Argentina. Papel Prensa: La justicia tarda pero a veces llega

En 1976 Los dueños de los 3 principales diarios se apropiaron, en complicidad con el Estado terrorista,de la empresa que las permitiría monopolizar la producción de papel para diarios en la Argentina

La presidenta argentina, Cristina Fernández  de Kirchner, denunció públicamente la apropiación ilegal de la empresa  Papel Prensa SA por parte de los dueños de los diarios Clarín, La Nación  y La Razón durante la última dictadura militar (1976-1983), y explicitó  los acuerdos entre éstos y la junta militar que presidía Jorge Rafael  Videla, al difundir un extenso informe basado en documentos originales.

Tras sancionar la ley de servicios de comunicación audiovisual, que  terminó con los oligopolios mediáticos y tras 33 años de silencios  cómplices e impunidad, la Presidenta anunció que envió a la justicia  esta información y al Parlamento un proyecto de ley que declara de  interés público la producción de pasta de celulosa y papel para  periódicos en este país.

¿Qué pasó en 1976? Los dueños de los tres principales diarios de esa época se apropiaron, en complicidad con el Estado terrorista, de la empresa que las permitiría monopolizar la producción de papel para diarios en la Argentina, una especie de dictadura contra la libertad de expresión.

En esa maniobra realizada en el tramo más brutal y fundacional de la dictadura, se apeló a la tortura y el secuestro de los accionistas originales de la empresa, y fue parte de la alianza estratégica entre la Junta militar y los personeros de los grupos económicos-mediáticos más grandes de la Argentina, que necesitaban del terrorismo de Estado para eliminar la disidencia política y social que se oponía a sus intereses. Los dictadores, garantizaban la prensa silenciada y medios cómplices de sus acciones.

La Presidenta fue más lejos: no se trata de un decreto de expropiación (que era quizá lo que esperaba la derecha), sino, con pruebas en mano (más de 20 mil fojas en el que se detallan los pormenores del despojo) apeló a la transparencia y puso el tema en el tapete político, en la agenda de los poderes legislativo y judicial. El proyecto legislativo insta a la formación de una comisión parlamentaria, con representantes de todos los partidos, para controlar el cumplimiento de lo que sería un trato igualitario que democratice la información.

Sin duda, el lenguaje periodístico-político opositor se ingeniará para calificar ese recorrido que democratiza la palabra como autoritario, arbitrario, totalitario, chavista, adelanta el analista Mario Wainsfeld. Pero algunos dirigentes de la oposición fueron cautos: el radical Ricardo Alfonsín consideró que la mandataria "hizo lo que tenía que hacer" al presentar el informe ante la Justicia, pero prefirió no opinar "sobre la cuestión de fondo" por no poseer "elementos de juicio”.

Coincidió con el gobernador socialista Hermes Binner, en respaldo a la decisión de concurrir a la Justicia para profundizar la investigación.

Este seguimiento parlamentario debe hacerse por medio de un marco regulatorio que nunca se hizo, dijo, y añadió que los miembros de esa comisión podrán participar como observadores de las reuniones del directorio de Papel Prensa. El objetivo es darle un trato igualitario a todos los diarios del país, buscando ampliar la capacidad de producción de Papel Prensa para que no haya más importación. Con esta decisión, la Presidenta obligará a todo el arco opositor a discutir sobre un proyecto esencial “para la libertad de prensa”, tal como fue definido por la propia mandataria.

Al comenzar su presentación, la mandataria mostró ante todos las portadas de Clarín y La Nación de este día que dicen que el gobierno avanza sobre Papel Prensa para controlar la palabra impresa con lo cual están reconociendo, sostuvo, que ese control en realidad hoy está bajo los accionistas mayoritarios de esa Papel Prensa, que son ambos diarios.

La investigación de la Comisión Especial demostró cómo esos medios, que hoy mencionan el tema de la seguridad jurídica, firmaron la compra de las acciones a una familia, como la del banquero David Graiver, muerto en un sospechoso accidente en México en agosto de 1976, familia que luego sería secuestrada y torturada, y de otros empresarios que corrieron la misma suerte también a fines del 76 y principios del 77.

La presidenta se refirió a documentos donde los mismos directores de Clarín y La Nación cuando pasaron a controlar Papel Prensa reconocieron los acuerdos previos con la junta militar, con la cual brindaron, como se registra en diversas fotografías de la época, en las que se ve a Bartolomé Mitre de La Nación y a Ernestina Herrera de Noble, actual directora de Clarín, brindando con el dictador Videla.

Ambos directivos se beneficiaron luego de la quiebra del diario La Razón, en 2000, y mediante un pacto se aseguraron el control accionario de Papel Prensa, montando así un monopolio en perjuicio de todos sus competidores.

Cristina Fernández dijo que se demostró que Lidia Papaleo de Graiver, viuda de David Graiver, el dueño de Papel Prensa, fue forzada bajo torturas en el centro clandestino de detención Puesto Vasco a firmar la cesión de la empresa a sólo unos días de que la junta militar decidiera la interdicción de los bienes de esa familia, ya que una vez tomada esta medida no se iba a poder concertar la negociación. El objetivo de los secuestros fue que los Graiver ni sus socios cobraran siquiera el precio vil que le habían puesto a sus acciones,

El síndico general de la nación, Daniel Reposo, dijo previamente que el informe dejó al descubierto la connivencia de sectores del poder civil con la dictadura, apropiándose de bienes de personas en total estado de indefensión, como es el caso de Lidia Papaleo de Graiver, que más adelante fue detenida entre 1977 y 1982, años en los que fue reiteradamente torturada y violada.

“Estando desaparecida (…) me llevaban a declarar envuelta en una manta gris, porque estaba totalmente quemada, perdí mis pechos, mi abdomen y también mis genitales durante la tortura y me operaron en la cárcel de un tumor cerebral por los golpes que recibí”, declaró Lidia Papaleo durante la investigación.

Lidia fue obligada a vender las acciones de la papelera (las que le correspondía por la sucesión) el 2 de noviembre de 1976. “Lidia debía presentar un escrito ante el juez de menores, en representación de su hija, que era menor de edad. Pero el magistrado nunca aprobó la venta. Sin embargo, a los cinco días de firmar el último papel, la detienen”, contó la Presidenta. Eso fue en marzo de 1977.

La serie de irregularidades incluye la venta a una empresa de papel (valga la redundancia) como Fapel, que luego desaparece para surgir bajo los nombres de los compradores reales: los dueños de Clarín, La Nación y La Razón. Cristina Fernández recordó que 28% de acciones que minoritariamente posee el Estado no son de un gobierno, ni de este, ni de otros”, y pidió a la Procuraduría del Estado y a la Secretaría de Derechos Humanos que hagan presentaciones judiciales con estos expedientes.

“Yo tengo la certeza de cómo sucedieron las cosas, pero son los jueces los que deben juzgar y los que pueden condenar. Creo en serio en la división de los poderes del Estado y en la posibilidad de superar esta situación que lleva 33 años de oscurantismo y ocultamientos”, concluyó.

“Con la Justicia por un lado, y el Parlamento por el otro, estamos confiados en que la democracia pueda pasar esta prueba. Queremos una democracia sin tutelaje y una sociedad sin miedo”, concluyó la mandataria.

Durante décadas, Papel Prensa controló el mercado con prácticas monopólicas. El Estado nacional fue un socio bobo, mudo y sumiso ante un poder fáctico superior al de sucesivos gobiernos, dictatoriales o democráticos, señala Wainsfeld en Página 12.

El Congreso deberá analizar un proyecto de ley (cuyo texto no se conoce aún) declarando de interés público la producción de papel para diarios y formando una comisión bicameral para el seguimiento de esa actividad. Mientras, el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, tendrán a su cargo la misión de preparar la vía judicial, para terminar con tanta impunidad y demandar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad para beneficiarse económica y políticamente