Desde el 2008 cadáveres de jóvenes pobres, vagabundos y dirigentes sociales empezaron a ser desenterrados en Colombia. Habían sido vestidos con uniformes de guerrilleros y los militares cobraban días libres o dinero por ellos. Más de 2 mil cuerpos hallados muestran el lado oscuro de la política de seguridad democrática implementada para, irónicamente, combatir la guerrilla.
Jacqueline esperaba salir de vacaciones para compartir con su hermano Jaime Castillo. Ambos vivían en Bogotá en agosto del 2008 y sólo alcanzaban a compartir cuando Jaime la esperaba en la esquina de su casa de madrugada y la acompañaba a coger el bus para llegar temprano al trabajo.
Acostumbrada a la vida diletante de Jaime, pasaban semanas sin verse. Ella lo aconsejaba y a veces le daba dinero; él le dibujaba imágenes de Cristo y le regalaba guitarras de madera para que adornara su hogar. Pero cuando por fin Jacqueline salió de vacaciones, Jaime llevaba días desaparecido. Una mañana había llamado para ir a almorzar a Gloria, su hermana menor, pero nunca llegó.
Jacqueline pasó sus vacaciones entre Medicina Legal y el CTI (Cuerpo Técnico de Investigación) colombiano viendo fotos de los cadáveres que llegaban, mientras por las noticias de la televisión mostraban la extraña desaparición de 11 jóvenes de Soacha, localidad al sur de Bogotá, cuyos cuerpos fueron apareciendo en Ocaña, poblado ubicado al norte de Santander, enterrados como NN en fosas y vestidos como guerrilleros.
En su ir y venir buscando a Jaime, la investigadora asignada del CTI le dijo que pidiera las fotos de los NN de Ocaña en Medicina Legal. Entre los muertos de Soacha había sólo uno entre 40 y 45 años. La funcionaria que la atendió tomó los datos, los digitó en el computador y Jacqueline vio en una pantalla el rostro de su hermano muerto. Era el 7 de octubre del 2008.
La versión del Ejército decía que Jaime murió junto a otro sujeto el 12 de agosto luego de entrar en combate. Una pistola aparecía junto al cadáver, respaldando la tesis oficial. Jacqueline fue junto a su otro hermano a buscar el cuerpo de Jaime a Ocaña. En una fosa de 3 por 3 metros lo encontró. Tenía la cara golpeada y cuatro impactos de fusil, a ambos lados de la espalda y en cada pierna.
Cada palada desenterrando a Jaime, involucraba a Jacqueline y su familia en uno de los capítulos más sangrientos y oscuros de la reciente historia de Colombia: los llamados falsos positivos, eufemismo que se le dio a los asesinatos de civiles por parte del Ejército colombiano para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate a cambio de recompensas o días libres.
Presentada como el más grande éxito de los 8 años del gobierno de Álvaro Uribe, la Política de Seguridad Democrática fue la estrategia diseñada para terminar con décadas de guerrilla y violencia armada.
Deseoso de mostrar resultados, el gobierno de Uribe aplicó una política de estímulo a los militares por bajas propinadas a las FARC. Así, el 2005 el ministro de Defensa, Camilo Ospina, emitió la Directiva Nº 029, que otorgaba bonos en dinero, días de descanso y otras regalías a los soldados y las compañías que mostraran efectividad en su combate a la guerrilla.
Los resultados fueron el gran capital político de Uribe: Los colombianos volvieron a transitar seguros por las carreteras, se redujeron los secuestros y fueron liberados los secuestrados más emblemáticos por las FARC, como 3 contratistas estadounidenses y la ex candidata a la presidencia, Ingrid Betancourt.
Pero datos de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía dan cuenta que tras la firma de la Directiva 029, las denuncias sobre desapariciones pasaron de 73 el 2005 a 122 en 2006 y 245 en 2007. Un informe de una comisión internacional que visitó Colombia el 2008, invitados por organizaciones de derechos humanos, acusa que en los primeros 5 años del gobierno de Uribe (2002-2007), se incrementaron en 67% las ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la fuerza pública comparados con el quinquenio anterior.
Alberto Yepes, abogado y coordinador de la Comisión Colombia-Europa-EEUU de DDHH, acusa que “desde el 2002 al 2009 comentamos 3.180 casos de ejecuciones extrajudiciales”. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación tiene documentados a 2.300 víctimas en su unidad de DDHH y otras 600 en otras secciones.
Pero la respuesta de Uribe a estos informes fue que eran falsas y acusó a los investigadores de derechos humanos de defender el “terrorismo” y de ser “compinches” de la guerrilla. Diana Sánchez, investigadora de la organización de DDHH Minga, comenta que “Uribe transformó el imaginario colectivo, ya que acabar físicamente con el enemigo es una victoria y hay que aplaudirlo”.
Yepes asegura que “cada vez que se daba de baja a presuntos o reales delincuentes, había una gigantesca convocatoria a los medios, con rueda de prensa y se presentaban como trofeos de dicha política un número cada vez más abultado de cadáveres, en el marco de discursos entusiastas de los asistentes”.
Días antes de entregar el Palacio de Nariño, el gobierno de Uribe dio a conocer que la lucha contra la insurgencia logró que la guerrilla se redujera de más de 25 mil soldados que tenía el 2002 a 8 mil que mantiene las FARC y 1.500 el ELN el 2009.
A juicio de Iván Cepeda, recién electo congresista y del Movimiento de Víctimas de los Crímenes de Estado (Movice), las cifras no cuadran: “Hay más de 200 mil casos de personas puestas fuera de combate, entre éstas 50 mil desmovilizados, unos cuantos detenidos y otros miles muertos. El problema es que los guerrilleros no tenían más de 16 mil miembros cuando Uribe tomó el poder. Los paramilitares tenían 12 mil personas. O sea, han eliminado 3 ó 4 veces los grupos existentes y esos grupos siguen teniendo cuadros”.
Faír Leonardo Porras tenía 26 años al momento de desaparecer y trabajaba como ayudante en la construcción. Fue el primero de la larga lista de Soacha y, pese a que tenía problemas sicomotrices y era zurdo, el Ejército lo reportó como guerrillero abatido en combate en Ocaña con un arma empuñada en su mano derecha el 12 de enero del 2008, cuatro días después de haber desaparecido. Le siguieron Elkin Gustavo Verano, de 25 años, y Joaquín Castro, de 27 años, amigos que trabajaban en un taller de autos y se esfumaron el 13 de enero del mismo año para aparecer 8 días después como insurgentes abatidos por la Brigada Móvil XV, con sede en Ocaña, a 600 kilómetros de su lugar de origen.
Los casos se repitieron hasta agosto del 2008 y la Procuraduría definió que el patrón común de las víctimas era que tenían entre 16 y 32 años, habían sido contactadas por civiles con la promesa de un trabajo en fincas en otras regiones, engañados se les pagó el pasaje y luego eran entregadas a militares.
Con el correr de los días, en distintos departamentos de Colombia surgieron denuncias que acusaban la desaparición de personas. Un mimo que vivía en la calle en Huila, que desapareció junto a otros 4 vagabundos; dos muchachos que estaban en tratamiento antidrogas en Suaza; un lustrabotas de Bucaramanga o dos vendedores de dulces del Parque de Berrío de Medellín daban cuenta de que la seguridad democrática estaba cobrando la vida de miles de colombianos.
Desde el 2007 que las Naciones Unidas ya había hecho ver a Uribe su preocupación por la desaparición y muerte de jóvenes pobladores.
Cuando se destapó el escándalo el gobierno recurrió a la tesis de que era una infiltración de los terroristas y del narcotráfico entre los militares. “Hemos controvertido esa tesis, demostrando que estos crímenes tienen similares patrones de comportamiento y se repiten en distintos regimientos de 23 departamentos del país” -sostiene Cepeda.
Ante la evidencia Uribe, en noviembre de 2008, llamó a retiro a 27 militares, entre ellos a 3 generales, 4 coroneles y 7 tenientes coroneles por su implicancia en los hechos o estar al mando de las unidades militares acusadas. De paso se derogó la Directiva 029.
Entre los 2.300 casos llevados por la Fiscalía figuran 59 de menores de edad y 122 de mujeres. Sólo se han dictado 137 condenas contra militares y otros 396 tienen órdenes de captura.
Cepeda considera “difícil hacer una estimación porque pese a la estadística de organizaciones de DD.HH., hay varios casos que quedan en la impunidad al no ser denunciados por las víctimas”. Además acusa la impunidad en el 98% de los casos. En la investigación por la muerte de Jaime, el fiscal de Cúcuta recién está reuniendo las pruebas y aún no llama a la primera audiencia.
Cuando la sociedad colombiana aún no se reponía del genocidio de los falsos positivos, se desayunó con el descubrimiento de una fosa en el pueblo de La Macarena, 200 kilómetros al sur de Bogotá, donde se estima hay entre 400 y 2 mil cadáveres enterrados como NN.
Las fosas constituyen el más grande cementerio clandestino del continente y se halla al lado de la base local de las brigadas móviles de la Fuerza de Despliegue Rápido. Se calcula que hay unas 3 mil fosas clandestinas repartidas en todo el territorio colombiano y la Fiscalía mantiene igual número de cuerpos que no ha podido identificar. El MOVICE estima en más de 50.000 las personas desaparecidas por militares o grupos paras en las dos últimas décadas y, según los datos entregados por el gobierno de Uribe, el 70% de las bajas atribuidas a las guerrillas tienen el rótulo de NN y yacen diseminadas por territorio colombiano. Cepeda acusa la impunidad en el 98% de los casos. En el caso de Jaime Castillo, el fiscal de Cúcuta, a cargo del caso, recién está reuniendo las pruebas y aún no llama a la primera audiencia.
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