jueves, 7 de octubre de 2010

Colombia: (Pildora para la Memoria) hechos reveladores del Paramilitarismo como política de Estado IV


11/22/1990

El 22 de noviembre de 1990 el Teniente de la Policía Nacional, Néstor Eduardo Porras Montero, hizo graves revelaciones al declarar bajo juramento ante el Juez Segundo de Instrucción Criminal de Bogotá. Uno de los objetivos fundamentales y de los rasgos característicos del paramilitarismo es facilitar la comisión de crímenes y la utilización de medios violentos vedados en las leyes, mediante el sometimiento de las víctimas a formas de control o represión aparentemente legales, como allanamientos y capturas, para darle cobertura a los actos criminales que luego se niegan, se disfrazan o se justifican mediante la elaboración de versiones falsas. En esta modalidad de paramilitarismo no son los civiles los que actúan como auxiliares, o bajo la apariencia de, o con la protección de la fuerza pública, sino que es la misma fuerza pública la que actúa al mejor estilo de bandas delincuenciales fuera de la ley, en actos incompatibles con el servicio pero utilizando la investidura como cobertura. Esto es justamente lo que revelan las declaraciones del Teniente Néstor Eduardo Porras Montero. Allí denuncia el comportamiento habitual del Comando de Operaciones Especiales -COPES- de la DIJIN- POLICIA NACIONAL en la ciudad de Medellín, que actuaba con apoyo institucional nacional. Entre los meses de enero y mayo de 1990, el Teniente Porras era Comandante de la séptima compañía del Cuerpo Elite de la Policía, pero sus superiores locales le asignaron siempre misiones subsidiarias al COPES, como acordonamiento de la zona donde iba a actuar el Copes o firma de actas de allanamientos que practicaba el Copes. Desde esa posición él pudo constatar que los miembros del COPES torturaban, robaban, saqueaban oficinas y residencias, masacraban y vestían a sus víctimas con prendas de combatientes y les ponían en sus manos armas y explosivos. También registró el rumor fundado de que la labor de persecución contra el Cartel de Medellín que el Copes dirigía, y contra su líder Pablo Escobar, estaba promovida y estimulada financieramente por el Cartel de Cali. En junio de 1990 el Teniente Porras fue trasladado a Bogotá, pero antes fue advertido por el Teniente Carlos Alberto Garzón López de que los de la DIJIN estaban resentidos con él porque no había querido colaborarles y que posiblemente lo iban a matar. A los pocos días el Teniente Garzón fue asesinado y al Teniente Porras lo visitaron en su casa, le introdujeron unos radios y unas ametralladoras y le iniciaron por ello un proceso judicial. Según el testigo, el COPES estaba conformado únicamente por oficiales de la Policía, entre los cuales señala como responsables de las numerosas acciones criminales perpetradas en Medellín entre enero y mayo de 1990 al Coronel OSCAR PELÁEZ CARMONA, a quien señala como autor intelectual de todo eso; al Coronel HUGO MARTÍNEZ POVEDA, jefe del COPES; al Coronel LINO PINZÓN NARANJO; al Coronel MARCOS GANTIVA ARIAS; al Mayor AGUILAR NARANJO; al Mayor MIGUEL TOSCANO MOVIL; al Mayor GREGORIO GONZALEZ GONZALEZ; al Capitán JULIO SANTOYO VELASCO; al Capitán RICARDO RESTREPO LONDOÑO; al Capitán CARLOS VERA LÓPEZ; al Teniente HARID WALTEROS RODRÍGUEZ; al teniente JOSE NELSON ABRIL CADENA; al Teniente ALVARO BAHAMÓN VEGA; al Teniente JAVIER MARTINEZ ROBAYO; a un Subteniente ORTIZ y a otros cuyos nombres no recuerda.

1/23/1991

Los días 22 y 23 de enero de 1991 rindió declaración ante la Procuraduría General de la Nación el Sargento Viceprimero BERNARDO ALFONSO GARZÓN GARZÓN, quien prestó servicios en inteligencia militar durante 20 años, estando adscrito al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia "Charry Solano" y luego a la XX Brigada del Ejército, o Brigada de Inteligencia. Estuvo allí desde 1978 hasta el 29 de noviembre de 1991 cuando decidió retirarse, la mayor parte del tiempo en Bogotá, con períodos en Bucaramanga (1983) y en Huila (1984-85). Entre las tareas que le encomendaron estuvo la de infiltrar al Movimiento 19 de Abril (M-19) logrando integrarse como militante de una estructura, a cuyos presuntos jefes ayudó a capturar con miras a desaparecerlos y asesinarlos. Otra tarea consistió en buscar una finca privada para mantener secretamente allí a algunas personas que iban a ser asesinadas. El consiguió la finca de sus padres en Soacha, pero uno de los retenidos logró escaparse y denunciar todo, poniendo en problemas judiciales a sus padres y a él mismo. La situación de alto riesgos en que se vio al ser descubierto en muchas de estas tareas no obtuvo un tratamiento comprensivo de parte de sus jefes militares, quienes le prometieron sacarlo del país y solucionarle sus problemas económicos pero no le cumplieron. Esto lo llevó a denunciar los hechos ante la Procuraduría y pedir protección, la cual tampoco logró, viéndose involucrado en procesos penales y encarcelado por varios años. En su cadena de denuncias deja claro que el Batallón Charry Solano, que a finales de los años 70 había conformado la estructura paramilitar TRIPLE A, había continuado en la realización de prácticas DE NATURALEZA PARAMILITAR, es decir, con procedimientos no solo por fuera de los legales sino ilegales y criminales, utilizando personal civil camuflado, carros sin placas o con placas intercambiables, casas o fincas privadas, para perpetrar asesinatos, desapariciones, capturas ilegales y torturas. El suboficial Garzón, tanto en su declaración como en informes adicionales, escritos de su propio puño y letra que entregó a la Procuraduría, manifiesta: "Como trabajé en esa Unidad sé que se puede fabricar toda clase de pruebas, ardides o lo que se quiera en contra de una persona, a fin de hacer aparecer lo que ellos quieran". Afirma que le consta que el Coronel Alvaro Velandia Hurtado, [Comandante del BINCI en 1985/86 y de la Brigada XX en 1987) les insistía en apoyar al " MAS " [grupo paramilitar) y él mismo decía tener estrechas relaciones con ellos. Se había traído de Puerto Boyacá al ex soldado JOSE CLEMENTE MENÉNDEZ LÓPEZ, integrante del MAS, quien era el que mataba a los que otros capturaban. Fue hombre de confianza del CAPITAN ARMANDO MEJÍA LOBO, jefe de la COMPAÑÍA DE OPERACIONES ESPACIALES en el BINCI. También afirma que le consta que hay muchos militares activos en el MAS, fuera del ex Capitán TARAZONA, quien estuvo antes varios años en el BINCI, y un ex Coronel Correa, que fue del Estado Mayor de las Autodefensas del Magdalena Medio (otra estructura paramilitar). El General NIEBLES, Comandante de la XIII Brigada, da su apoyo a las “Autodefensas” a través de un Señor Pedro Cifuentes, quien hace también de enlace entre las Autodefensas y varios hermanos militares de apellidos Hernández Hernández (un Coronel, un Mayor y un Teniente) que son de Dorada, Caldas. También le consta que en Cali existe una organización paramilitar integrada por oficiales de la Reserva a quienes él conoce personalmente. Con algunos de ellos tuvo un altercado para que no mataran a Fabio Monge Benavides, sindicado de ser del M-19. Afirma que la organización en Cali se llama ABC (Asociación Banda Ciudadana) y su jefe es GONZALO MEJÍA, quien permanece en el B-2. Este personaje se encarga de enviar a fincas privadas para interrogarlos, asesinarlos y arrojarlos al río Cauca, a muchos de los que son capturados por agentes del B-2. Conoció personalmente 9 casos de estos. En su denuncia hace referencia más concreta a 8 hechos criminales que fueron planeados y ejecutados por personal del BINCI o de la BRIGADA XX, en los cuales participó al menos con tareas de inteligencia o estuvo al tanto: el secuestro y asesinato de CARLOS URIBE y AMPARO TORDECILLA (el primero escapado con vida) (25.04.87); la desaparición de NYDIA ERIKA BAUTISTA (30.08.87); el secuestro y asesinato de ANTONIO HERNANDEZ NIÑO y de GUILLERMO MARÍN (este último frustrado) (10.04.86); la desaparición de LUIS ENRIQUE PRIETO (sept./87); el asesinato de VICTOR MANUEL NIETO, BERTEL PRIETO y FRANCISCO LUIS TOBÓN (jul./87); el asesinato de OSCAR WILLIAM CALVO y otras personas acompañantes (20.11.84); el secuestro de JOSE DEL CARMEN CUESTA (18.06.88).

4/30/1991

En abril de 1991, el General Luis Eduardo Roca Maichel, Comandante General de las Fuerzas Militares, sancionó la Directiva No. 200-05/91 para las Fuerzas Armadas, mediante la cual establecía y organizaba REDES DE INTELIGENCIA. En su numeral (1) se reconoce que en ello se siguen "recomendaciones que hizo la comisión de asesores de las Fuerzas Militares de los Estados Unidos". El numeral (7) se refiere a la Armada Nacional, dentro de la cual establece 4 redes de inteligencia portuarias, con tres oficiales, 5 suboficiales y 25 agentes de inteligencia. En su literal C.1.a. exige que todo su accionar (estudio, selección, instrucción, entrenamiento, ubicación y organización) sea " en forma cubierta ". El literal C.1.b. pide que los cuadros de la red se integren con civiles o militares en situación de retiro (al modo paramilitar), con contactos clandestinos (C.i.) y pagos clandestinos (C.2.b.) Los agentes deben tener una "fachada" e " historia ficticia " (3.b). Los informantes no deben estar comprometidos laboralmente con el Ministerio de Defensa (4.k). La Red 07 de Inteligencia de la Armada Nacional, siguiendo todos estas directrices, pudo perpetrar 68 crímenes de lesa humanidad, asesinando a integrantes de movimientos populares o de oposición política, a defensores de derechos humanos y a periodistas incómodos.
9/15/1993
El asesinato del médico Edgar José Sánchez Duarte, perpetrado en Valledupar, Cesar, el 15 de septiembre de 1993, fue ocasión para que se conociera esta estructura paramilitar. Por dicho crimen fue detenido y procesado el conductor José Antonio Pimienta Meriño. Este civil que había prestado servicio militar trabajaba a órdenes del Mayor del Ejército JAIME ESGUERRA SANTOS, quien ese día le había ordenado ponerse al servicio del soldado profesional CARLOS ALBERTO PÉREZ PAYARES, quien fue el asesino del médico. En entrevista grabada en la penitenciaría La Picota, de Bogotá, el 4 de mayo de 1995, publicada parcialmente en el semanario Voz, en su edición del 21 de junio de 1995 (pg. 16), el conductor Pimienta afirma que el Mayor Jaime Esguerra fue segundo comandante del Batallón La Popa y dirigía el grupo UNASE, desde el cual apoyaba al grupo paramilitar que operaba al sur del Cesar. Al Mayor Esguerra le colaboraban estrechamente el Sargento JESUS MAHECHA MAHECHA, de la Policía Nacional, el Cabo Primero JULIO CESAR ARTURO HURTADO y el Fiscal Regional de Valledupar ARMANDO ARAUJO BAUTE. Todos ellos colaboraban con el grupo paramilitar del sur del Cesar y tenían en su haber muchos crímenes. Según el testigo, en el Batallón La Popa el Mayor Esguerra y el Sargento Mahecha entrenaban a paramilitares. El grupo UNASE utilizaba brazaletes de las FARC y del ELN para investigar secuestros. Si encontraban a alguien que tuviera alguna información, le inventaban un proceso penal; si no, lo torturaban y lo mataban. El Fiscal Araújo Baute legalizaba los allanamientos que hacía el UNASE a condición de que todo saliera bien; si no, mataban a las personas y el crimen aparecía perpetrado por anónimos. El testigo recibió una llamada en la cárcel que lo conminaba a retractarse de todo lo que había declarado en la Fiscalía contra el Mayor Esguerra, contra el Sargento Mahecha, contra el Cabo Primero Julio César Arturo, contra el soldado profesional Carlos Alberto Pérez Payares y contra el Fiscal Regional Armando Araújo Baute; por este motivo tuvo que ser trasladado.
 
4/1/1994

El 4 de enero de 1994 el diario La Prensa, de Bogotá, publicó textualmente las confesiones hechas, en sendas cartas al Fiscal General de la Nación, de CARLOS DAVID LÓPEZ MAQUILLÓN y SAULO SEGURA PALACIO, miembros de la Red 07 de Inteligencia de la Armada Nacional. El primero, Suboficial de la Armada, actuaba como Jefe Administrativo de dicha Red en Sincelejo y el segundo era miembro retirado de la misma y había sido contratado como agente de inteligencia de la Red 07 primero en Barrancabermeja y luego enviado a Bahía Solano, Chocó. Recibían órdenes del Coronel de Infantería de Marina RODRIGO QUIÑONES CÁRDENAS y del Capitán JUAN CARLOS ALVAREZ, jefe de la Red 07. Las confesiones que contienen informaciones muy precisas muestran cómo dichas redes, y en particular la 07, funcionaban como estructuras criminales para perpetrar asesinatos, masacres, desapariciones, atentados y amenazas de integrantes de organizaciones populares o de grupos de oposición política, así como de defensores de derechos humanos y de periodistas incómodos. En las extensas confesiones relatan 25 crímenes, muchos de ellos colectivos, que afectaron a 50 víctimas de asesinato y a 11 de atentados. Suministran los nombres de 11 sicarios civiles que trabajaban al servicio de la Red, así como de los oficiales y suboficiales de la Armada que la dirigían, y del Batallón Nueva Granada, del Ejército, que se coordinaba con ellos. La mayoría de los hechos denunciados ocurrieron en Barrancabermeja (Sder.) o sus alrededores durante el año 1992. En la sentencia penal del 24 de febrero de 1998 (Rad. 1953) de la Justicia Regional de Cúcuta, se afirma que "la judicatura tendrá como ciertos los hechos denunciados por Segura Palacios y López Maquillón ...". Ambos se retractaron ante el Consulado de Colombia en Panamá, el 1° de julio de 1994, pero ya se habían recaudado otras muchas pruebas que corroboraban su primera versión, por eso su retractación no fue aceptada. Saulo Segura fue asesinado en la Cárcel Modelo de Bogotá el 30 de diciembre de 1995 y Carlos David López desapareció.

8/7/1994

El 8 de julio de 1994, luego de varias confesiones hechas por victimarios, la Fiscalía General de la Nación acumuló las investigaciones relacionadas con varias decenas de crímenes perpetrados en Barrancabermeja y sus alrededores en 1992 y enfocó sus investigaciones hacia los integrantes de la Red de Inteligencia 07 de la Armada Nacional, dirigida por oficiales y suboficiales de la Infantería de Marina, con el apoyo de miembros del Batallón Nueva Granada, del Ejército Nacional, con sede en Barrancabermeja. Fueron recibidas al menos 4 confesiones que corroboraron los hechos así como practicadas muchas otras pruebas. Sin embargo, el juzgado 109 de Instrucción Penal Militar avocó la investigación sobre los miembros de la Fuerza Pública implicados, y el 4 de diciembre de 1997 el Consejo Superior de la Judicatura le asignó a la justicia castrense la competencia para ello, en abierta violación de la Sentencia C-358 de la Corte Constitucional. Los miembros de la Armada fueron inmediatamente absueltos a excepción del primer denunciante, Carlos David López Maquillón, quien además fue enviado a exámenes psiquiátricos. Los sicarios civiles fueron juzgados en la justicia regional (Juzgados de Cúcuta, Rad. 2732 y 1953) y los que no habían sido asesinados fueron condenados a 30 años, con las mismas pruebas que inicialmente inculparon a los miembros de la Armada. Es de notar que 9 sicarios civiles fueron asesinados y solo 4 fueron detenidos. Otros 4 fueron condenados en ausencia.

1/15/1995

El 15 de enero de 1995 a las 05 horas, en el corregimiento de Puerto Patiño, municipio de Aguachica, Cesar, 40 paramilitares se llevaron a 9 personas, 8 de las cuales aparecieron muertas horas más tarde. El noveno era el civil Luis Alberto Reyes Rodríguez quien actuó como informante de los paramilitares, señalando a las víctimas como "colaboradoras o simpatizantes de la guerrilla", y fue dejado en liberad luego de la desaparición colectiva. Las conclusiones de la investigación, suscrita por el Teniente Ricardo Rojas Baquero y el Capitán Jorge Eliécer Giraldo Arias, de la Policía Nacional, remitidas el 13 de febrero de 1995 al Director de la DIJIN, sindican del crimen colectivo a un grupo paramilitar que opera en la zona bajo la protección y dirección del Mayor del Ejército JORGE ALBERTO LÁZARO VERGEL, Comandante de la Base Militar de Aguachica, con el visto bueno del Director del DAS, Sr. SAÚL SÁNCHEZ, y la aquiescencia de los miembros del UNASE. Apoyan económicamente a este grupo el hacendado ROBERTO PRADA, de San Martín (Cesar) residente en Bucaramanga, y sus hermanos Juan y Martiniano Prada, así como FIDEL MEDINA (Administrador del Sr. Marco Tulio Villamizar), siendo miembros del grupo, entre otros: JORGE PEDROZA MARTINEZ (de San Martín), GUILLERMO MENDOZA (de San Martín), PEDRO MORALES (de Morales, Bolívar), ISIDRO ROLLEROS (de San Alberto, Cesar). Para sostener esta estructura todo ganadero o agricultor debe pagar vacunas de entre 1 y 10 millones de pesos o abandonar la región. Las deudas de vacunas se negocian en Bucaramanga con el Señor Roberto Prada. El narcotraficante y líder paramilitar VICTOR CARRANZA proyecta comprar la hacienda Bellacruz, en La Gloria (Cesar), propiedad de la familia del ex ministro Carlos Arturo Marulanda, para entrenar allí grupos de paramilitares.

3/8/1995

En su ampliación de indagatoria rendida el 3 de agosto de 1995 en la cárcel de Palmira, dentro del Proceso 4239 de la Fiscalía Delegada ante el Cuerpo Técnico de Investigaciones, el paramilitar ALONSO DE JESUS BAQUERO, alias "Bladimir", confesó que estuvo al servicio del Ejército como informante y guía; que de Tolemaida fue enviado a Puerto Boyacá por los generales Murillo y Yanine Díaz como instructor de paramilitares. Afirma que estando en la "Escuela 01" (en la Inspección Zambito, de Cimitarra, finca del Señor Agustín Garzón), llegó allí un día el General Farouk Yanine Díaz en compañía de reconocidos líderes paramilitares como Henry y Gonzalo Pérez, y les explicó a los presentes que los paramilitares iban a pasar de una fase defensiva a una fase ofensiva, en la cual debían ir a combatir y que para ello contarían con todo el respaldo del Ejército. Afirma que él fue enviado a Vuelta Acuña a combatir y recibió todo el apoyo logístico del Ejército a través de helicópteros militares que les aportaban remesas y munición desde el Batallón Calibío. Cuenta también cómo fue enviado a un curso en la "Escuela 50" en el que los instructores eran israelíes. En su testimonio hace referencia a confesiones anteriores en las que ha descrito con detalle numerosos asesinatos, desapariciones y atentados perpetrados por la estructura paramilitar de la zona, en los cuales él participó de alguna forma, contándose entre estos la desaparición de 19 comerciantes (08.10.87) y la masacre de funcionarios judiciales en el corregimiento de La Rochela (Simacota, 18.01.89). De acuerdo a su testimonio, el blanco central de la persecución de los paramilitares eran los militantes y simpatizantes del partido político de izquierda Unión Patriótica y miembros de sindicatos. Señala entre los miembros del Ejército que participaban en las reuniones o daban las órdenes o los apoyaban, al Coronel HERNANDO NAVAS RUBIO, feje del B-2 de la XIV Brigada; al General FAROUK YANINE DIAZ, al General JUAN SALCEDO LORA, al General CARLOS JULIO GIL COLORADO, al General JUAN JOSE ALONSO VACCA PERILLA. De este último afirma que recomendaba que no se hicieran asesinados colectivos sino más bien selectivos. También señala la participación de los políticos y parlamentarios de la región: TIBERIO VILLARREAL y NORBERTO MORALES BALLESTEROS, este último ex Presidente del Senado. En general afirma el indagado que de los paramilitares eran auxiliadores todos los comerciantes, ganaderos, los comandantes de batallones y los comandantes de estaciones de policía, lo que deja ver una estructura que el Estado y el Establecimiento consideraban poco menos que institucional.

4/12/1995

En su ampliación de indagatoria realizad el 4 de diciembre de 1995 en la cárcel de Palmira, el líder paramilitar ALONSO DE JESÚS BAQUERO AGUDELO relata con detalles minuciosos la actividad de mercenarios israelíes en la capacitación de paramilitares en el Magdalena medio en 1987-88. Según el extenso relato, el principal inspirador de la idea fue el General Farouk Yanine Díaz, quien pretendía que los paramilitares pasaran de una fase más defensiva a una más ofensiva. Entre los grupos que fueron contactados para que enviaran paramilitares a entrenarse, figuran los dirigidos por los capos del narcotráfico más conocidos nacional e internacionalmente: Gonzalo Rodríguez Gacha (envió 15 personas con su hijo Fredy), Pablo Escobar, Víctor Carranza (envió 5 personas con un sobrino suyo), Fidel Castaño, Henry Pérez. El curso, dictado por 4 israelíes, duró dos meses, y en la clausura estuvo presente, al lado de los capos del narcotráfico, un delegado del Ministerio de Defensa que era Coronel y al parecer el Secretario del Ministerio. El costo del curso, calculado en 5 millones de pesos por cada uno de los 80 participantes, fue financiado en su mayor cuantía por los narcotraficantes, con alguna participación de los ganaderos del Magdalena Medio y los bananeros de Urabá (UNIBAN). En "agradecimiento" al aporte financiero de Uniban, se inició la penetración de paramilitares a la región de Urabá: Necoclí, Carepa y Arboletes. Respecto al ingreso de los mercenarios israelíes a Colombia, afirma: "A ellos quien les coordinó la entrada y salida del país era un Mayor del Ejército que no sé el nombre pero me parece que pertenecía a la Tercera Brigada del Ejército y ese nombre salió en los periódicos" (pg. 5). Hubo un segundo curso que se inició en la "Isla de la Fantasía", cerca de Puerto Boyacá, y luego se trasladó a Puerto López, en los Llanos. El testigo, al referirse al paramilitar alias "Cachetes", afirma que hizo el curso con los mercenarios y luego se fue "a trabajar con los de la Naval" mencionando allí al Coronel Rodrigo Quiñones. En la pag. 10 de esta indagatoria menciona también la estructura paramilitar de San Juan Bosco de Laverde, cerca de El Carmen de Chucurí y afirma "lo único que hemos hecho es reunirnos con ellos para acordar con ellos la organización paramilitar en San Bosco, eso queda cerca del Carmen de Chucurí" (pg. 10). Este testimonio enlaza, a propósito del entrenamiento de los mercenarios israelíes gestionado por altos mandos del Ejército y financiado por narcotraficantes, ganaderos y bananeros, las más conocidas estructuras paramilitares activas durante las últimas dos décadas: Puerto Boyacá y Magdalena Medio; Urabá; Medellín; Red 07 de la Armada en Barrancabermeja; Zona Chucureña; Puerto López y Llanos Orientales; Pacho y Cundinamarca-Boyacá-Llanos con la estructura de Rodríguez Gacha.

6/2/1995

Declaraciones tomadas en el Comando de Policía de Aguachica, Cesar, el 6 de febrero de 1995, por investigadores de la Policía Judicial, a un oficial de la Policía Nacional, revelan que el Mayor del Ejército JORGE ALBERTO LÁZARO VERGEL, Comandante de la Base Militar de Aguachica, es el responsable en cuanto guía, patrocina y protege la estructura paramilitar que opera en la zona y que ha perpetrado muchos crímenes y tiene otros en mira. Dicho Mayor Lázaro, en presencia del Director del DAS local, Sr. Saúl Sánchez y al parecer con su complacencia o al menos no oposición, le manifestó al Comandante de la Policía del lugar que él tenía una lista de personas para matar, y que los ganaderos de la región, reunidos en Bucaramanga, le habían expresado que el mayor peligro en Aguachica era el Comandante de la Policía porque no colaboraba con los paramilitares. El Mayor Lázaro le urgió, entonces, al Comandante de la Policía, Capitán Fabián Ríos, para que se definiera a favor de ellos (los militares que actuaban junto con los paramilitares) y le ordenó que "cerrara los ojos y no sacara a la Policía cuando ellos fueran a operar". El Mayor Lázaro le hizo saber, además, al Capitán Ríos, que los paramilitares estaban bajo su mando: "me avisan cuando van a hacer algún trabajo y yo les digo si sí o no", y que preferiblemente "ya no se van a dejar muertos, vamos es a levantar gente y a desaparecerlos, porque los muertos hacen mucha bulla". Según estas mismas declaraciones, la familia del Señor Roberto Prada, de San Martín, Cesar, patrocina las acciones de dicho grupo. Entre la lista de personas que el Mayor Lázaro tenía para eliminar se encontraba el alcalde de Aguachica, Luis Fernando Rincón. Cuando el Comandante de la Policía de Aguachica le manifestó al Mayor Lázaro su desacuerdo con lo que él hacía en unidad con los paramilitares, el Mayor Lázaro lo amenazó con denunciarlo ante el General Comandante de la Quinta Brigada del Ejército con sede en Bucaramanga, para que lo hiciera sacar de Aguachica por no colaborar con ellos.

7/11/1995

El 7 de noviembre de 1995, al producirse el desenlace fatal de la toma del Palacio de Justicia, desapareció la militante IRMA FRANCO, a pesar de haber sido vista por muchos testigos en el Museo Casa del Florero en calidad de detenida. De acuerdo a las declaraciones del Suboficial de Inteligencia Militar Bernardo Alfonso Garzón, rendidas en la Procuraduría General de la Nación los días 22 y 23 de enero de 1991, este crimen fue ejecutado por efectivos de la Brigada XX. El declarante afirma haber sabido que la mantuvieron en una camioneta color café, Ford Chevi Ban, acondicionada para interrogatorios. Las informaciones que habrían logrado arrancarle bajo torturas habrían conducido a la casa "donde se planeó la toma del Palacio". Supo que fue herida y asesinada y que tal hecho tenía que ser conocido necesariamente por el Comandante de la Brigada, Coronel Alvaro Hernán Velandia Hurtado.

8/8/1995

En su nueva ampliación de indagatoria rendida el 8 de agosto de 1995 en la cárcel de Palmira (Proceso 4239), el paramilitar ALONSO DE JESUS BAQUERO reconoce los vínculos estrechos que ligaban la estructura paramilitar que operaba en el Magdalena Medio (municipios de Puerto Boyacá, Cimitarra, Puerto Parra, Puerto Berrío, Puerto Nare, Puerto Triunfo) con las guarniciones y jerarquías castrenses de la zona. Afirma que el principal apoyo que tuvieron los paramilitares en la II División del Ejército fue por parte de los generales FAROUK YANINE DIAZ y JUAN JOSE ALONSO VACCA PERILLA, y en la Brigada XIV por parte de los generales JUAN SALCEDO LORA y CARLOS JULIO GIL COLORADO. En los batallones la ayuda se canalizaba a través de la dirección de inteligencia (B-2) de cada batallón, con la aprobación de los comandantes. En concreto afirma que LA BRIGADA les vendía armas con tratamiento preferencial, pero además les prestaba armas de un archivo subterráneo de armas quitadas a guerrilleros; también les prestaba uniformes y fusiles y les mandaba dinero del destinado a pago de informantes. Por su parte EL BATALLÓN BÁRBULA (Puerto Boyacá) les colaboraba con transporte en helicópteros, les prestaba fusiles G-3, ametralladoras M-60, y les regalaba la munición. Los mejores colaboradores en este batallón fueron los coroneles Dávila y Bohórquez. El BATALLÓN CALIBÍO (Cantimplora, Puerto Olaya, Cimitarra) les colaboraba con transporte en helicópteros y acuático, les mandaba provisiones, les regalaban munición y les pagaban el combustible de las avionetas. Les colaboró especialmente el Coronel Pinzón y los tenientes Vargas y Yusti. El BATALLÓN RAFAEL REYES (Cimitarra) les permitía instalar una estación repetidora en las instalaciones del batallón y les colaboraba con munición. Los comandantes del Reyes que más les colaboraron fueron los coroneles RITO ALEJO DEL RÍO y JAIME FAJARDO CIFUENTES (en sus respectivos períodos de comandantes), el MAYOR ROBAYO y el Capitán ALIRIO BARRERA; con ellos planearon en conjunto muchos operativos de asesinatos en la zona de Campo Capote y especialmente la masacre de la vereda El Siete. El BATALLÓN BOMBONÁ (Puerto Berrío- Segovia) les colaboró especialmente en todos los preparativos para la masacre de Segovia (11.11.88) así como en la ejecución de asesinatos selectivos en la Ciénaga de Barbacoas (Yondó). La mejor colaboración se las prestó el CORONEL ALEJANDRO LONDOÑO TAMAYO, el Mayor BLANDÓN, el CAPITÁN CASTIBLANCO, el TENIENTE EDGARDO HERNÁNDEZ y otros que no eran de ese batallón como el civil FIDEL CASTAÑO y el CORONEL HERNANDO NAVAS RUBIO. En su confesión, Baquero reconoce que compró personalmente 3000 cartuchos de escopeta y 1000 de revólver directamente en la oficina del General Juan Salcedo Lora, en compañía de los líderes paramilitares Henry Pérez y Nelson Lesmes. Afirma que en la Brigada les regalaban las granadas "sin el pin" y que las legalizaban "como gastadas en las prácticas de polígonos". Dice que "prácticamente no nos vendían material bélico sino que nos lo regalaban o prestaban" y que en esas donaciones o préstamos intervenían el comandante del batallón, el encargado del armamento y el comandante del B-2.

11/28/1995

En su ampliación de indagatoria realizada el 28 de noviembre de 1995 en la cárcel de Palmira, el líder paramilitar ALONSO DE JESUS BAQUERO AGUDELO relató con abundancia de detalles la manera como se llevó a cabo la desaparición de los 19 comerciantes el 8 de octubre de 1987 en jurisdicción de Cimitarra (Sder). El mismo Baquero cumplió en este crimen un papel importante de coordinación entre miembros de los comandos de las guarniciones militares y las unidades paramilitares. El Coronel Vergara, comandante del Batallón Calibío, y el Teniente Salinas, del mismo batallón, el General Farouk Yanine Díaz, el Coronel Hernando Navas Rubio, coordinaron mediante reuniones y mensajes con el líder paramilitar de la región, HENRY PÉREZ, y miembros del Batallón Bárbula, la ejecución del crimen. Más adelante en la misma indagatoria afirma: "en ese tiempo había afán de sacar la guerrilla como fuera de todo el Magdalena Medio y los militares nos organizaron para que nosotros hiciéramos lo que ellos no podían hacer que era matar la gente y cometer masacres. Es que si la Fiscalía recuerda en los años 86, 87, 88 y 89 apareció una gran cantidad de gente muerta y otra desaparecida en Puerto Boyacá, en Puerto Nare, La Sierra, Puerto Berrío, Cimitarra, Puerto Parra, San Rafael de Chucurí y en Barrancabermeja, y la familia ni nadie da razón porque los paramilitares se encargaron de eso pero mandados y apoyados por el Ejército" (pg.8). Luego, refiriéndose al sitio "Palo de Mango", en Puerto Zambito, Cimitarra, donde descuartizaron a los comerciantes, afirma: "Allá hablar de "picalesco" es despedazar la persona por las coyunturas, les quitan las manos, la cabeza, los pies, le sacan los intestinos y echan el cuerpo por aparte, esto se hace con el objetivo de que no aparezcan flotando por el río, y en ese sitio, en donde siempre se mataba a la gente porque es que en ese sitio el río pega de frente y el agua se desvía hacia Antioquia, es como un remolino; entonces el sitio se presta para que no queden rastros porque la corriente es fuerte".(pg.8)

CONTINUARA....