Colaboracion: Compañero Sebastian Gonzalez Mansilla...
El Congreso de la República de Perú se apresta hoy a debatir un proyecto para excluir a la empresa de agua potable de Lima de una ley privatizadora, tras una marcha masiva de protesta contra la norma.
Parlamentarios de diversas tendencias ofrecieron su apoyo a tal excepción y a los dirigentes de una masiva marcha que llegó hasta el palacio legislativo para defender al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).
La movilización congregó a los trabajadores de Sedapal y a pobladores de los barrios pobres de Lima, que temen los efectos sociales de un decreto que autoriza la venta en la bolsa de al menos 20 por ciento de acciones de las empresas estatales de petróleo, agua potable y regionales de electricidad.
Esas empresas son sobrevivientes de la ola privatizadora que desde la década pasada entregó la mayoría de los entes estatales a manos privados, sobre todo transnacionales.
Los opositores del decreto señalan que, al no poner límite a la venta de acciones, abre la posibilidad de privatizar totalment las empresas que le quedan al Estado.
A la luz de la experiencia de las fuertes alzas tarifarias registradas tras la privatización de las empresas de telefonía y electricidad de Lima, los dirigentes populares temen que ocurra lo mismo con el agua.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Sedapal, Henry Viera, dijo que el decreto entregará un recursos fundamental como el agua a manos extranjeras que dejarán de lado los proyectos vigentes de dotación del vital servicio a zonas pobres que carecen del mismo.
Tal marginación se debe a que las obras sociales no son rentables y la privatización, admás, triplicará las tarifas actuales, advirtió el dirigente.
Viera pidió también que el parlamento declare el agua como un derecho esencial, para obligar a los gobernantes a que doten del servicio a todos los ciudadanos e impidan alzas que les bloqueen el acceso al mismo.
El presidente de la Confederación de Urbanizaciones Populares, Pablo Reyes, advirtió que los habitantes de barrios pobres no permitirán la privatización de Sedapal.
Parlamentarios de diversas tendencias ofrecieron su apoyo a tal excepción y a los dirigentes de una masiva marcha que llegó hasta el palacio legislativo para defender al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).
La movilización congregó a los trabajadores de Sedapal y a pobladores de los barrios pobres de Lima, que temen los efectos sociales de un decreto que autoriza la venta en la bolsa de al menos 20 por ciento de acciones de las empresas estatales de petróleo, agua potable y regionales de electricidad.
Esas empresas son sobrevivientes de la ola privatizadora que desde la década pasada entregó la mayoría de los entes estatales a manos privados, sobre todo transnacionales.
Los opositores del decreto señalan que, al no poner límite a la venta de acciones, abre la posibilidad de privatizar totalment las empresas que le quedan al Estado.
A la luz de la experiencia de las fuertes alzas tarifarias registradas tras la privatización de las empresas de telefonía y electricidad de Lima, los dirigentes populares temen que ocurra lo mismo con el agua.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Sedapal, Henry Viera, dijo que el decreto entregará un recursos fundamental como el agua a manos extranjeras que dejarán de lado los proyectos vigentes de dotación del vital servicio a zonas pobres que carecen del mismo.
Tal marginación se debe a que las obras sociales no son rentables y la privatización, admás, triplicará las tarifas actuales, advirtió el dirigente.
Viera pidió también que el parlamento declare el agua como un derecho esencial, para obligar a los gobernantes a que doten del servicio a todos los ciudadanos e impidan alzas que les bloqueen el acceso al mismo.
El presidente de la Confederación de Urbanizaciones Populares, Pablo Reyes, advirtió que los habitantes de barrios pobres no permitirán la privatización de Sedapal.
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