provocaban enriquecimientos rápidos para unos pocos, auges transitorios y depresiones duraderas acompañadas de destrucción ambiental, social y cultural. Las empresas coloniales siempre sometieron territorios para producir aquello que generaba máximo lucro según las oscilaciones del mercado mundial y despreciaron cualquier interés por las comunidades locales.
Los acuerdos de la Unión Europea con México pueden ilustrar el asunto. En 1997 México firmó un Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, conocido como Acuerdo Global, vigente desde 2001. Paralelamente, negoció un Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio, que contiene las disposiciones para la liberalización comercial. Este último entró en vigencia en julio de 2000. Sin embargo, no se han cumplido las expectativas de México en cuanto al fortalecimiento de su desarrollo económico a través del comercio con Europa. Por ejemplo, entre los años 2000 y 2006, el déficit comercial de México con la Unión Europea pasó de 9.439 millones de dólares a 16,957 millones, un aumento de 79.6% (Aguirre y Pérez 2007), porque el tratado promovió más las importaciones de productos europeos —sobre todo bienes capitales e intermedios— que las exportaciones de productos mexicanos.
Casi el 90% de las importaciones mexicanas, corresponde a bienes intermedios que no se producen en México, lo que denota una debilidad, acentuada por la vigencia de los tratados comerciales. Así, de las importaciones mexicanas de la UE, el 59% corresponde a bienes intermedios, el 21% son bienes de capital y el 19.8% son bienes de consumo (Recalca 2008: 33). De manera que todo
aumento de las exportaciones ha significado un incremento aún mayor de las importaciones, pues sólo una pequeña parte del valor que se exporta ha sido generada en el país y la mayoría ha sido previamente importada. Esto es la economía se desvía hacia la maquila, de manera que equilibrar la balanza comercial es un trabajo de Sísifo.
El hecho de que México haya sido el país más golpeado por la crisis económica internacional de 2007-2010 tiene que ver con el impacto de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y a Unión Europea sobre su estructuración económica como país de tránsito de bienes intermedios, una característica procíclica, que acentúa la volatilidad económica y social. En contraste, un desarrollo sostenido tiene que tener como base el tejido económico propio y un mercado interno fuerte, de manera que países como Brasil resistieron mucho mejor la coyuntura de crisis cíclica.
No solamente la maquila genera estructuras volátiles sino también lo hacen otras empresas de tipo colonial que tratan de obtener lucros coyunturales, basados en los altos precios de algún producto o en la alta rentabilidad de una inversión de ocasión. Es el caso de las concesiones petroleras o mineras o las plantaciones para producir agrocombustibles. Se ha derrumbado incluso la bonanza en los países petroleros generada por los altísimos precios del petróleo disparados tras la guerra en Iraq. La crisis ha fortalecido los precios del oro y entonces en una carrera desaforada las empresas mineras abren la tierra por todo el mundo, pero nadie se cuestiona sobre el curioso ciclo de los precios del oro en el mercado mundial o sobre la sostenibilidad económica, ambiental y social de un modelo de crecimiento basado en la minería.
El régimen de protección de las inversiones extranjeras dispuesto por los acuerdos facilita este tipo de explotaciones de bonanza, e impide el establecimiento de controles a la remisión de utilidades que podría amortiguar las fluctuaciones cíclicas a la vez que obliga a los países a deshacerse de las leyes que regulan las compras y proyectos estatales, promueven las empresas propias o
las que limitan la inversión extranjera en áreas estratégicas como la compra de tierras, que ha sido regulada recientemente por Brasil.
Mientras tanto, Estados Unidos y Europa sí tienen leyes en tal sentido, así por ejemplo, Estados Unidos en 2005 vetó la compra de la petrolera Unocal por la corporación nacional China CNOOC y la empresa debió fusionarse con la norteamericana Chevron. España vetó en 2008 la compra de Repsol por la rusa LUKoil.
La destrucción de la capacidad de los Estados para regular el flujo de inversiones y utilidades, preservar las áreas estratégicas bajo la inversión o el mercado nacional y adoptar medidas anticíclicas, mina el tejido económico propio y obliga a adoptar estructuras de tipo colonial.
Derechos territoriales
¿Cómo impactará el acuerdo con la Unión Europea sobre los conflictos de territorialidad existentes entre las comunidades rurales y las grandes inversiones? Este es un conflicto actual en el mundo. El auge minero en la actual coyuntura ha hecho que las transnacionales mineras se enfrenten a pueblos indígenas y a comunidades locales, un país tras otro.
El Perú fue conmovido por los sucesos ocurridos entre abril y junio de 2009 a raíz de la expedición de los decretos 1064 sobre uso de tierras agrarias y 1090 sobre bosques y fauna silvestre. Los pueblos indígenas de la Amazonia se levantaron contra estos decretos expedidos para abrir el paso a los grandes inversionistas.
En Colombia los indígenas sufren una “situación inconstitucional” de violencia creciente que sigue costando todos los días vidas de líderes y comuneros, más de 200 cada año durante los últimos ocho años. Los conflictos con inversionistas extranjeros son múltiples. Las grandes empresas mineras chocan además con poblaciones afrocolombianas y campesinas dedicadas a la minería artesanal desde hace décadas o incluso siglos y cuyos territorios son entregados en concesión.
Los conflictos con empresas mineras se han multiplicado en México, Guatemala, Salvador y otros países y la violencia contra los líderes comunitarios ha marcado estos conflictos. Además, en el caso de El Salvador, cuando el gobierno ha cedido a las exigencias de las comunidades y a los requerimientos ambientales, una empresa canadiense ha demandado al país con base en el Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos, usando una sucursal en ese país.
Como lo demuestran estas situaciones, cualquier acuerdo que dé garantías a los inversionistas apuede afectar directamente los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades y va a multiplicar los conflictos en la medida en que los instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas no son aplicados y se desconocen la necesidad de la consulta previa y el consentimiento informado y generalmente no hay procedimientos claros para el efecto.
Varios países europeos no han aprobado el Convenio 169 de la OIT. Algunos como España lo han hecho recientemente, pero ello debería reflejarse en una exigencia clara a los inversionistas y en normas para que impongan a sus inversiones respetar estos instrumentos internacionales.
Además, Naciones Unidas ha hecho un reconocimiento preliminar del papel y de los derechos del campesinado y la pequeña agricultura alrededor del mundo. La Cuarta Sesión del Comité Consultivo del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU que se reunió en Ginebra entre el 25 y el 29 de enero del 2010, adoptó el informe del Comité Consultivo titulado “Discriminación en el contexto del Derecho a la Alimentación” y explica el trabajo de La Vía Campesina estableciendo los derechos del campesinado y ha adoptado plenamente la “Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos” emitida por La Vía Campesina, incluyéndola dentro de los anexos de dicho informe.
Sin embargo, el proceso de reconocimiento formal y práctico de los derechos colectivos territoriales de las comunidades rurales va detrás de las firmas y aprobaciones de los acuerdos comerciales y de las garantías para los inversionistas.
La tenencia de la tierra
La evaluación de la Universidad de Manchester toma nota del gran número de pequeños productores agropecuarios de la región, en fincas de menos de 50 hectáreas. Igualmente se percata del caso extremo de concentración de la propiedad rural en Colombia, aunque no registra sino los índices de Gini altos y crecientes (Manchester 2009: 31). Sin embargo los datos de Colombia están
disponibles: más de la mitad de los propietarios, el 58,35%, tiene menos de 3 hectáreas, con apenas el 1,7% del área total de tierra registrada. El 96,57% de los propietarios tiene menos de 50 hectáreas y el 16,3% de la tierra; el 3,43% tiene entre 50 y 100 Ha. y el 30,19% de la tierra, en tanto el 0,06% tiene más de 2.000 Ha. y acumula el 53,51% de la tierra registrada (Bonilla et.al. 2006).
La evaluación recuerda que aunque el Banco Interamericano de Desarrollo BID “apoya la producción de agrodiesel para combatir la pobreza y crear un ambiente de paz para los trabajadores rurales” y prevé impactos sociales positivos debido al aumento de los ingresos rurales, también enumera diferentes riesgos: los ingresos más altos por productos agrícolas no se traducen automáticamente en mejores condiciones para los productores de las comunidades rurales. Ellos pueden aumentar los precios de los factores de producción, llevar hacia una concentración de tierras o a través de una mecanización reducir el resto del
mano de obra. Además en las plantaciones existen malas condiciones laborales y los trabajadores no participan del mejoramiento de los ingresos. Otro efecto podría ser un aumento de los precios de los alimentos principalmente para la población urbana (Pfau
mann 2006: 19).
Así es necesaria una evaluación concreta del impacto social de la expansión de plantaciones para agrocombustibles, que el estudio de la Universidad de Manchester enfoca en el aberrante caso colombiano: el ataque violento contra campesinos, indígenas y afros para desplazarlos y usar sus tierras, y contra los sindicalistas para mantener las condiciones lesivas de trabajo son expuestos
(Manchester 2009: 74).
A pesar de semejante advertencia sencilla pero clara, la evaluación se queda muda a la hora de hacer alguna recomendación sobre el tema de los agrocombustibles en Colombia: bien sea para contrarrestar el despojo de tierras o para establecer contratos laborales que permitan a los trabajadores mejores ingresos y prestaciones sociales.
Por otra parte, no se dice nada sobre cómo los acuerdos agravarán los efectos de la política agropecuaria que determinó privilegiar la expansión de plantaciones para agrocombustibles a costa de reducir el resto del sector, política especialmente evidente en Colombia, donde la vigencia del Tratado de Libre Comercio” se convertiría en un refuerzo de negativas situaciones sociales.
El impacto comercial
El impacto comercial es área que fue investigada con un modelo de “equilibrio general”, la “Evaluación del Impacto sobre la sostenibilidad del Comercio entre la Unión Europea y los Países Andinos” (2009). El modelo de equilibrio general pasa por alto la existencia del ciclo económico y por tanto la ocurrencia de las crisis cíclicas como la que actualmente afecta a Europa. Ya se hizo referencia al efecto procíclico que tiene el sometimiento de la economía a modelos hacia afuera y particularmente a la estructura de maquila de la producción.
Con todo, el estudio permite apreciar aspectos importantes sobre el “modesto” efecto positivo que el incremento del flujo comercial por el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los Países Andinos, pueda tener sobre estos. El estudio diferencia entre una “liberación moderada” y una “liberación ambiciosa”. La diferencia radica realmente en los aranceles que particularmente la Unión Europea mantiene, que si son eliminados significarían mayores exportaciones andinas, especialmente de azúcar, flores y bananos. Como se sabe, la Unión Europea aceptó apenas bajar pero no eliminar los aranceles para el banano y pequeñas cuotas de azúcar, luego la liberación no fue tan “ambiciosa”.
El estudio establece que el Producto Interno Bruto, PBI, de Colombia crecería entre 0,2% y 1,3 % y en el caso del Perú, entre el 0,2 y el 0,7 %. Mientras entre los dos países, en el año 2018 elevaría su PBI en una suma de ente 554 y 2.740 millones de euros, la Unión Europea aumentaría su PBI en una suma entre 2.000 y 8.000 millones de euros por el efecto comercial de los dos acuerdos. Es decir, que el estudio pone en evidencia la asimetría del impacto comercial, aun bajo los supuestos del modelo de equilibrio general.
El hecho de que se tome el PBI como indicador y no el producto interno neto causa distorsiones en la evaluación. El problema de la producción de bienes intermedios radica en que los incrementos en el producto bruto no siempre significan incrementos en el producto neto y el valor agregado neto puede ser proporcionalmente pequeño, por lo que se ha observado que en México el crecimiento de las exportaciones conllevó un incremento más rápido de las importaciones. La economía colombiana, por ejemplo, se caracteriza ya también por la tendencia a registrar un fenómeno similar (Mondragón 2009: 93).
La evaluación prevé en todo caso que efectivamente el aumento de las importaciones de Colombia y Perú, provenientes de la Unión Europea, será mayor que el aumento de sus exportaciones hacia la Unión Europea: indagar por las variaciones del PBI no permite detectar la distribución de las utilidades, que tienden a favorecer a las transnacionales, pues los derechos de los inversionistas crecen, así como las concesiones en las explotaciones de recursos naturales y el control de la comercialización internacional.
Por otra parte, el impacto sobre el PBI es desigual por sector. En Colombia se vería beneficiada la producción de automotores, monopolizada por transnacionales, entre ellas la europea Renault; en Perú se beneficiaría la industria de alimentos procesados que en Colombia saldría lesionada; tanto en Colombia y Perú se beneficiarían los sectores de minería, construcción, metales, productos
químicos, textiles y confecciones, pero al mismo tiempo se perjudicarían los sectores del cuero, papelero y maquinaria y equipo (Manchester 2009: 90) y en el caso de Colombia se perjudicaría la mayoría del sector agropecuario y pesquero (Manchester 2009: 77-78).
En cuanto a los servicios, el panorama es desfavorable tanto para Colombia como para Perú. Los impactos negativos más graves se verían en los sectores de seguros, transporte aéreo, recreación y servicios empresariales. Las excepciones son para Colombia (Manchester 2009: 101) en el caso de las comunicaciones, donde la mayor empresa es la española (y británica) Telefónica, y la distribución, ramo en el cual se destacan las empresas francesas Carrefour y Casino.
Sorprende el poco impacto esperado del acuerdo sobre la inversión extranjera directa en la industria, casi nulo en el caso del Perú (Manchester 2009: 110-111). El mayor incremento ocurriría en la inversión para refinación de petróleo en Colombia, 0,9%. Esto puede explicarse porque en realidad la inversión extranjera tiende a localizase en la explotación de petróleo y minerales como el
oro, carbón o níquel. Esta inversión se hace y hará de todos modos y lo que los TLC y “Acuerdos de Asociación” establecen son nuevos derechos de los inversionistas a cambio de exiguos resultados para las economías nacionales.
Por otra parte, la evaluación prevé que los acuerdos con los países andinos tendrán un efecto adverso para el Mercosur y para otros países no desarrollados (entre los que se incluyen los países andinos que los firmen), pues productos europeos sustituirían los provenientes de esos países (Manchester 2009: 67).
Aunque este efecto también se supone para los productos de Estados Unidos, hay que tener en cuenta que Colombia y Perú también firmaron TLC con ese país y por tanto el golpe mayor se lo llevaría la integración latinoamericana y especialmente los países andinos no firmantes y el Mercosur, el cual tendrá una presión más para tratar de imponerles los dictados de los acuerdos.
La leche
Casi cuando estaban por firmarse los acuerdos con Perú y Colombia se conoció que la Unión Europea había conseguido en la última ronda que se eliminara el Sistema Andino de Franjas de Precios, SAFP, que es la única forma de proteger la producción nacional contra las cuantiosas distorsiones que caracterizan el comercio mundial de los productos lácteos. Colombia acordó la eliminación
del SAFP para las importaciones provenientes de la Unión Europea, pero la UE no sacrificó ninguno de sus instrumentos de protección.
La competencia será totalmente desigual, porque la producción europea será subsidiada con 91.300 millones de euros de “ayudas internas” entre 2007- 2013. Aunque los acuerdos estipulan que no habrá subsidios a la exportación, ello no tiene consecuencia práctica, porque los ganaderos europeos seguirán recibiendo el subsidio, considerado “ayuda interna”.
La Unión Europea concentra cerca del 30% de la producción mundial y responde por el 27% de las exportaciones (Fedegan 2010). El mercado mundial de leche, sobre todo el de leche en polvo, es dominado por las empresas comercializadoras de los países industrializados. Dominan el 82 por ciento del total de las exportaciones y los países del tercer mundo absorben el 73 por ciento de
todas las importaciones (ASC 2010).
La aplicación de los acuerdos lesionará a más de 400 mil familias productoras de leche y la repercusión sobre el empleo se haría sentir. En Colombia el impacto será mayor sobre los productores campesinos e indígenas, ya que el decreto 3411 de 2008 prohibió a partir del 26 de agosto de 2010 la comercialización de leche cruda. Hasta ese día el 35% de la producción se vendía cruda al consumidor, que acostumbraba hervir la leche. Desde el punto de vista de los productores, eliminar esta comercialización ha sido parte de una política destinada a sacar a la economía campesina del mercado de la leche, eliminándola administrativamente y entregando el monopolio a las pasteurizadoras que ya concentran el 65% de la producción y que a medida que se aplique el acuerdo con la Unión Europea terminarán como meras intermediarias de las transnacionales lácteas.
El impacto del acuerdo con la Unión Europea será peor si se ratifica el TLC con Estados Unidos, pues ello significará la importación de 7.000 toneladas de leche en polvo, de 3.000 de quesos, de 1.000 de otros lácteos, más 7.500 de carnes industriales y despojos, de un volumen ilimitado de carnes finas y volúmenes ilimitados de lactosueros (Fedegan 2010). Es decir, todo quedaría dispuesto para sacar del mercado a 200 mil familias de pequeños productores. Para mitigar el impacto el gobierno colombiano ha propuesto algunos subsidios cuyo monto resulta ridículo frente al que recibe la producción europea. Los acuerdos ofrecen cooperación a los productores para mejorar su tecnología: ¿ayuda de los competidores para competir? Es poco creíble.
IMPACTO ESTIMADO EN LA VARIACIÓN EN % EN EL PRODUCTO POR SECTOR ECONÓMICO
Escenario ideal de liberación ambiciosa por la UE
Fuente: Manchester 2009: 77, 78, 90, 101
El trabajo
En cuanto al empleo, el impacto tiende a ser negativo, especialmente para los trabajadores industriales no calificados, pues en 11 de 16 sectores industria les va a disminuir. En el caso de los trabajadores calificados, el impacto también es importante, pero menor, ya sólo en 8 sectores habría disminución en el empleo (Alerta 2009: 3-4).
El estudio determina por otra parte el impacto comercial sobre los salarios y establece que es reducido y a veces negativo, como en el caso de Colombia (y además Ecuador y Bolivia) en el escenario de “liberalización moderada” a corto plazo. En Colombia los salarios se reducirían a corto plazo, especialmente para los trabajadores calificados hasta en 0,5% y solamente mejorarían a largo
plazo si hubiera “liberalización ambiciosa”, es decir si Europa aceptara una liberalización mayor, pero de apenas subirían 0,9% y 0,3% para los trabajadores no calificados en Perú y Colombia respectivamente y de 0,3% para los trabajadores calificados en ambos países (Manchester 2009: 63-63). Pero ha quedado claro que la liberación aceptada por la Unión Europea para sí, no es tan ambiciosa.
La evaluación estima que “en el sector de la minería en gran escala las restricciones de los derechos de los trabajadores frenará el incremento significativo de los salarios reales o la mejora de las condiciones laborales” (Manchester 2009: 124).
En cuanto a las libertades sindicales, la política de la Unión Europea ha sido la de fijar como norma los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Pero el caso de Colombia demuestra claramente que no se trata simplemente de la vigencia formal de los acuerdos sino del desconocimiento de ellos tanto por las vías de hecho, mediante el asesinato de 2.700
sindicalistas y los cotidianos despidos por sindicalizarse o protestar o mediante trampas legales que ocultan las relaciones laborales mediante contratos de servicios o de obras y mediante las mal llamadas “cooperativas de trabajo asociado” o lo que es lo mismo con los también mal llamados “contratos sindicales”, figuras todas destinadas a ocultar la relación empleador-trabajador, para burlar todo el derecho laboral, incluidos en primer lugar todos los Convenios de la OIT.
La situación de persecución violenta a los sindicatos, que se consolidó en Colombia tiende a extenderse a varios países de América latina como se ve especialmente por el crecimiento de los asesinatos de sindicalistas en Honduras a partir del golpe de estado de 2009. Las cláusulas democráticas de los acuerdos con Centroamérica se firman mientras se multiplican los asesinatos de sindicalistas en Honduras. Esta grave situación solamente puede detenerse si los trabajadores europeos y norteamericanos rechazan cualquier acuerdo de libre comercio en tales condiciones.
Impacto ambiental
El estudio reconoce que se va a incrementar “la actual tendencia a la deforestación” debido al crecimiento de la comercialización de madera y a la expansión de las plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar. La dedicación de áreas ricas en recursos naturales renovables a plantaciones y a explotaciones mineras “conllevaría también implicaciones negativas significativas para la biodiversidad” en una de las áreas ecológicas más biodiversas de mundo (Manchester 2009: 113). “El sector minero es un recurso clave en la contaminación del agua –agua ácida con un alto contenido en metales– lo que incrementa los problemas de salud” (Manchester 2009: 124).
El estudio recomienda medidas para mitigar el impacto ambiental de los acuerdos, como normas para hacer sostenible la tala en los bosques; el establecimiento de compromisos de las empresas mineras para adoptar “las mejoras tecnológicas que reduzcan al mínimo las externalidades negativas ecológicas” y de las empresas productoras de agrocombustibles para “minimizar las externali
dades negativas de la contaminación” y “limitar ladestrucción de zonas de biodiversidad”.
Por otra parte el estudio estima que es necesario que el acuerdo ayude a los “pequeños granjeros” a ingresar a mercados selectivos europeos tales como los de productos orgánicos y comercio justo, pero a la vez reconoce que “no se debe esperar que el desarrollo de estos nichos de mercado compense por sí solo el impacto negativo sobre la biodiversidad y la deforestación”(Manchester 2009: 88).
En resumen, el estudio se extiende bastante sobre el impacto ambiental de los acuerdos y realmente muestra un panorama muy triste y propone unos remedios que considera insuficientes. Leyendo el estudio completo lo que puede decirse es que el impacto ambiental del incremento del comercio de los países andinos con Europa es netamente negativo.
Las patentes
El régimen de propiedad intelectual y patentes produce un efecto múltiple, sobre la salud pública, el sector agropecuario, la alimentación y el patrimonio cultural de los pueblos originarios. Los acuerdos con la Unión Europea se negocian y firman en momentos en que en la Organización Mundial de Comercio las transnacionales aun no consiguen el régimen de patentes que desean y buscan establecerlo por la vías de las negociaciones bilaterales (Recalca 2008) y exigiendo la adhesión a tratados como los de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual o a la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas que fue suscrita por Colombia y Perú como parte de los compromisos adquiridos durante la negociación del TLC con Estados Unidos.
En el caso de la salud, cualquier modificación del régimen de patentes de los medicamentos repercute directamente en sus precios, bien sea los que paga directamente el consumidor o los que deben pagar las empresas de seguros de salud o las entidades estatales.
En Costa Rica, por ejemplo, se demostró que, sin la opción de medicamentos genéricos dada la ampliación de las patentes, este país perdería el 81% de la cobertura usando el mismo presupuesto anual destinado a la salud pública (OPS 2004). En Colombia, el decreto 2085 de 2002, los “datos de prueba”, según estudio de la Organización Panamericana de la Salud, aumenta los precios de los medicamentos en US $630 millones en el 2020 y el consumo se reducirá en 26%. La prolongación de la vigencia de las patentes, por la vía de los “seguns dos usos” incrementaría los precios en US $420 millones desde el 2025 (Acosta 2005).
Estos acuerdos no entrarán en vigencia hasta tanto no sean aprobados de acuerdo a las legislaciones propias de la Unión Europea y en cada caso, de Perú y Colombia. En el debate al respecto de los mismos se hace indispensable prever el impacto que tales acuerdos tendrán, lo cual ha sido dificultado por la falta de información oportuna y adecuada a la sociedad durante las negociaciones.
Anteriormente la Universidad de Manchester, el Centro de Investigación de Política Económica y Develoment Solutions, con el apoyo de expertos investigadores de la Fundación para la Investigación Económica y Social Latinoamericana, realizaron una “Evaluación del Impacto sobre la sostenibilidad del Comercio entre la Unión Europea y los Países Andinos”, divulgada en 2009.
Este importante estudio estuvo sin embargo limitado por sus propios objetivos: supone una negociación con la Comunidad Andina, que no se dio, y se centra en el impacto comercial —que no es el único tema del acuerdo— y especialmente en su impacto sobre el Producto Interno Bruto, los salarios y los generadores de servicios y aunque se refiere a los temas ambientales, la tenencia de tierra, la situación de los pueblos indígenas, la inequidad social y la propiedad intelectual, deja por fuera temas centrales como la propia integración andina y el régimen de inversiones.
El rompimiento de la Comunidad Andina
El impacto de los temas no comerciales del acuerdo fue precisamente un asunto central en la ruptura andina dentro de la negociación con la Unión Europea a partir de junio de 2008. Un asunto clave fue la decisión del gobierno boliviano de excluirse de los capítulos de inversiones, servicios, propiedad intelectual y compras gubernamentales, por considerar que impactaban negativamente sus intereses nacionales.
La continuidad de las negociaciones, despreciando el punto de vista de Bolivia, demostró que la cuestión comercial no es el centro de los acuerdos sino apenas uno de sus temas. Demostró también que hay un impacto grave de estos acuerdos y tratados, cual es derruir la integración andina.
Ya había se había iniciado la ruptura andina con ocasión de la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a raíz de la cuestino de las patentes sobre organismos vivos, ya que Estados Unidos impuso una modificación de la legislación andina que prohibía tales patentes. Aunque no había los votos necesarios para hacer esa modificación se aprovechó un asunto trivial sobre pago de cuotas para negar el voto a Bolivia y con el voto de un gobierno transitorio de Ecuador, cuyo criterio ya no comparte el actual, imponer las patentes sobre seres vivos, provocando a Venezuela a abandonar la Comunidad Andina y la protesta de las organizaciones sociales de los cinco países.
El acuerdo con la Unión Europea ha seguido entonces el mismo camino que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ya que no es tan sólo un tratado comercial sino un tratado que tiene que ver con derechos colectivos e inversiones y por otra parte el llamado “diálogo político” que nunca se concretó y que no forma parte del texto acordado, en realidad establece una ruptura de los esfuerzos de integración al descartar la concertación y el consenso andino e imponer la desintegración.
El caso de Centroamérica, donde hubo una negociación conjunta, tanto con Estados Unidos como con la Unión Europea, la firma estuvo precedida por el efecto intimidatorio del golpe de Estado en Honduras y el resultado, de todos modos, demuestra que donde se firman TLC, los mecanismos de integración subregional o regional se debilitan o desaparecen, pues se rompe toda dinámica de cooperación y complementación y se estimula la competencia entre países pequeños para atraer más inversión extranjera con más prebendas, ofreciendo mano de obra cada vez más barata, desmontando las legislaciones de protección de los derechos colectivos, aceptando más tropas extranjeras y abandonado la construcción de una economía integrada.
Los países del Mercosur tienen normas adoptadas que prohíben la negociación por separado de acuerdos económicos y comerciales. Se trata de un proceso de integración más avanzado, sin embargo, las presiones para negociar por separado existen, a pesar de que ello es sinónimo de propiciar la ruptura del Mercosur. Posiblemente esas presiones no tengan éxito, dado el avance del proceso del Mercosur, pero sin duda buscan “ablandar” la capacidad de la región para lograr una negociación en su beneficio.
La estructuración económica
Un impacto mayor que estos acuerdos tienen es sobre la conformación misma de la estructura económica de los países. Se trata de saber si obstaculizan o inducen procesos de desarrollo sostenido, sostenible y armónico.
Muchos de los episodios históricos de crecimiento económico de América latina se caracterizaron por su alta volatilidad, las economías de “bonanza” que, lejos de construir tejidos económicos que se proyectaran a largo plazo, provocaban enriquecimientos rápidos para unos pocos, auges transitorios y depresiones duraderas acompañadas de destrucción ambiental, social y cultural. Las empresas coloniales siempre sometieron territorios para producir aquello que generaba máximo lucro según las oscilaciones del mercado mundial y despreciaron cualquier interés por las comunidades locales.
Los acuerdos de la Unión Europea con México pueden ilustrar el asunto. En 1997 México firmó un Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, conocido como Acuerdo Global, vigente desde 2001. Paralelamente, negoció un Acuerdo Interino sobre Comercio y Cuestiones Relacionadas con el Comercio, que contiene las disposiciones para la liberalización comercial. Este último entró en vigencia en julio de 2000. Sin embargo, no se han cumplido las expectativas de México en cuanto al fortalecimiento de su desarrollo económico a través del comercio con Europa. Por ejemplo, entre los años 2000 y 2006, el déficit comercial de México con la Unión Europea pasó de 9.439 millones de dólares a 16,957 millones, un aumento de 79.6% (Aguirre y Pérez 2007), porque el tratado promovió más las importaciones de productos europeos —sobre todo bienes capitales e intermedios— que las exportaciones de productos mexicanos.
Casi el 90% de las importaciones mexicanas, corresponde a bienes intermedios que no se producen en México, lo que denota una debilidad, acentuada por la vigencia de los tratados comerciales. Así, de las importaciones mexicanas de la UE, el 59% corresponde a bienes intermedios, el 21% son bienes de capital y el 19.8% son bienes de consumo (Recalca 2008: 33). De manera que todo
aumento de las exportaciones ha significado un incremento aún mayor de las importaciones, pues sólo una pequeña parte del valor que se exporta ha sido generada en el país y la mayoría ha sido previamente importada. Esto es la economía se desvía hacia la maquila, de manera que equilibrar la balanza comercial es un trabajo de Sísifo.
El hecho de que México haya sido el país más golpeado por la crisis económica internacional de 2007-2010 tiene que ver con el impacto de los tratados de libre comercio con Estados Unidos y a Unión Europea sobre su estructuración económica como país de tránsito de bienes intermedios, una característica procíclica, que acentúa la volatilidad económica y social. En contraste, un desarrollo sostenido tiene que tener como base el tejido económico propio y un mercado interno fuerte, de manera que países como Brasil resistieron mucho mejor la coyuntura de crisis cíclica.
No solamente la maquila genera estructuras volátiles sino también lo hacen otras empresas de tipo colonial que tratan de obtener lucros coyunturales, basados en los altos precios de algún producto o en la alta rentabilidad de una inversión de ocasión. Es el caso de las concesiones petroleras o mineras o las plantaciones para producir agrocombustibles. Se ha derrumbado incluso la bonanza en los países petroleros generada por los altísimos precios del petróleo disparados tras la guerra en Iraq. La crisis ha fortalecido los precios del oro y entonces en una carrera desaforada las empresas mineras abren la tierra por todo el mundo, pero nadie se cuestiona sobre el curioso ciclo de los precios del oro en el mercado mundial o sobre la sostenibilidad económica, ambiental y social de un modelo de crecimiento basado en la minería.
El régimen de protección de las inversiones extranjeras dispuesto por los acuerdos facilita este tipo de explotaciones de bonanza, e impide el establecimiento de controles a la remisión de utilidades que podría amortiguar las fluctuaciones cíclicas a la vez que obliga a los países a deshacerse de las leyes que regulan las compras y proyectos estatales, promueven las empresas propias o
las que limitan la inversión extranjera en áreas estratégicas como la compra de tierras, que ha sido regulada recientemente por Brasil.
Mientras tanto, Estados Unidos y Europa sí tienen leyes en tal sentido, así por ejemplo, Estados Unidos en 2005 vetó la compra de la petrolera Unocal por la corporación nacional China CNOOC y la empresa debió fusionarse con la norteamericana Chevron. España vetó en 2008 la compra de Repsol por la rusa LUKoil.
La destrucción de la capacidad de los Estados para regular el flujo de inversiones y utilidades, preservar las áreas estratégicas bajo la inversión o el mercado nacional y adoptar medidas anticíclicas, mina el tejido económico propio y obliga a adoptar estructuras de tipo colonial.
Derechos territoriales
¿Cómo impactará el acuerdo con la Unión Europea sobre los conflictos de territorialidad existentes entre las comunidades rurales y las grandes inversiones? Este es un conflicto actual en el mundo. El auge minero en la actual coyuntura ha hecho que las transnacionales mineras se enfrenten a pueblos indígenas y a comunidades locales, un país tras otro.
El Perú fue conmovido por los sucesos ocurridos entre abril y junio de 2009 a raíz de la expedición de los decretos 1064 sobre uso de tierras agrarias y 1090 sobre bosques y fauna silvestre. Los pueblos indígenas de la Amazonia se levantaron contra estos decretos expedidos para abrir el paso a los grandes inversionistas.
En Colombia los indígenas sufren una “situación inconstitucional” de violencia creciente que sigue costando todos los días vidas de líderes y comuneros, más de 200 cada año durante los últimos ocho años. Los conflictos con inversionistas extranjeros son múltiples. Las grandes empresas mineras chocan además con poblaciones afrocolombianas y campesinas dedicadas a la minería artesanal desde hace décadas o incluso siglos y cuyos territorios son entregados en concesión.
Los conflictos con empresas mineras se han multiplicado en México, Guatemala, Salvador y otros países y la violencia contra los líderes comunitarios ha marcado estos conflictos. Además, en el caso de El Salvador, cuando el gobierno ha cedido a las exigencias de las comunidades y a los requerimientos ambientales, una empresa canadiense ha demandado al país con base en el Tratado de
Libre Comercio con Estados Unidos, usando una sucursal en ese país.
Como lo demuestran estas situaciones, cualquier acuerdo que dé garantías a los inversionistas apuede afectar directamente los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades y va a multiplicar los conflictos en la medida en que los instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas no son aplicados y se desconocen la necesidad de la consulta previa y el consentimiento informado y generalmente no hay procedimientos claros para el efecto.
Varios países europeos no han aprobado el Convenio 169 de la OIT. Algunos como España lo han hecho recientemente, pero ello debería reflejarse en una exigencia clara a los inversionistas y en normas para que impongan a sus inversiones respetar estos instrumentos internacionales.
Además, Naciones Unidas ha hecho un reconocimiento preliminar del papel y de los derechos del campesinado y la pequeña agricultura alrededor del mundo. La Cuarta Sesión del Comité Consultivo del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU que se reunió en Ginebra entre el 25 y el 29 de enero del 2010, adoptó el informe del Comité Consultivo titulado “Discriminación en el contexto del Derecho a la Alimentación” y explica el trabajo de La Vía Campesina estableciendo los derechos del campesinado y ha adoptado plenamente la “Declaración de los Derechos de las Campesinas y Campesinos” emitida por La Vía Campesina, incluyéndola dentro de los anexos de dicho informe.
Sin embargo, el proceso de reconocimiento formal y práctico de los derechos colectivos territoriales de las comunidades rurales va detrás de las firmas y aprobaciones de los acuerdos comerciales y de las garantías para los inversionistas.
La tenencia de la tierra
La evaluación de la Universidad de Manchester toma nota del gran número de pequeños productores agropecuarios de la región, en fincas de menos de 50 hectáreas. Igualmente se percata del caso extremo de concentración de la propiedad rural en Colombia, aunque no registra sino los índices de Gini altos y crecientes (Manchester 2009: 31). Sin embargo los datos de Colombia están
disponibles: más de la mitad de los propietarios, el 58,35%, tiene menos de 3 hectáreas, con apenas el 1,7% del área total de tierra registrada. El 96,57% de los propietarios tiene menos de 50 hectáreas y el 16,3% de la tierra; el 3,43% tiene entre 50 y 100 Ha. y el 30,19% de la tierra, en tanto el 0,06% tiene más de 2.000 Ha. y acumula el 53,51% de la tierra registrada (Bonilla et.al. 2006).
La evaluación recuerda que aunque el Banco Interamericano de Desarrollo BID “apoya la producción de agrodiesel para combatir la pobreza y crear un ambiente de paz para los trabajadores rurales” y prevé impactos sociales positivos debido al aumento de los ingresos rurales, también enumera diferentes riesgos: los ingresos más altos por productos agrícolas no se traducen automáticamente en mejores condiciones para los productores de las comunidades rurales. Ellos pueden aumentar los precios de los factores de producción, llevar hacia una concentración de tierras o a través de una mecanización reducir el resto del
mano de obra. Además en las plantaciones existen malas condiciones laborales y los trabajadores no participan del mejoramiento de los ingresos. Otro efecto podría ser un aumento de los precios de los alimentos principalmente para la población urbana (Pfau
mann 2006: 19).
Así es necesaria una evaluación concreta del impacto social de la expansión de plantaciones para agrocombustibles, que el estudio de la Universidad de Manchester enfoca en el aberrante caso colombiano: el ataque violento contra campesinos, indígenas y afros para desplazarlos y usar sus tierras, y contra los sindicalistas para mantener las condiciones lesivas de trabajo son expuestos
(Manchester 2009: 74).
A pesar de semejante advertencia sencilla pero clara, la evaluación se queda muda a la hora de hacer alguna recomendación sobre el tema de los agrocombustibles en Colombia: bien sea para contrarrestar el despojo de tierras o para establecer contratos laborales que permitan a los trabajadores mejores ingresos y prestaciones sociales.
Por otra parte, no se dice nada sobre cómo los acuerdos agravarán los efectos de la política agropecuaria que determinó privilegiar la expansión de plantaciones para agrocombustibles a costa de reducir el resto del sector, política especialmente evidente en Colombia, donde la vigencia del Tratado de Libre Comercio” se convertiría en un refuerzo de negativas situaciones sociales.
El impacto comercial
El impacto comercial es área que fue investigada con un modelo de “equilibrio general”, la “Evaluación del Impacto sobre la sostenibilidad del Comercio entre la Unión Europea y los Países Andinos” (2009). El modelo de equilibrio general pasa por alto la existencia del ciclo económico y por tanto la ocurrencia de las crisis cíclicas como la que actualmente afecta a Europa. Ya se hizo referencia al efecto procíclico que tiene el sometimiento de la economía a modelos hacia afuera y particularmente a la estructura de maquila de la producción.
Con todo, el estudio permite apreciar aspectos importantes sobre el “modesto” efecto positivo que el incremento del flujo comercial por el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y los Países Andinos, pueda tener sobre estos. El estudio diferencia entre una “liberación moderada” y una “liberación ambiciosa”. La diferencia radica realmente en los aranceles que particularmente la Unión Europea mantiene, que si son eliminados significarían mayores exportaciones andinas, especialmente de azúcar, flores y bananos. Como se sabe, la Unión Europea aceptó apenas bajar pero no eliminar los aranceles para el banano y pequeñas cuotas de azúcar, luego la liberación no fue tan “ambiciosa”.
El estudio establece que el Producto Interno Bruto, PBI, de Colombia crecería entre 0,2% y 1,3 % y en el caso del Perú, entre el 0,2 y el 0,7 %. Mientras entre los dos países, en el año 2018 elevaría su PBI en una suma de ente 554 y 2.740 millones de euros, la Unión Europea aumentaría su PBI en una suma entre 2.000 y 8.000 millones de euros por el efecto comercial de los dos acuerdos. Es decir, que el estudio pone en evidencia la asimetría del impacto comercial, aun bajo los supuestos del modelo de equilibrio general.
El hecho de que se tome el PBI como indicador y no el producto interno neto causa distorsiones en la evaluación. El problema de la producción de bienes intermedios radica en que los incrementos en el producto bruto no siempre significan incrementos en el producto neto y el valor agregado neto puede ser proporcionalmente pequeño, por lo que se ha observado que en México el crecimiento de las exportaciones conllevó un incremento más rápido de las importaciones. La economía colombiana, por ejemplo, se caracteriza ya también por la tendencia a registrar un fenómeno similar (Mondragón 2009: 93).
La evaluación prevé en todo caso que efectivamente el aumento de las importaciones de Colombia y Perú, provenientes de la Unión Europea, será mayor que el aumento de sus exportaciones hacia la Unión Europea: indagar por las variaciones del PBI no permite detectar la distribución de las utilidades, que tienden a favorecer a las transnacionales, pues los derechos de los inversionistas crecen, así como las concesiones en las explotaciones de recursos naturales y el control de la comercialización internacional.
Por otra parte, el impacto sobre el PBI es desigual por sector. En Colombia se vería beneficiada la producción de automotores, monopolizada por transnacionales, entre ellas la europea Renault; en Perú se beneficiaría la industria de alimentos procesados que en Colombia saldría lesionada; tanto en Colombia y Perú se beneficiarían los sectores de minería, construcción, metales, productos
químicos, textiles y confecciones, pero al mismo tiempo se perjudicarían los sectores del cuero, papelero y maquinaria y equipo (Manchester 2009: 90) y en el caso de Colombia se perjudicaría la mayoría del sector agropecuario y pesquero (Manchester 2009: 77-78).
En cuanto a los servicios, el panorama es desfavorable tanto para Colombia como para Perú. Los impactos negativos más graves se verían en los sectores de seguros, transporte aéreo, recreación y servicios empresariales. Las excepciones son para Colombia (Manchester 2009: 101) en el caso de las comunicaciones, donde la mayor empresa es la española (y británica) Telefónica, y la distribución, ramo en el cual se destacan las empresas francesas Carrefour y Casino.
Sorprende el poco impacto esperado del acuerdo sobre la inversión extranjera directa en la industria, casi nulo en el caso del Perú (Manchester 2009: 110-111). El mayor incremento ocurriría en la inversión para refinación de petróleo en Colombia, 0,9%. Esto puede explicarse porque en realidad la inversión extranjera tiende a localizase en la explotación de petróleo y minerales como el
oro, carbón o níquel. Esta inversión se hace y hará de todos modos y lo que los TLC y “Acuerdos de Asociación” establecen son nuevos derechos de los inversionistas a cambio de exiguos resultados para las economías nacionales.
Por otra parte, la evaluación prevé que los acuerdos con los países andinos tendrán un efecto adverso para el Mercosur y para otros países no desarrollados (entre los que se incluyen los países andinos que los firmen), pues productos europeos sustituirían los provenientes de esos países (Manchester 2009: 67).
Aunque este efecto también se supone para los productos de Estados Unidos, hay que tener en cuenta que Colombia y Perú también firmaron TLC con ese país y por tanto el golpe mayor se lo llevaría la integración latinoamericana y especialmente los países andinos no firmantes y el Mercosur, el cual tendrá una presión más para tratar de imponerles los dictados de los acuerdos.
La leche
Casi cuando estaban por firmarse los acuerdos con Perú y Colombia se conoció que la Unión Europea había conseguido en la última ronda que se eliminara el Sistema Andino de Franjas de Precios, SAFP, que es la única forma de proteger la producción nacional contra las cuantiosas distorsiones que caracterizan el comercio mundial de los productos lácteos. Colombia acordó la eliminación
del SAFP para las importaciones provenientes de la Unión Europea, pero la UE no sacrificó ninguno de sus instrumentos de protección.
La competencia será totalmente desigual, porque la producción europea será subsidiada con 91.300 millones de euros de “ayudas internas” entre 2007- 2013. Aunque los acuerdos estipulan que no habrá subsidios a la exportación, ello no tiene consecuencia práctica, porque los ganaderos europeos seguirán recibiendo el subsidio, considerado “ayuda interna”.
La Unión Europea concentra cerca del 30% de la producción mundial y responde por el 27% de las exportaciones (Fedegan 2010). El mercado mundial de leche, sobre todo el de leche en polvo, es dominado por las empresas comercializadoras de los países industrializados. Dominan el 82 por ciento del total de las exportaciones y los países del tercer mundo absorben el 73 por ciento de
todas las importaciones (ASC 2010).
La aplicación de los acuerdos lesionará a más de 400 mil familias productoras de leche y la repercusión sobre el empleo se haría sentir. En Colombia el impacto será mayor sobre los productores campesinos e indígenas, ya que el decreto 3411 de 2008 prohibió a partir del 26 de agosto de 2010 la comercialización de leche cruda. Hasta ese día el 35% de la producción se vendía cruda al consumidor, que acostumbraba hervir la leche. Desde el punto de vista de los productores, eliminar esta comercialización ha sido parte de una política destinada a sacar a la economía campesina del mercado de la leche, eliminándola administrativamente y entregando el monopolio a las pasteurizadoras que ya concentran el 65% de la producción y que a medida que se aplique el acuerdo con la Unión Europea terminarán como meras intermediarias de las transnacionales lácteas.
El impacto del acuerdo con la Unión Europea será peor si se ratifica el TLC con Estados Unidos, pues ello significará la importación de 7.000 toneladas de leche en polvo, de 3.000 de quesos, de 1.000 de otros lácteos, más 7.500 de carnes industriales y despojos, de un volumen ilimitado de carnes finas y volúmenes ilimitados de lactosueros (Fedegan 2010). Es decir, todo quedaría dispuesto para sacar del mercado a 200 mil familias de pequeños productores. Para mitigar el impacto el gobierno colombiano ha propuesto algunos subsidios cuyo monto resulta ridículo frente al que recibe la producción europea. Los acuerdos ofrecen cooperación a los productores para mejorar su tecnología: ¿ayuda de los competidores para competir? Es poco creíble.
IMPACTO ESTIMADO EN LA VARIACIÓN EN % EN EL PRODUCTO POR SECTOR ECONÓMICO
Escenario ideal de liberación ambiciosa por la UE
Fuente: Manchester 2009: 77, 78, 90, 101
El trabajo
En cuanto al empleo, el impacto tiende a ser negativo, especialmente para los trabajadores industriales no calificados, pues en 11 de 16 sectores industria les va a disminuir. En el caso de los trabajadores calificados, el impacto también es importante, pero menor, ya sólo en 8 sectores habría disminución en el empleo (Alerta 2009: 3-4).
El estudio determina por otra parte el impacto comercial sobre los salarios y establece que es reducido y a veces negativo, como en el caso de Colombia (y además Ecuador y Bolivia) en el escenario de “liberalización moderada” a corto plazo. En Colombia los salarios se reducirían a corto plazo, especialmente para los trabajadores calificados hasta en 0,5% y solamente mejorarían a largo
plazo si hubiera “liberalización ambiciosa”, es decir si Europa aceptara una liberalización mayor, pero de apenas subirían 0,9% y 0,3% para los trabajadores no calificados en Perú y Colombia respectivamente y de 0,3% para los trabajadores calificados en ambos países (Manchester 2009: 63-63). Pero ha quedado claro que la liberación aceptada por la Unión Europea para sí, no es tan ambiciosa.
La evaluación estima que “en el sector de la minería en gran escala las restricciones de los derechos de los trabajadores frenará el incremento significativo de los salarios reales o la mejora de las condiciones laborales” (Manchester 2009: 124).
En cuanto a las libertades sindicales, la política de la Unión Europea ha sido la de fijar como norma los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo OIT. Pero el caso de Colombia demuestra claramente que no se trata simplemente de la vigencia formal de los acuerdos sino del desconocimiento de ellos tanto por las vías de hecho, mediante el asesinato de 2.700
sindicalistas y los cotidianos despidos por sindicalizarse o protestar o mediante trampas legales que ocultan las relaciones laborales mediante contratos de servicios o de obras y mediante las mal llamadas “cooperativas de trabajo asociado” o lo que es lo mismo con los también mal llamados “contratos sindicales”, figuras todas destinadas a ocultar la relación empleador-trabajador, para burlar todo el derecho laboral, incluidos en primer lugar todos los Convenios de la OIT.
La situación de persecución violenta a los sindicatos, que se consolidó en Colombia tiende a extenderse a varios países de América latina como se ve especialmente por el crecimiento de los asesinatos de sindicalistas en Honduras a partir del golpe de estado de 2009. Las cláusulas democráticas de los acuerdos con Centroamérica se firman mientras se multiplican los asesinatos de sindicalistas en Honduras. Esta grave situación solamente puede detenerse si los trabajadores europeos y norteamericanos rechazan cualquier acuerdo de libre comercio en tales condiciones.
Impacto ambiental
El estudio reconoce que se va a incrementar “la actual tendencia a la deforestación” debido al crecimiento de la comercialización de madera y a la expansión de las plantaciones de palma aceitera y caña de azúcar. La dedicación de áreas ricas en recursos naturales renovables a plantaciones y a explotaciones mineras “conllevaría también implicaciones negativas significativas para la biodiversidad” en una de las áreas ecológicas más biodiversas de mundo (Manchester 2009: 113). “El sector minero es un recurso clave en la contaminación del agua –agua ácida con un alto contenido en metales– lo que incrementa los problemas de salud” (Manchester 2009: 124).
El estudio recomienda medidas para mitigar el impacto ambiental de los acuerdos, como normas para hacer sostenible la tala en los bosques; el establecimiento de compromisos de las empresas mineras para adoptar “las mejoras tecnológicas que reduzcan al mínimo las externalidades negativas ecológicas” y de las empresas productoras de agrocombustibles para “minimizar las externali
dades negativas de la contaminación” y “limitar ladestrucción de zonas de biodiversidad”.
Por otra parte el estudio estima que es necesario que el acuerdo ayude a los “pequeños granjeros” a ingresar a mercados selectivos europeos tales como los de productos orgánicos y comercio justo, pero a la vez reconoce que “no se debe esperar que el desarrollo de estos nichos de mercado compense por sí solo el impacto negativo sobre la biodiversidad y la deforestación”(Manchester 2009: 88).
En resumen, el estudio se extiende bastante sobre el impacto ambiental de los acuerdos y realmente muestra un panorama muy triste y propone unos remedios que considera insuficientes. Leyendo el estudio completo lo que puede decirse es que el impacto ambiental del incremento del comercio de los países andinos con Europa es netamente negativo.
Las patentes
El régimen de propiedad intelectual y patentes produce un efecto múltiple, sobre la salud pública, el sector agropecuario, la alimentación y el patrimonio cultural de los pueblos originarios. Los acuerdos con la Unión Europea se negocian y firman en momentos en que en la Organización Mundial de Comercio las transnacionales aun no consiguen el régimen de patentes que desean y buscan establecerlo por la vías de las negociaciones bilaterales (Recalca 2008) y exigiendo la adhesión a tratados como los de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual o a la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas que fue suscrita por Colombia y Perú como parte de los compromisos adquiridos durante la negociación del TLC con Estados Unidos.
En el caso de la salud, cualquier modificación del régimen de patentes de los medicamentos repercute directamente en sus precios, bien sea los que paga directamente el consumidor o los que deben pagar las empresas de seguros de salud o las entidades estatales.
En Costa Rica, por ejemplo, se demostró que, sin la opción de medicamentos genéricos dada la ampliación de las patentes, este país perdería el 81% de la cobertura usando el mismo presupuesto anual destinado a la salud pública (OPS 2004). En Colombia, el decreto 2085 de 2002, los “datos de prueba”, según estudio de la Organización Panamericana de la Salud, aumenta los precios de los medicamentos en US $630 millones en el 2020 y el consumo se reducirá en 26%. La prolongación de la vigencia de las patentes, por la vía de los “seguns dos usos” incrementaría los precios en US $420 millones desde el 2025 (Acosta 2005).
Las disposiciones sobre patentes de medicamentos causan una reducción del cubrimiento de la atención médica y ocasionan que más personas no puedan comprarlos cuando los requieren. En el caso de Colombia el gasto en medicamentos ocupa un papel muy importante en los gastos de salud, hasta el punto que varios gobiernos han establecido diversos tipos de controles tratando de aminorar los déficit del sistema de salud. Este tipo de controles no será posible con la vigencia del TLC.
El recargo de precios se suma al efecto de cualquier fortalecimiento del régimen de patentes sobre la producción agropecuaria, impactando por esta vía el precio y la disponibilidad de los alimentos, generando además monopolios sobre la disponibilidad de las semillas que someten al productor y dejan la alimentación de la población en manos de quienes controlan las patentes.
Además, en el caso de las semillas y en el de los diferentes elementos de la biodiversidad, las patentes expropian el saber cultural de las comunidades rurales, acumulado por siglos y desconocen su carácter colectivo.
Aunque la Unión Europea había manifestado que no trataría de ir más allá del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, está por verse qué es lo que finamente resultó en los textos suscritos.
Migrantes
El único punto que unificaba a todos los gobiernos de la Comunidad Andina y uno de los que unifica a los pueblos de la región es la exigencia de un trato digno a los trabajadores migrantes en la Unión Europea. Sin embargo sobre este punto la UE no aceptó ni acepta discutir nada. Se trata de un acuerdo totalmente asimétrico. En acuerdos con alguna equidad, el libre comercio y las normas económicas van acompañadas de la libertad de tránsito y residencia, de manera que si las medidas comerciales causan desempleo o descenso de la actividad económica en una región, las personas puedan encontrar trabajo e ingresos en otra región, restaurando sus condiciones de vida. Pero en los TLC con Estados Unidos y Europa esto no existe, porque se trata de relaciones completamente asimétricas.
Durante el curso de las negociaciones de los acuerdos y mientras rechazaba todo diálogo al respecto, la Unión Europea aprobó en 2008 la “Directiva de Retorno” que incrementa la persecución de los trabajadores migrantes “sin papeles”. Mientras las políticas neoliberales y de libre comercio siguen provocando el incremento de la migración y obligan a latinoamericanos, europeos orientales, asiáticos y africanos a migrar a Europa, Japón y Estados Unidos, las cruzadas contra los migrantes se multiplican.
El recargo de precios se suma al efecto de cualquier fortalecimiento del régimen de patentes sobre la producción agropecuaria, impactando por esta vía el precio y la disponibilidad de los alimentos, generando además monopolios sobre la disponibilidad de las semillas que someten al productor y dejan la alimentación de la población en manos de quienes controlan las patentes.
Además, en el caso de las semillas y en el de los diferentes elementos de la biodiversidad, las patentes expropian el saber cultural de las comunidades rurales, acumulado por siglos y desconocen su carácter colectivo.
Aunque la Unión Europea había manifestado que no trataría de ir más allá del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, está por verse qué es lo que finamente resultó en los textos suscritos.
Migrantes
El único punto que unificaba a todos los gobiernos de la Comunidad Andina y uno de los que unifica a los pueblos de la región es la exigencia de un trato digno a los trabajadores migrantes en la Unión Europea. Sin embargo sobre este punto la UE no aceptó ni acepta discutir nada. Se trata de un acuerdo totalmente asimétrico. En acuerdos con alguna equidad, el libre comercio y las normas económicas van acompañadas de la libertad de tránsito y residencia, de manera que si las medidas comerciales causan desempleo o descenso de la actividad económica en una región, las personas puedan encontrar trabajo e ingresos en otra región, restaurando sus condiciones de vida. Pero en los TLC con Estados Unidos y Europa esto no existe, porque se trata de relaciones completamente asimétricas.
Durante el curso de las negociaciones de los acuerdos y mientras rechazaba todo diálogo al respecto, la Unión Europea aprobó en 2008 la “Directiva de Retorno” que incrementa la persecución de los trabajadores migrantes “sin papeles”. Mientras las políticas neoliberales y de libre comercio siguen provocando el incremento de la migración y obligan a latinoamericanos, europeos orientales, asiáticos y africanos a migrar a Europa, Japón y Estados Unidos, las cruzadas contra los migrantes se multiplican.
La crisis económica agudizó tanto la salida de migrantes como la persecución en los países receptores. Las barcas naufragan llegando a sus destinos, los migrantes son masacrados por bandas que los extorsionan en las fronteras o deben herirse o morirse al pasar por muros, túneles o alambradas, es una de las más graves crisis de derechos humanos del momento y los gobiernos europeos no hacen más que tomar más medidas violatorias de los derechos humanos, como la reciente expulsión de gitanos en Francia, mientras que crecen y amplían su representación política grupos abiertamente racistas con simbología neonazi ganan fuerza, como es el caso del Jobbik y su “Guardia Húngara”.
Es hora de que los “diálogos” pongan sobre la mesa tanto los temas de la persecución de sindicalistas o el despojo violento de tierras en América latina, como también el crecimiento del racismo y la persecución de los migrantes en Europa. Son dos lados de la misma moneda de los impactos del neoliberalismo y el libre comercio a los dos lados del mar.
Aunque la evaluación afirma que “los efectos de la migración en los medios de subsistencia rurales y los niveles de pobreza son inciertos” (Manchester 2009: 82), los acuerdos con la Unión Europea incrementarán la migración laboral procedente de Latinoamérica, tal y como ocurrió con TLCAN en México. Es algo que no puede ocultarse y exige una evaluación detallada. La respuesta de la UE ya está diseñada, la represión contra los migrantes, que significará más violaciones contra sus derechos humanos y peor pago por su trabajo.
El acuerdo pretendía inicialmente ir más allá de los TLC en la medida en que abarcaría los temas de “diálogo y cooperación”. Sin embargo la Unión Europea ya anunció que los países europeos van a remarcar la cooperación internacional como un instrumento para facilitar el libre comercio. Se espera un giro en la orientación de los programas de cooperación hacia una perspectiva basada en promover el fortalecimiento de la capacidad técnica de los empresarios colombianos y peruanos, en un escenario de apertura
comercial (Silverman 2008).
Esto significa que, con las limitaciones fiscales propias de la crisis económica, se debilitarán los programas de cooperación destinados al desarrollo social. Esto tiene implicaciones graves, especialmente en el caso de Colombia, pues los europeos han invertido recursos de cooperación en programas de importancia relacionados con derechos humanos, derecho internacional humanitario, desarrollo equitativo, planes de vida y derechos laborales (Silverman 2008).
¿Pueden mitigarse los efectos?
La evaluación de la Universidad de Manchester termina con un cuadro sobre las medidas destinadas a mitigar los impactos negativos de los acuerdos entre los países andinos y la Unión Europea. Propone por ejemplo incluir un capítulo sobre desarrollo sostenible en el Acuerdo, que enfatice en las “mejoras tecnológicas que reduzcan al mínimo las externalidades ambientales negativas en el sector minero” (Manchester 2009: 129), “fortalecer la regulación ambiental, incluido el control efectivo del crecimiento industrial de manera sostenible” (Manchester 2009: 131) y establecer varias “monitorías” u observatorios para
seguir y evaluar del impacto ambiental y social.
También propone incluir en el capítulo sobre desarrollo sostenible “una referencia a la exigencia de que ambas partes se comprometen a la aplicación efectiva de las normas laborales fundamentales de la OIT”. Es de advertir que en el capítulo sobre cooperación social del acuerdo entre Chile y la Unión Europea se establece que los programas de cooperación entre los Estados partes incluyen los que promueven la creación de empleo bajo el marco del pleno cumplimiento de los derechos laborales fundamentales enumerados en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT, pero el acuerdo no
obliga a los Estados firmantes del tratado a respetarlos (Silverman 2008).
Varias recomendaciones son simples declaraciones de buena voluntad, tales como el “refuerzo de la protección social, especialmente de las condiciones laborales y del empleo” o la “realización de continuos esfuerzos para cooperar con el sector corporativo para mejorar las medidas de responsabilidad social corporativa, en particular en las industrias extractoras de minerales” y la “realización de continuos esfuerzos para cooperar con las organizaciones de la sociedad civil para producir mecanismos eficientes para la monitorización y la evaluación de la puesta en práctica de acuerdos comerciales” (Manchester 2009: 128).
La mayoría de las recomendaciones se refiere a medidas internas o a simples criterios por los que cada una de las partes puede o no optar, para mitigar los efectos negativos o también a proyectos de cooperación con el mismo objetivo, así como a seguimientos técnicos de los impactos para tratar de hacer correcciones. En cambio era y es necesario condicionar cualquier acuerdo a la efectiva protección de los derechos colectivos fundamentales.
Estudiando la evaluación de la Universidad de Manchester queda claro, sin embargo, que en su esencia estos acuerdos son similares al TLC con Estados Unidos y las diferencias son sobre aspectos parciales.
Los sectores favorecidos están enumerados: la minería monopolizada por las transnacionales, las plantaciones, los textiles y de acuerdo con el país uno u otro más, como es el caso de las comunicaciones, los productos químicos y el sector automotriz en Colombia, también copados por las transnacionales.
A pesar de dejar por fuera parte de los impactos, la evaluación detecta importantes efectos negativos “que va a plantear retos medioambientales y sociales significativos” (Manchester 2009: 124).
No se propone hacer un balance de fondo sobre los impactos positivos y los supuestos efectos positivos, pues tendría que reconocer el carácter esencialmente asimétrico de los acuerdos y como la parte europea resulta ganadora neta y son sus transnacionales el beneficiario principal debido a las garantías a los inversionistas, que la evaluación no estudia.
Así las cosas, aunque la mayoría de las medidas propuestas puedan considerarse convenientes en el caso de que entren en vigencia los acuerdos, no se examina de fondo la conveniencia o inconveniencia de los acuerdos en sí mismos. Así al final, todo parece una propuesta sobre cómo ejecutar un plan que sólo beneficia a determinados sectores identificados, tratando de hacer menos daño a la demás gente y al ambiente. Es lógico que los movimientos sociales populares de América Latina y Europa no puedan compartir semejante perspectiva.
La delegación de Bolivia al comenzar las negociaciones expresó: “Los pueblos, el ser humano y la naturaleza deben ser los principales beneficiarios de este Acuerdo de Asociación. Debemos superar esa práctica en la que los intereses empresariales transnacionales se anteponen a las necesidades de la población y el medio ambiente. La sociedad civil y las organizaciones sociales deben participar activamente en la construcción de este Acuerdo de Asociación para que exista una verdadera integración que comprenda a los Estados y a los pueblos.” Queda claro que esta propuesta fue rechazada y que en los Acuerdos de Asociación entre la UE y Perú y Colombia se mantuvo la práctica de anteponer los intereses de las transnacionales a las necesidades de la población y del medio ambiente.
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