lunes, 11 de octubre de 2010

Colombia: (Pildora para la Memoria) FINAL. hechos reveladores del Paramilitarismo como política de Estado







Elementos de análisis 

que se pueden inferir de los casos

Un primer elemento que se infiere es que el paramilitarismo es una política de Estado cuidadosamente diseñada...

 

Como la mayoría de las grandes políticas del Estado, ésta viene inducida desde el gobierno de los Estados Unidos, como lo evidencian los documentos desclasificados de 1962, referentes a la visita de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg.

El gobierno colombiano, a partir de 1962, en acatamiento a las directrices del ejército estadounidense, comienza a dotar de un piso legal esas directrices en el Decreto 3398 de 1965, así como de formas de implementación en los manuales de contrainsurgencia que comienzan a servir de guías de la estrategia militar del Estado desde 1963 y que nuestros datos han podido rastrear hasta 1987. Toda esa serie de manuales contempla la vinculación de civiles a las fuerzas armadas para colaborar en las actividades de contrainsurgencia, para lo cual se provee a su entrenamiento, dotación de armas y coordinación por parte del ejército.

Queda claro también que esta política de Estado que es el paramilitarismo asume desde su origen un objetivo que no ha cambiado: la eliminación de todo pensamiento o posición ideológica que obstaculice el libre desarrollo del sistema capitalista.

La tesis según la cual el paramilitarismo se habría originado en las reacciones de ciertas franjas de la población civil ante agresiones de los grupos insurgentes, queda descartada, pues los grupos insurgentes aparecieron en 1965, mientras que el paramilitarismo fue diseñado como política de Estado en 1962.

El paramilitarismo, como su etimología lo indica, consiste en desarrollar “ junto a ”, o “ al lado de ” lo militar, algo que no es propiamente militar pero al mismo tiempo asimila la naturaleza de lo militar y la deforma.. En su Diccionario Etimológico de Helenismos Españoles (1944), Crisóstomo Eseverri Hualde precisa el significado de la partícula “para” que se usa como prefijo en muchos vocablos. Tiene 3 denotaciones: de aproximación; de trasposición y de desviación o irregularidad. Se refiere a algo que está cercano a otra cosa pero que al mismo tiempo está “fuera de” o “más allá de” esa cosa. El paramilitarismo es, pues, una estructura, una actividad, una práctica o conjunto de prácticas que se configura en torno a lo militar y a expensas de lo militar pero saliéndose de sus cauces normales, desviándolo y deformándolo. Puede decirse que la deformación o desviación principal del accionar militar es el usar las armas para lo que no se debe; no para defender al cuerpo de la sociedad sino para atacarlo. Y esa desviación o deformación puede ser ejercida por quienes tienen la investidura oficial de militares o por quienes no la tienen pero simulan tenerla o se amparan de una u otra manera en los que la tienen.

Los casos registrados antes muestran todas estas modalidades de paramilitarismo. Unas veces los militares esconden su uniforme y se camuflan como civiles simulando bandas delincuenciales. Otras veces los civiles se esconden tras uniformes militares o invocan su estatus para someter a sus víctimas, se amparan en la protección y actúan bajo la coordinación de los militares.

El conjunto de casos registrados en la primera parte revela que una instancia en la que el paramilitarismo ha arraigado con fuerza ha sido la de los departamentos de inteligencia de las fuerzas armadas. En efecto, una de las primeras estructuras que se conocieron y que aparecía públicamente como un escuadrón de la muerte que infundía terror en toda la sociedad, al estilo de aquellos que por la misma época eran comunes en Brasil y en Argentina, fue la “Triple A”. Los testimonios que provienen de dentro de la misma fuerza han revelado que detrás de esa sigla fatídica estaban las altas jerarquías del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia “Charry Solano”. Cuando este Batallón se transforma en la Brigada XX del Ejército, que es una brigada especializada en inteligencia, continúa su misma práctica paramilitar y se constituye como instancia de coordinación de todas las estructuras paramilitares del país, como lo revela uno de sus miembros. En 1998 el Presidente Samper se vería obligado a suprimir dicha brigada ante el acopio de demandas penales contra sus jerarquías, pero luego se sabría que solo se le había cambiado de nombre. En la Armada Nacional, los crímenes que fueron delatando a su Red No. 07 de Inteligencia fueron llevando a descubrir los documentos que la estructuraban como red, hoy día publicados por varios organismos internacionales, en los cuales se pueden ver los principios de funcionamiento de un organismo que trata de ocultar, mediante diversos mecanismos, la relación con el Estado.

El recorrido hecho en la primera parte por esta pequeña selección de casos, suministra elementos suficientes para captar el alcance geográfico y cronológico del fenómeno.

Los testimonios que se concentran en la década de los 80 y primeros años de los 90, particularmente aquellos que rodean el momento en que mercenarios israelíes, ingleses y australianos fueron contratados para dirigir entrenamientos, revelan los estrechos vínculos existentes entre las estructuras paramilitares más conocidas y activas en las diversas regiones del país: el Magdalena Medio, los departamentos del Nororiente y la vertiente Sur de la Costa Atlántica, el departamento del Meta y los Llanos Orientales, la zona de Urabá y Córdoba, la de Cundinamarca y Boyacá con extensiones a Los Llanos, el departamento de Antioquia, el Putumayo y el Valle del Cauca. Esas mismas revelaciones muestran los estrechos vínculos existentes entre los grandes carteles de la droga y las estructuras paramilitares, pues allí aparecen vinculados como líderes, simultáneamente del narcotráfico y del paramilitarismo, figuras como Gonzalo Rodríguez Gacha, los hermanos Pérez de Puerto Boyacá, Víctor Carranza, Pablo Escobar y los hermanos Castaño Gil de Urabá. Por su parte, los testimonios que se concentran en el final de los años 90 y comienzos de los 2000, si bien revelan una estructura nacional más unificada a través de las sigla AUC y la coordinación de Carlos Castaño, revelan también el papel que sigue jugando la inteligencia militar en la coordinación de unas regiones con otras.

Algo que impresiona al analizar el conjunto de testimonios es la referencia a jerarquías militares de muy alto rango que estuvieron involucradas en la perpetración de cadenas de crímenes muy graves y que, a pesar de todo, pudieron escalar las más altas posiciones de mando. Todo esto invita a realizar profundos análisis sobre los mecanismos de la administración de justicia que permiten o facilitan niveles tan escandalosos de impunidad, y al mismo tiempo sobre la impunidad como elemento esencial al desarrollo del paramilitarismo, pero es aún más impactante la tolerancia administrativa que hace caso omiso de lo que es de amplio conocimiento público en el momento de decidir sobre ascensos y comandancias, lo que corrobora lo arraigado que se encuentra el paramilitarismo como política de Estado. Si bien ha habido algunas “llamadas a calificar servicios” que se cuentan en los dedos de la mano, la mayoría de ellas a causa de fuertes presiones internacionales, la regla común sigue siendo la aquiescencia administrativa.

De los manuales militares de contrainsurgencia reseñados, en los cuales juega un papel de primer orden la estrategia paramilitar, se infiere que hay unos elementos de lectura de la guerra insurgente que han conducido a la adopción del paramilitarismo como política de Estado. Se analiza la insurgencia como algo que incide en la mentalidad de la población civil, y que por lo tanto la guerra contrainsurgente tiene que dirigirse a la disuasión de la población civil y a la eliminación o al menos el control de las formas de organización de la población civil que revelen inconformismo frente al statu quo. De allí que los extensos capítulos dedicados a la “guerra psicológica” y a la “inteligencia” sean los más impresionantes. Allí se recomiendan muchas tácticas de camuflaje de las unidades militares, de ficción y engaño frente a la población civil, de operaciones encubiertas y de inducción del terror como medio de disuasión. Operaciones lógicas muy simples permiten deducir que en la medida en que la conciencia de los derechos ciudadanos fue creciendo, todo esto era insostenible como política oficial y reconocida, y que por lo tanto se recurriera cada vez más intensamente a la difuminación de las fronteras entre lo civil y lo militar, de modo que se pudiera transferir progresivamente la responsabilidad de las acciones ilegales a “grupos delincuenciales civiles”. Esta es la tendencia predominante en los últimos años, aunque la intensidad de la guerra ha llevado a actuar de manera más descubierta y audaz, como lo revela el testimonio del oficial de la Policía del Putumayo, en el que muestra cómo un contingente de 600 paramilitares se hospedan frente a la base militar, se reúnen con sus mandos y transitan armados por todos los controles a la vista de toda la población.

Estas cortas observaciones solo quieren mostrar que los estudios sobre el fenómeno paramilitar de Colombia están por iniciarse y que es necesario recopilar aún mucha información que permanece dispersa, censurada u oculta en la medida en que los testigos directos aún no han revelado lo más importante por temor.