Colaboracion: Compañero Sebastian Gonzalez Mansilla...
Ante la realización este jueves en la ciudad de Iquique del seminario  “Defendamos nuestra Madre Tierra”, organizado por comunidades y  organizaciones aymaras y quechuas de la Región de Tarapacá,  entrevistamos al dirigente Antonio Mamani, secretario ejecutivo de la  Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá y miembro de la comunidad  de Cancosa.
Por Comunicaciones Observatorio Ciudadano, 27 de octubre de 2010 
El objetivo del encuentro es analizar los desafíos que enfrentan  hoy los pueblos indígenas del norte y las herramientas con las que  cuentan para defender sus recursos naturales y culturales ante la masiva  expansión de actividades mineras, geotérmicas y modelos de desarrollo  económico que afectan sus territorios, considerando además la estrecha  relación que existe entre los Pueblos Originarios del Abyayala y la  madre tierra. 
Entre las actividades previstas, se encuentra también el  lanzamiento del libro “La gran minería y el derecho de los indígenas en  el norte de Chile”, de la abogada y co directora del Observatorio  Ciudadano, Nancy Yánez, y del doctor en geografía, Raúl Molina, también  miembro de dicha organización no gubernamental de promoción,  investigación y defensa de derechos humanos. 
- ¿Cuál es la situación actual que enfrentan las comunidades aymaras y quechua del norte país frente a la expansión minera?
La situación actual pasa fundamentalmente por una disputa, una  pelea muy desequilibrada entre enanos y un gigante. Todas estas empresas  tienen a su haber tecnología y equipos profesionales del más alto  nivel, frente a comunidades que reclamamos derechos, pero que no tenemos  las mismas condiciones para poder tener una conversación horizontal. 
Este es el problema grueso en cada una de las comunidades que han  sido intervenidas, si bien es cierto cada una tiene un mismo discurso  para la defensa de sus derechos, no es posible que sean escuchadas desde  la perspectiva de esta fundamentación, porque faltan todos esos  antecedentes de apoyo. Desde ese punto de vista estas sistematizaciones  significan un buen antecedente que está entregando para poder conversar  con más argumentos en cada una de las disputas que se producen en las  diferentes comunidades. 
- ¿Qué importancia atribuye a la  sistematización de casos de los que se da cuenta en el libro sobre la  gran minería en el norte de Chile que será lanzado en el marco del  seminario?
Para todo el norte de Chile, en especial para las comunidades  aymaras y quechuas, es importante que se pueda tener material escrito  sobre los casos que han venido ocurriendo en los últimos años respecto a  la intervención de la actividad minera en nuestros territorios. Eso es  lo fundamental, nos parece bien que se puedan ir acotando las realidades  que se están viviendo en estos sectores, pues hay situaciones que han  sido muy complicadas y decepcionantes para nuestras comunidades. 
Este libro, además, de cuenta de algunos aspectos básicos como  qué significa la relación del ser humano y del hombre con la naturaleza,  bajo la mirada de los indígenas, es decir, su cosmovisión y la  equivalencia entre el hombre y la naturaleza, dos conceptos que son  diferentes. Ahí radica el tema de la discusión. 
Para los empresarios mineros, en cambio, la tierra es un objeto  del que sacan y sacan recursos, generándose los mejores dividendos a  cuenta de la naturaleza. En circunstancias que para los indígenas ella  es un ser vivo con quien convivimos, por tanto, estamos seguros que  debemos cuidarla para que las futuras generaciones puedan mantener un  lazo sano de convivencia en estos territorios. 
- ¿Nota algún cambio con la implementación del Convenio N° 169 de la OIT?
En el caso del norte, todavía no, pues frente al Convenio 169, a  pesar de que existe una mirada sobre su fuerza como instrumento legal,  ello no se ha materializado en cuestiones concretas. Falta mucha  capacitación y empezar a enfrentar estos hechos con esta nueva  legislación internacional a la que se ha obligado Chile, para que se  pueda ir sentando jurisprudencia al tenor de los casos que se han ido  asumiendo. 
Creo que eso está faltando aún, y en los próximos meses se van a  iniciar algunos procesos por la necesidad de echar a andar este sistema.  Los resultados no los podemos predecir, pero es un proceso que tiene  que ir ascendiendo. 
- ¿Cuál es la evaluación que haces sobre la relación entre las comunidades y el estado en este último tiempo?
La relación no ha variado mucho. Siempre se está hablando de la  necesidad de incorporar a las comunidades dentro de un proceso nacional  mayor, integrándolas o incorporándolas. Pero cuando hablamos de esa  manera, estamos frente a un punto de partida equívoco, desde la negación  de la cosmovisión indígena. 
- ¿Qué faltaría para mejorar esta situación?
Hay mucho que trabajar y discutir para hacer entender a las  autoridades del gobierno y al estado, que ese no es el camino. Hay que  cambiar rumbo y tratar de que la gente sea capaz de entender estas otras  miradas; cambiar las políticas de desarrollo y de participación, con  información y consulta de buena fe. 
Hoy no están dadas las condiciones para que el estado y el sector  privado mejoren sus relaciones con los pueblos indígenas, pues hay  mucha desconfianza del lado de las comunidades, ya que existen discursos  y detalles que entorpecen los diálogos y el mejoramiento de las  relaciones. Mientras eso no cambie, creo que este tema tendrá para mucho  tiempo y va a depender de los representantes indígenas el seguir  haciendo entender a las autoridades la mirada que debe existir,  respetando los derechos de los pueblos originarios establecidos en el  Convenio 169 de la OIT.

 
 
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