Se difundió a los cuatro vientos que en La Macarena, al sur de Colombia, se encontraba la mayor fosa común de América Latina. Parecía que podrían sacársele los colores a un Gobierno habituado a la impunidad, pero han pasado las semanas y las portadas de los diarios, y queda lo de siempre: más muertos y más amenazas.
Ruben PASCUAL
Nada ha cambiado, al menos a mejor, para los habitantes de la localidad de La Macarena -departamento del Meta, al sur de Colombia-, desde que a finales de julio presentaran al mundo la mayor fosa común de América Latina, que alberga los restos de al menos 2.000 personas.
Aunque se había hablado de ello anteriormente, el pasado 21 de julio -apenas dos semanas antes de que Álvaro Uribe dejara la Presidencia-, unas 500 personas, encabezadas por parlamentarios colombianos y europeos, así como organizaciones de derechos humanos y familiares de ejecutados y desaparecidos en la región, tomaron parte en una audiencia pública que pretendía dar a conocer la fosa situada junto al cementerio y ofrecer sus testimonios.
Los asistentes trataron de poner palabras al sufrimiento del que vienen siendo víctimas desde que las tropas de élite del Ejército colombiano -Fuerza de Tarea Conjunta Omega, FUTCO- entraron a sangre y fuego en esta región, en aplicación del Plan Colombia que, con la bendición y la asesoría de EEUU, siguió a la ruptura de las negociaciones con el Gobierno de Andrés Pastrana. Este plan, que buscaba sojuzgar lo que tradicionalmente había sido bastión de la insurgencia, arreció durante los 8 años del uribismo.
«Fue aberrante», relata a GARA Felipe Cantera, integrante de la Plataforma No Más Bases que se desplazó hasta el lugar para elaborar un documental sobre La Macarena, con el objetivo de «visibilizar y dar difusión a los testimonios de las víctimas». «Un hombre contó que el Ejército no le dejó acceder a su casa y la bombardeó con su mujer dentro, a la que luego presentaron como una guerrillera muerta en combate», recuerda.
Es sólo un caso. Hay miles. La mayoría de testimonios apuntaba como responsables de las desapariciones a la FUTCO: «los campesinos sospechaban que sus familiares estaban en La Macarena porque habían sido presentados como guerrilleros caídos en combate».
Estas ejecuciones extrajudiciales, apunta Cantera, se dispararon en 2006, a partir de una circular del Ministerio de Defensa -cuyo titular era el actual presidente, Juan Manuel Santos- en la que se decretaba el pago de alguna recompensa económica o de méritos de cara a un ascenso por cada baja enemiga. «Son los mal llamados `falsos positivos', pero no son más que ejecuciones extrajudiciales», aclara.
Según narra, este tipo de prácticas se extendió a amplias zonas del país, «pero la punta del iceberg» fue esta región, «donde nunca ha habido presencia paramilitar».
«Aquí hubo arrasamiento»
El senador del Polo Democrático y fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, Iván Cepeda, denunció, en declaraciones a «La Jornada» durante la audiencia pública, que «La Macarena nos fue presentada como el laboratorio más exitoso de la [política gubernamental de] Seguridad Democrática, como una zona plenamente recuperada y consolidada por el Estado. Ahora tenemos claro que aquí no hubo recuperación del territorio sino arrasamiento».
Ante las denuncias de familiares y organizaciones sociales y, a pesar del intento de silenciamiento por parte de los grandes medios de comunicación en el país, la Fiscalía se vio obligada en agosto a comenzar con las inhumaciones y a investigar esos cadáveres. La ONU, por su parte, también elaboró un informe al respecto, cuyos resultados se dieron a conocer el pasado 7 de setiembre.
En él, pese a que hacía serias advertencias sobre la actitud que debería tomar el Estado para evitar este tipo de hechos, se descartaba que en La Macarena haya una fosa común con 2.000 cadáveres. Confirmó sin embargo la existencia de 446 cuerpos sin identificar (los conocidos como NN, Nomen Nescio) que fueron reportadas como muertos por la fuerza pública. La noticia fue aplaudida por el Gobierno, que pareció obviar el resto del informe, en el que se «urge» a la Fiscalía a «analizar cuidadosamente las posibilidades a su alcance para atender de manera pronta y efectiva la identificación de los fallecidos».
A pesar de todo, Cantera alerta de que «lo importante no es si hay o no una fosa común. Lo importante es que hay 2.000 cadáveres sin identificar y habrá que investigar qué ha pasado con ellos», ya que «el Gobierno habla de 446 cuerpos, porque ni siquiera exhumaron todos los cadáveres que hay».
Además, se mostró tremendamente preocupado porque la denuncia del caso de La Macarena no ha sido gratuita. Cantera apunta que Iván Cepeda ha recibido correos amenazándole por este tema, pero hay otro caso aún más grave. Norma Irene Pérez, defensora de los derechos humanos y una de las caras visibles en la denuncia de la fosa común, desapareció el 7 de agosto, y apareció muerta seis días más tarde con varios disparos.
Datos preocupantes para un país que tiene un índice de impunidad del 98%.
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