La decisión del Gobierno Nacional de quitar la licencia para brindar servicios de Internet a una empresa controlada por el Grupo Clarín en beneficio del duopolio de las telefónicas surgidas durante el gobierno del PJ-menemista, muestra varias facetas:
1.- que, como dice un compañero diputado, el gobierno nunca se equivoca en defender al capital extranjero;
2.- que la sociedad argentina es rehén y víctima de pujas políticas a favor de afanes personales, y
3.- que carecemos de un diseño de políticas públicas que preserven el bien común y el derecho humano fundamental de acceder al conocimiento, mediante el acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC`s).
Más allá de la pelea concreta que enfrenta, desde 2007, al Grupo con el matrimonio presidencial por el manejo de la agenda informativa de los principales medios del país, este nuevo avance tiene como telón de fondo el control del poder comunicacional. Vale recordar que estos dirigentes del oficialismo hicieron el coro a los intereses corporativos de los principales sectores de presión en los noventa y en 2005 extendieron las licencias de radiodifusión por diez años a los principales jugadores del mercado (decreto 527/05). Sumemos que en materia de telecomunicaciones siguieron beneficiando a las prestadoras telefónicas históricas (Telefónica y Telecom), surgidas al calor del neoliberalismo y que presentan una posición monopolista desde la reforma del Estado, en 1989.
La Resolución 100/10 emitida por la Secretaría de Comunicaciones (SeCom) -dependiente del Ministerio de Planificación Federal- el jueves 19 de Agosto, en la que se dictaminó la caducidad de la licencia de Fibertel S.A., por la supuesta "usurpación" de un servicio, seguramente abrirá una batalla legal de destino incierto; pero lo cierto es que se vuelven a privilegiar los negocios privados y la disputa personal de poder político por encima del beneficio a los usuarios; mostrando la misma línea de conducta que desarrolló el PJ-menemista en tiempos en que Néstor y Cristina Kirchner militaban en ese espacio político.
Cabe destacar que desde 2003 en adelante la SeCom nada hizo por dinamizar y abrir el sector, que tuvo como predecesor de Lisandro Salas al actual secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y que ninguno de los funcionarios aplicó la normativa vigente para que la comunidad gozara de mayor oferta de prestadores, con un marco de competencia tendente a bajar los costos, multiplicar el acceso y aumentar la calidad de las prestaciones por las redes de Internet.
El decreto 764 de 2000, permite con la simple autorización de la SeCom la entrega de licencias "únicas y a demanda"; también reglamentó la interconexión que obliga a las prestadoras históricas a dejar entrar al mercado a otras empresas competidoras a costos razonables, nada de esto se aplicó. Además teniendo la posibilidad de implementar el llamado Servicio Universal, para garantizar el acceso a telefonía e Internet en todo el país, el gobierno prefirió ceder ante los intereses privados. Ocurre que la telefónicas están obligados a pagar el 1% de su facturación bruta para generar un fondo fiduciario que al día de hoy habría capitalizado casi 1.000 millones de pesos (sin tener en valor la pesificación e intereses devengados). ¿Qué hizo el gobierno? No abrió la cuenta bancaria en la que debieron depositar esos fondos quedando el manejo de los mismos en manos del dúo-polio. Esto último quedó grabado en el decreto 558/08, cuando Cristina Fernández cedió al titular de la SeCom la decisión administrativa de reclamar el pago.
Por lo expuesto, la prioridad es respetar los derechos de los usuarios (de Fibertel). Y a mediano plazo tomar medidas antimonopolistas que no dejen en manos de empresas extranjeras cuestiones estratégicas, como el libre acceso a la cultura y las comunicaciones. Las telecomunicaciones son un servicio público y deberían estar bajo el dominio y control de la comunidad.
Por eso este conflicto obliga a pensar en proyectos futuros para nacionalizar los servicios de telecomunicaciones creando una dirección social para su gestión. Ése es el camino para su democratización.
Beneficiar a las telefónicas como casi ocurre con el proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo en materia de radiodifusión, es ubicarlas en una posición dominante en el mercado, ajena a todo principio democratizador. Ése es el riesgo a pagar por maniobras de corto plazo que sólo disputan corporativamente el poder comunicacional.
Mientras tanto, por efecto de esta puja y la inconsistente ingeniería del ministro Julio de Vido, el millón de usuarios conectados a Fibertel tendría que apretujarse con los tres millones de Sppedy y Arnet para viajar en tranvía hacia el siglo pasado. Todo un despropósito. La falsa promesa gubernamental de Wi-Fi gratuito en pocos días, resulta como el intento de blanquear un mamarracho con un baldazo de pintura.
Es hora de debatir democráticamente sobre el modelo con el que pensamos acceder como pueblo a las modernas Tecnologías de la Información y la Comunicación.
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