Colaboracion: Compañera Albania Camacho y Yoselyn Gomez Chodil...
A 50 días de iniciada la huelga de hambre de 32 prisioneros políticos mapuche, Wallmapuwen emite el siguiente pronunciamiento, solidarizando con los presos, sus familias y comunidades, demandando a su vez al gobierno abordar la movilización desde el diálogo político.
Pronunciamiento Político
50 días en huelga de hambre. 50 días de dignidad nacional mapuche
«Juventud de mi raza: si alguna vez en el camino de la fatigosa jornada que vais venciendo, sintiereis decepcionado vuestro espíritu y faltos de vigor vuestros músculos, no olvidéis que vuestros antepasados lucharon y murieron heroicamente defendiendo el prestigio de nuestra raza, no aceptando la usurpación de sus tierras y de sus derechos. Compatriotas: salud y fraternidad». Manuel Nekulmañ, Sociedad Caupolican Defensora de la Araucanía, 1931.
El 12 de julio una veintena de patriotas mapuche, prisioneros políticos en cárceles chilenas, iniciaron una huelga de hambre. Con los días se fueron sumando otros, llegando en total a 32 quienes han decidido colocar en riesgo sus vidas para exigir un juicio justo. Sus demandas son la no aplicación de la Ley Antiterrorista en causas mapuche; que no existan dobles procesamiento en la justicia civil y militar; garantizar el debido proceso; terminar con los montajes político-judiciales; y la desmilitarización de las comunidades que reivindican frente a empresas transnacionales y propietarios particulares sus derechos territoriales.
La actual administración, encabezada por el presidente Sebastián Piñera, continúa con la política de criminalización de las demandas mapuche de los gobiernos de la Concertación. Esta política ha llevado a que en el último año más de 200 mapuche hayan sido requeridos judicialmente, más de 60 se encuentran actualmente encarcelados sin ninguna garantía de un juicio justo (entre ellos tres menores de edad), de los cuales 58 corresponden a procesos por Ley Antiterrorista. Esta política ha llevado además a que sendos informes de organismos internacionales exijan al Estado garantizar en Wallmapu el respeto a los Derechos Humanos. Uno de ellos, el debido proceso judicial.
Wallmapuwen respalda la acción de los presos y hace suyas sus demandas. El partido, junto con visitarlos y ofrecerles su colaboración, ha gestionado en el exterior el apoyo de formaciones políticas aliadas, acogiendo el llamado de los propios huelguistas a internacionalizar su movimiento. Es así que acciones de denuncia han tenido lugar en Galiza, País Vasco y Catalunya, en coordinación con fuerzas amigas de la causa mapuche, las que han comprometido esfuerzos para llevar el caso ante sus respectivos parlamentos autonómicos, así como ante las Cortes de España y el propio Parlamento Europeo en Bruselas.
En este mismo sentido, otras iniciativas serán desarrolladas por Wallmapuwen y nuestros aliados políticos en Bretaña, Irlanda y País de Gales. La comunidad internacional debe conocer esta realidad. Gobiernos, fuerzas políticas y la sociedad civil democrática del mundo deben tomar consciencia que el Estado chileno, aquel que se presenta en los foros internacionales como una democracia moderna, aplica a nuestra población leyes heredadas de una dictadura, asesina a jóvenes luchadores y encarcela arbitrariamente a mujeres, hombres, ancianos y niños.
Colonialismo y racismo
La huelga de hambre es el resultado de una condición política estructural: la situación colonial que sufrimos como pueblo a partir de la conquista chilena del País Mapuche independiente en la segunda mitad del siglo XIX, la mal llamada «Pacificación de la Araucanía». Los mapuche hemos sido despojados, expoliados de nuestras tierras y base económica, empobrecidos a tal punto que la Araucanía es lejos, con un índice de pobreza del 27,1% y un índice de indigencia de 9%, la región más pobre de todo el Estado. Es, a partir del 2006, también aquella en que más han aumentado tanto la pobreza como la indigencia. ¿De qué «desarrollo» nos hablan cuando, tanto a nivel del Wallmapu como del Estado chileno, la desigualdad de ingresos entre población mapuche y población chilena resulta escandalosa?
Todos los atropellos e injusticias a que se nos somete, desde la criminalización de nuestra lucha hasta la pérdida progresiva del mapuzugun, nuestra lengua nacional, son manifestaciones de esa situación colonial y de la opresión nacional a que está sometido nuestro pueblo por parte del Estado chileno. Pero en los últimos años ha aflorado con mayor fuerza un componente consustancial del colonialismo: el racismo. Ya no se trata sólo del racismo social, aquel que nos llega en la misma cara en la escuela, en el barrio o en los lugares de trabajo, sino que de un racismo oficial, que hace uso de las instituciones del Estado para estigmatizar, discriminar y prejuzgar al mapuche por su condición étnica.
El Estado y el poder judicial no buscan hacer justicia, buscan amedrentar y para ello recurren a todo tipo de maniobras. En cada condena que afecta a un patriota mapuche va implícito un mensaje claro: «dejen de luchar, dejen de resistir». El fiscal es hoy una figura inquisitiva, para quien el mapuche es culpable «sí o sí». Ávidos de cámaras de televisión y promociones laborales, los fiscales engrosan sus curriculum con el sufrimiento de nuestra gente. Ayer eran los tinterillos, siempre disponibles para firmar el despojo territorial; hoy los fiscales, disponibles para secar en la cárcel a todo mapuche que alce la voz por sus derechos. «Nidos de litigantes», decían nuestros dirigentes antiguos; «Nidos de fiscales», decimos nosotros hoy.
En Chile no existe la igualdad ante la ley, no para los mapuche. Ello lo evidencia la desproporción entre los delitos investigados y las leyes y condenas que se nos aplican; lo evidencia también la impunidad de que se benefician los autores y responsables políticos y judiciales de estas violaciones a los Derechos Humanos de la población mapuche. La violencia policial contra la población indefensa de las comunidades, incluidos ancianos y niños, la tortura y tratos vejatorios contra los detenidos, los apaleos y golpizas recurrentes, demuestran que a los mapuche en Chile se nos considera ciudadanos de «segunda clase». A ningún sector de la población chilena el Estado y sus instituciones otorgan un trato similar.
El cerco comunicacional
En una sociedad democrática los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Constituyen generadores de opinión pública, fiscalizan las actuaciones del poder político y económico, deben ser accesibles a todos los ciudadanos por igual, independiente de su condición social o étnica. Pero no, esta no es una sociedad democrática. En Chile, como nunca, el monopolio de los medios de comunicación ha quedado en evidencia en esta coyuntura. Primero, para silenciar la huelga y nuestra lucha en general; luego, para propagar infamias contra el mapuche, impulsar campañas del terror, sin que los afectados tengan el menor derecho a réplica.
A 50 días de iniciada la huelga, son escasas las referencias a esta y sus demandas en la prensa escrita, televisión y radios. Un verdadero cerco de silencio, que atenta no sólo contra el derecho de los mapuche a estar debidamente informados. Es también a la sociedad chilena a quien se niega hoy este derecho. Por estos días, evidentes son los esfuerzos del gobierno por silenciar la huelga con el accidente en la mina San José de Atacama. Wallmapuwen solidariza con los 33 mineros y sus familias, y espera que los dueños del sobreexplotado yacimiento paguen con cárcel su irresponsabilidad criminal. Los mineros y sus familias no son responsables que las autoridades utilicen su dolor para esconder el nuestro.
Wallmapuwen hace un llamado a todas las personas honestas y solidarias a no dejar que la desinformación y la manipulación ejercida sepulten también bajo tierra la situación de nuestros hermanos en prisión. Es necesario romper las barreras comunicacionales y multiplicar las voces de protesta. Se vuelve imperioso informar a la ciudadanía sobre las causas que llevaron a 32 patriotas a poner en riesgo su vida.
Déficit democrático
La huelga de hambre y nuestra situación como pueblo dejan en evidencia ante el mundo el bajo estándar democrático de Chile. Aspectos sustantivos de la Constitución Política de 1980 y las leyes represivas promulgadas bajo la dictadura militar se mantienen vigentes en Chile, en particular la Ley Antiterrorista, la Ley de Seguridad Interior del Estado y las excesivas atribuciones de la Justicia Militar. Que después de veinte años de gobiernos electos estas leyes no hayan sido derogadas o modificadas, en acuerdo con los pactos internacionales firmados por Chile en materia de Derechos Humanos, es una vergüenza para todos los demócratas.
En el caso de la Ley Antiterrorista, su aplicación en Wallmapu no se condice con los delitos comunes que persigue. Lleva aparejada además estigmatización, persecución, procesamientos viciados e inhumanas condiciones carcelarias. De gravedad particular es el uso de «testigos sin rostro». El debido proceso judicial y los Derechos Humanos de los procesados son así gravemente vulnerados, sin olvidar los montajes policiales destinados a ocultar crímenes de las fuerzas represivas y acusar de falsos delitos a los mapuche. A pesar de las pruebas existentes, ninguno de los responsables policiales de tales montajes ha debido responder ante la Justicia o ha sido expulsado de la institución; lejos estamos aquí de las normas que habitualmente rigen en un Estado de derecho democrático.
La reacción tibia, insuficiente y tardía del Instituto de Derechos Humanos respecto de la huelga constituye el símbolo más claro de la actitud de las instituciones del Estado en la materia. Es por ello que la democratización del Estado es también objetivo central de la lucha mapuche. Un centralismo asfixiante, con regiones gobernadas por autoridades designadas y supeditas a las decisiones del poder central; un sistema electoral injusto y antidemocrático para la elecciones parlamentarias; una Ley de Partidos excluyente que dificulta la emergencia de nuevas fuerzas políticas; el bajo estándar de reconocimiento de derechos colectivos sociales y políticos; son todas deudas de la «democracia» chilena.
Responsabilidades del gobierno
El gobierno chileno debe renunciar a su política de oídos sordos ante las demandas de los presos políticos en huelga. El gobierno debe ponerse en disposición de dialogo político para atender específicamente sus demandas y poner término a una movilización que pone a diario sus vidas en riesgo. Un final trágico de esta movilización será de exclusiva responsabilidad del gobierno de Sebastian Piñera.
Junto a la solución política dialogada, se debe avanzar en reformas que permitan la derogación de la actual Ley Antiterrorista. Asimismo, demandamos que el Estado, el gobierno y sus instituciones se hagan responsables del daño que han causado a comunidades y familias, adoptando medidas de reparación para los afectados. Numerosos mapuche han sido absueltos luego de años de «cárcel preventiva» y orquestadas campañas de desprestigio social. Para todos ellos exigimos reparación.
El gobierno debe retirar a la policía militarizada de los campos del Wallmapu y eliminar sus métodos represivos y de amedrentamiento colectivo. Del mismo modo se debe castigar los crímenes cometidos por sus uniformados; exigimos justicia para los familiares de Alex Lemun, Matías Katrilew y Jaime Mendoza Kollio; y castigo para sus asesinos, el mayor Marco Aurelio Treuer Heysen y los cabos de Carabineros, Walter Ramírez Espinoza y Miguel Patricio Jara Muñoz.
Responder como Nación
Somos un pueblo diverso, como lo es todo pueblo. Pero hay desafíos ante los cuales debemos responder unidos. Wallmapuwen apoya la lucha de los presos políticos no solo por solidaridad. Lo hace porque formamos parte de un mismo pueblo, porque conformamos un mismo movimiento nacional, porque independiente de legítimas diferencias políticas, compartimos con ellos un horizonte de autodeterminación para nuestro pueblo y el Wallmapu, el País Mapuche.
El movimiento social mapuche, las comunidades, sus expresiones políticas organizadas, deben considerar la huelga de hambre de los presos como un legítimo acto de resistencia nacional, una acción de compatriotas que cuestiona toda una política de criminalización racista contra nuestra nación. La represión es contra el pueblo mapuche y ello nos demanda actuar en bloque, responder como nación. El impune escenario represivo no puede tolerarse más. Nuestros patriotas en huelga no lo aceptan, nosotros como pueblo tampoco.
Debemos recordar que hace cien años, el movimiento mapuche surgió en un contexto de ocupación militar, violencia y racismo colonial. Ello marcó a las generaciones que dieron vida a las primeras organizaciones. Sufrieron la violencia del Estado y los colonos. Fueron víctimas del actuar racista de los «Tribunales de Indios» y su despojo legal. Ante ello se rebelaron y respondieron de manera colectiva. Lo hicieron con las armas de la Política. En los campos, en las calles y en el Congreso chileno, lucharon para defender nuestra tierra y nuestros derechos. Ocho diputados y decenas de regidores nos señalan desde entonces un camino. Sin esa lucha ya habríamos sucumbido como nación.
Mientras no se supere nuestra condición colonial, la prisión política seguirá afectando a patriotas mapuche hoy o mañana. Tratar debidamente el conflicto implica para nuestro pueblo y el Estado avanzar hacia una solución política. Para nosotros como partido, ello supone colocar al centro el reconocimiento de nuestros derechos en tanto nación y avanzar en la descentralización del Estado y en la obtención de un Estatuto de Autonomía que garantice, entre otros, nuestro derecho a la tierra, la lengua y la autodeterminación. Sólo ello impedirá que el actual escenario de conflicto se agudice o eternice en Wallmapu, profundizando la injusticia, el racismo y la opresión nacional.
A 50 días de iniciada la huelga de hambre de 32 prisioneros políticos mapuche, Wallmapuwen emite el siguiente pronunciamiento, solidarizando con los presos, sus familias y comunidades, demandando a su vez al gobierno abordar la movilización desde el diálogo político.
Pronunciamiento Político
50 días en huelga de hambre. 50 días de dignidad nacional mapuche
«Juventud de mi raza: si alguna vez en el camino de la fatigosa jornada que vais venciendo, sintiereis decepcionado vuestro espíritu y faltos de vigor vuestros músculos, no olvidéis que vuestros antepasados lucharon y murieron heroicamente defendiendo el prestigio de nuestra raza, no aceptando la usurpación de sus tierras y de sus derechos. Compatriotas: salud y fraternidad». Manuel Nekulmañ, Sociedad Caupolican Defensora de la Araucanía, 1931.
El 12 de julio una veintena de patriotas mapuche, prisioneros políticos en cárceles chilenas, iniciaron una huelga de hambre. Con los días se fueron sumando otros, llegando en total a 32 quienes han decidido colocar en riesgo sus vidas para exigir un juicio justo. Sus demandas son la no aplicación de la Ley Antiterrorista en causas mapuche; que no existan dobles procesamiento en la justicia civil y militar; garantizar el debido proceso; terminar con los montajes político-judiciales; y la desmilitarización de las comunidades que reivindican frente a empresas transnacionales y propietarios particulares sus derechos territoriales.
La actual administración, encabezada por el presidente Sebastián Piñera, continúa con la política de criminalización de las demandas mapuche de los gobiernos de la Concertación. Esta política ha llevado a que en el último año más de 200 mapuche hayan sido requeridos judicialmente, más de 60 se encuentran actualmente encarcelados sin ninguna garantía de un juicio justo (entre ellos tres menores de edad), de los cuales 58 corresponden a procesos por Ley Antiterrorista. Esta política ha llevado además a que sendos informes de organismos internacionales exijan al Estado garantizar en Wallmapu el respeto a los Derechos Humanos. Uno de ellos, el debido proceso judicial.
Wallmapuwen respalda la acción de los presos y hace suyas sus demandas. El partido, junto con visitarlos y ofrecerles su colaboración, ha gestionado en el exterior el apoyo de formaciones políticas aliadas, acogiendo el llamado de los propios huelguistas a internacionalizar su movimiento. Es así que acciones de denuncia han tenido lugar en Galiza, País Vasco y Catalunya, en coordinación con fuerzas amigas de la causa mapuche, las que han comprometido esfuerzos para llevar el caso ante sus respectivos parlamentos autonómicos, así como ante las Cortes de España y el propio Parlamento Europeo en Bruselas.
En este mismo sentido, otras iniciativas serán desarrolladas por Wallmapuwen y nuestros aliados políticos en Bretaña, Irlanda y País de Gales. La comunidad internacional debe conocer esta realidad. Gobiernos, fuerzas políticas y la sociedad civil democrática del mundo deben tomar consciencia que el Estado chileno, aquel que se presenta en los foros internacionales como una democracia moderna, aplica a nuestra población leyes heredadas de una dictadura, asesina a jóvenes luchadores y encarcela arbitrariamente a mujeres, hombres, ancianos y niños.
Colonialismo y racismo
La huelga de hambre es el resultado de una condición política estructural: la situación colonial que sufrimos como pueblo a partir de la conquista chilena del País Mapuche independiente en la segunda mitad del siglo XIX, la mal llamada «Pacificación de la Araucanía». Los mapuche hemos sido despojados, expoliados de nuestras tierras y base económica, empobrecidos a tal punto que la Araucanía es lejos, con un índice de pobreza del 27,1% y un índice de indigencia de 9%, la región más pobre de todo el Estado. Es, a partir del 2006, también aquella en que más han aumentado tanto la pobreza como la indigencia. ¿De qué «desarrollo» nos hablan cuando, tanto a nivel del Wallmapu como del Estado chileno, la desigualdad de ingresos entre población mapuche y población chilena resulta escandalosa?
Todos los atropellos e injusticias a que se nos somete, desde la criminalización de nuestra lucha hasta la pérdida progresiva del mapuzugun, nuestra lengua nacional, son manifestaciones de esa situación colonial y de la opresión nacional a que está sometido nuestro pueblo por parte del Estado chileno. Pero en los últimos años ha aflorado con mayor fuerza un componente consustancial del colonialismo: el racismo. Ya no se trata sólo del racismo social, aquel que nos llega en la misma cara en la escuela, en el barrio o en los lugares de trabajo, sino que de un racismo oficial, que hace uso de las instituciones del Estado para estigmatizar, discriminar y prejuzgar al mapuche por su condición étnica.
El Estado y el poder judicial no buscan hacer justicia, buscan amedrentar y para ello recurren a todo tipo de maniobras. En cada condena que afecta a un patriota mapuche va implícito un mensaje claro: «dejen de luchar, dejen de resistir». El fiscal es hoy una figura inquisitiva, para quien el mapuche es culpable «sí o sí». Ávidos de cámaras de televisión y promociones laborales, los fiscales engrosan sus curriculum con el sufrimiento de nuestra gente. Ayer eran los tinterillos, siempre disponibles para firmar el despojo territorial; hoy los fiscales, disponibles para secar en la cárcel a todo mapuche que alce la voz por sus derechos. «Nidos de litigantes», decían nuestros dirigentes antiguos; «Nidos de fiscales», decimos nosotros hoy.
En Chile no existe la igualdad ante la ley, no para los mapuche. Ello lo evidencia la desproporción entre los delitos investigados y las leyes y condenas que se nos aplican; lo evidencia también la impunidad de que se benefician los autores y responsables políticos y judiciales de estas violaciones a los Derechos Humanos de la población mapuche. La violencia policial contra la población indefensa de las comunidades, incluidos ancianos y niños, la tortura y tratos vejatorios contra los detenidos, los apaleos y golpizas recurrentes, demuestran que a los mapuche en Chile se nos considera ciudadanos de «segunda clase». A ningún sector de la población chilena el Estado y sus instituciones otorgan un trato similar.
El cerco comunicacional
En una sociedad democrática los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Constituyen generadores de opinión pública, fiscalizan las actuaciones del poder político y económico, deben ser accesibles a todos los ciudadanos por igual, independiente de su condición social o étnica. Pero no, esta no es una sociedad democrática. En Chile, como nunca, el monopolio de los medios de comunicación ha quedado en evidencia en esta coyuntura. Primero, para silenciar la huelga y nuestra lucha en general; luego, para propagar infamias contra el mapuche, impulsar campañas del terror, sin que los afectados tengan el menor derecho a réplica.
A 50 días de iniciada la huelga, son escasas las referencias a esta y sus demandas en la prensa escrita, televisión y radios. Un verdadero cerco de silencio, que atenta no sólo contra el derecho de los mapuche a estar debidamente informados. Es también a la sociedad chilena a quien se niega hoy este derecho. Por estos días, evidentes son los esfuerzos del gobierno por silenciar la huelga con el accidente en la mina San José de Atacama. Wallmapuwen solidariza con los 33 mineros y sus familias, y espera que los dueños del sobreexplotado yacimiento paguen con cárcel su irresponsabilidad criminal. Los mineros y sus familias no son responsables que las autoridades utilicen su dolor para esconder el nuestro.
Wallmapuwen hace un llamado a todas las personas honestas y solidarias a no dejar que la desinformación y la manipulación ejercida sepulten también bajo tierra la situación de nuestros hermanos en prisión. Es necesario romper las barreras comunicacionales y multiplicar las voces de protesta. Se vuelve imperioso informar a la ciudadanía sobre las causas que llevaron a 32 patriotas a poner en riesgo su vida.
Déficit democrático
La huelga de hambre y nuestra situación como pueblo dejan en evidencia ante el mundo el bajo estándar democrático de Chile. Aspectos sustantivos de la Constitución Política de 1980 y las leyes represivas promulgadas bajo la dictadura militar se mantienen vigentes en Chile, en particular la Ley Antiterrorista, la Ley de Seguridad Interior del Estado y las excesivas atribuciones de la Justicia Militar. Que después de veinte años de gobiernos electos estas leyes no hayan sido derogadas o modificadas, en acuerdo con los pactos internacionales firmados por Chile en materia de Derechos Humanos, es una vergüenza para todos los demócratas.
En el caso de la Ley Antiterrorista, su aplicación en Wallmapu no se condice con los delitos comunes que persigue. Lleva aparejada además estigmatización, persecución, procesamientos viciados e inhumanas condiciones carcelarias. De gravedad particular es el uso de «testigos sin rostro». El debido proceso judicial y los Derechos Humanos de los procesados son así gravemente vulnerados, sin olvidar los montajes policiales destinados a ocultar crímenes de las fuerzas represivas y acusar de falsos delitos a los mapuche. A pesar de las pruebas existentes, ninguno de los responsables policiales de tales montajes ha debido responder ante la Justicia o ha sido expulsado de la institución; lejos estamos aquí de las normas que habitualmente rigen en un Estado de derecho democrático.
La reacción tibia, insuficiente y tardía del Instituto de Derechos Humanos respecto de la huelga constituye el símbolo más claro de la actitud de las instituciones del Estado en la materia. Es por ello que la democratización del Estado es también objetivo central de la lucha mapuche. Un centralismo asfixiante, con regiones gobernadas por autoridades designadas y supeditas a las decisiones del poder central; un sistema electoral injusto y antidemocrático para la elecciones parlamentarias; una Ley de Partidos excluyente que dificulta la emergencia de nuevas fuerzas políticas; el bajo estándar de reconocimiento de derechos colectivos sociales y políticos; son todas deudas de la «democracia» chilena.
Responsabilidades del gobierno
El gobierno chileno debe renunciar a su política de oídos sordos ante las demandas de los presos políticos en huelga. El gobierno debe ponerse en disposición de dialogo político para atender específicamente sus demandas y poner término a una movilización que pone a diario sus vidas en riesgo. Un final trágico de esta movilización será de exclusiva responsabilidad del gobierno de Sebastian Piñera.
Junto a la solución política dialogada, se debe avanzar en reformas que permitan la derogación de la actual Ley Antiterrorista. Asimismo, demandamos que el Estado, el gobierno y sus instituciones se hagan responsables del daño que han causado a comunidades y familias, adoptando medidas de reparación para los afectados. Numerosos mapuche han sido absueltos luego de años de «cárcel preventiva» y orquestadas campañas de desprestigio social. Para todos ellos exigimos reparación.
El gobierno debe retirar a la policía militarizada de los campos del Wallmapu y eliminar sus métodos represivos y de amedrentamiento colectivo. Del mismo modo se debe castigar los crímenes cometidos por sus uniformados; exigimos justicia para los familiares de Alex Lemun, Matías Katrilew y Jaime Mendoza Kollio; y castigo para sus asesinos, el mayor Marco Aurelio Treuer Heysen y los cabos de Carabineros, Walter Ramírez Espinoza y Miguel Patricio Jara Muñoz.
Responder como Nación
Somos un pueblo diverso, como lo es todo pueblo. Pero hay desafíos ante los cuales debemos responder unidos. Wallmapuwen apoya la lucha de los presos políticos no solo por solidaridad. Lo hace porque formamos parte de un mismo pueblo, porque conformamos un mismo movimiento nacional, porque independiente de legítimas diferencias políticas, compartimos con ellos un horizonte de autodeterminación para nuestro pueblo y el Wallmapu, el País Mapuche.
El movimiento social mapuche, las comunidades, sus expresiones políticas organizadas, deben considerar la huelga de hambre de los presos como un legítimo acto de resistencia nacional, una acción de compatriotas que cuestiona toda una política de criminalización racista contra nuestra nación. La represión es contra el pueblo mapuche y ello nos demanda actuar en bloque, responder como nación. El impune escenario represivo no puede tolerarse más. Nuestros patriotas en huelga no lo aceptan, nosotros como pueblo tampoco.
Debemos recordar que hace cien años, el movimiento mapuche surgió en un contexto de ocupación militar, violencia y racismo colonial. Ello marcó a las generaciones que dieron vida a las primeras organizaciones. Sufrieron la violencia del Estado y los colonos. Fueron víctimas del actuar racista de los «Tribunales de Indios» y su despojo legal. Ante ello se rebelaron y respondieron de manera colectiva. Lo hicieron con las armas de la Política. En los campos, en las calles y en el Congreso chileno, lucharon para defender nuestra tierra y nuestros derechos. Ocho diputados y decenas de regidores nos señalan desde entonces un camino. Sin esa lucha ya habríamos sucumbido como nación.
Mientras no se supere nuestra condición colonial, la prisión política seguirá afectando a patriotas mapuche hoy o mañana. Tratar debidamente el conflicto implica para nuestro pueblo y el Estado avanzar hacia una solución política. Para nosotros como partido, ello supone colocar al centro el reconocimiento de nuestros derechos en tanto nación y avanzar en la descentralización del Estado y en la obtención de un Estatuto de Autonomía que garantice, entre otros, nuestro derecho a la tierra, la lengua y la autodeterminación. Sólo ello impedirá que el actual escenario de conflicto se agudice o eternice en Wallmapu, profundizando la injusticia, el racismo y la opresión nacional.
