Por Helda Martínez...
BOGOTÁ, oct (IPS/TerraViva) - "Cuando las mujeres hablamos claro, sin mostrar miedo, pagamos un alto precio: vivir con ese miedo", dice una dirigente comunitaria que trabaja por la paz en Colombia. "Las amenazas no suspenderán nuestro trabajo por la paz y la justicia social", puntualiza otra.
Estas voces son el eco de mujeres colombianas que se movilizan por la paz y contra la impunidad, en un país con medio siglo de conflicto armado entre guerrillas izquierdistas, las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares de extrema derecha que se sumaron en los años 80.
Son campesinas, indígenas, negras, madres de desaparecidos, víctimas de la guerrilla, de los paramilitares o de la fuerza pública, así como integrantes de organizaciones promovidas desde las instituciones públicas.
La figura más relevante es la senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, una afrodescendiente feminista que fue gestora directa de la liberación de 14 cautivos en manos de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2008, 2009 y 2010, y que promueve la solución política de la guerra.
En ese esfuerzo Córdoba trabaja en forma mancomunada con organizaciones no gubernamentales, como la Casa de la Mujer o el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz, que ella fundó y que mantiene un diálogo público y epistolar con las FARC y con la segunda mayor guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
"La paz no tiene reversa" o "nuestra misión es derrotar la guerra" son los mantras de Córdoba, que paga altos precios, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 18 años, resuelta en primera instancia por el procurador general Alejandro Ordóñez el 27 de septiembre, que la acusa de supuesta colaboración con la guerrilla.
En 1996 nació la Ruta Pacífica de las Mujeres, que se declara "antimilitarista y constructora de una ética de la no violencia". Sus integrantes, desde teóricas feministas hasta campesinas de unas 300 organizaciones de nueve regiones, se adentran en caravanas por zonas de conflicto con un mensaje que disgusta a todos los actores armados.
"Con frecuencia recibo llamadas agresivas por mi condición de líder", dijo a TerraViva María Arizabaleta, integrante de la Ruta en el suroccidental departamento de Valle del Cauca. "En Valle somos 300.000 mujeres", agregó Arizabaleta, de 76 años y 60 de activismo.
"A nosotras corresponde construir la paz", dijo a TerraViva la directora de la Casa de la Mujer, Olga Amparo Sánchez. En el segundo semestre de 2009, al menos 11 de sus dirigentes fueron víctimas de amenazas, abusos y maltratos físicos. Otra organización denunció en mayo amenazas contra otras 90 activistas.
"Cuando las mujeres hablamos claro, sin mostrar miedo, pagamos un alto precio: vivir con ese miedo", acotó Pilar Tobón, negociadora comunitaria del Programa Paz y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, capital del noroccidental departamento de Antioquia.
Las mujeres y los niños representan "la inmensa mayoría perjudicada por los conflictos armados", afirma la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el 31 de este mes cumple 10 años.
En este país de 45 millones de habitantes, 75 por ciento de los desplazamientos forzados son de población femenina e infantil, según la Asamblea Nacional por la Paz. Colombia es el segundo país del mundo con más población desplazada interna, que ya supera los cuatro millones de personas.
Entre julio de 2002 y diciembre de 2007 el conflicto produjo la muerte de 1.314 mujeres y la desaparición de 179. De cada 103 víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto, 100 son mujeres y niñas, añade.
Por eso "la resolución es importante en términos formales. Porque resalta el papel femenino en el logro de la paz, y llama a los actores armados a que respeten los derechos de las mujeres". dijo a TerraViva María Eugenia Ramírez, de la Mesa Mujer y Conflicto Armado.
Su gran déficit es que "compromete al Estado colombiano en la puesta en marcha de medidas, olvidando que éste hace parte del conflicto con sus fuerzas militares", agregó.
Para el "derecho humanitario tiene tanta responsabilidad la insurgencia como el Estado", agregó.
Por tanto "es urgente agenciar el compromiso político gubernamental con las organizaciones de mujeres, generar mecanismos y estrategias que visibilicen sus aportes en procesos de paz y su permanencia en ellos", acotó Esmeralda Ruiz, asesora en género y derechos humanos del Fondo de Población de las Naciones Unidas. "Ese el sentido de la resolución". (FIN/2010)
Son campesinas, indígenas, negras, madres de desaparecidos, víctimas de la guerrilla, de los paramilitares o de la fuerza pública, así como integrantes de organizaciones promovidas desde las instituciones públicas.
La figura más relevante es la senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, una afrodescendiente feminista que fue gestora directa de la liberación de 14 cautivos en manos de las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2008, 2009 y 2010, y que promueve la solución política de la guerra.
En ese esfuerzo Córdoba trabaja en forma mancomunada con organizaciones no gubernamentales, como la Casa de la Mujer o el colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz, que ella fundó y que mantiene un diálogo público y epistolar con las FARC y con la segunda mayor guerrilla, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
"La paz no tiene reversa" o "nuestra misión es derrotar la guerra" son los mantras de Córdoba, que paga altos precios, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos por 18 años, resuelta en primera instancia por el procurador general Alejandro Ordóñez el 27 de septiembre, que la acusa de supuesta colaboración con la guerrilla.
En 1996 nació la Ruta Pacífica de las Mujeres, que se declara "antimilitarista y constructora de una ética de la no violencia". Sus integrantes, desde teóricas feministas hasta campesinas de unas 300 organizaciones de nueve regiones, se adentran en caravanas por zonas de conflicto con un mensaje que disgusta a todos los actores armados.
"Con frecuencia recibo llamadas agresivas por mi condición de líder", dijo a TerraViva María Arizabaleta, integrante de la Ruta en el suroccidental departamento de Valle del Cauca. "En Valle somos 300.000 mujeres", agregó Arizabaleta, de 76 años y 60 de activismo.
"A nosotras corresponde construir la paz", dijo a TerraViva la directora de la Casa de la Mujer, Olga Amparo Sánchez. En el segundo semestre de 2009, al menos 11 de sus dirigentes fueron víctimas de amenazas, abusos y maltratos físicos. Otra organización denunció en mayo amenazas contra otras 90 activistas.
"Cuando las mujeres hablamos claro, sin mostrar miedo, pagamos un alto precio: vivir con ese miedo", acotó Pilar Tobón, negociadora comunitaria del Programa Paz y Convivencia de la Alcaldía de Medellín, capital del noroccidental departamento de Antioquia.
Las mujeres y los niños representan "la inmensa mayoría perjudicada por los conflictos armados", afirma la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que el 31 de este mes cumple 10 años.
En este país de 45 millones de habitantes, 75 por ciento de los desplazamientos forzados son de población femenina e infantil, según la Asamblea Nacional por la Paz. Colombia es el segundo país del mundo con más población desplazada interna, que ya supera los cuatro millones de personas.
Entre julio de 2002 y diciembre de 2007 el conflicto produjo la muerte de 1.314 mujeres y la desaparición de 179. De cada 103 víctimas de abuso sexual en el marco del conflicto, 100 son mujeres y niñas, añade.
Por eso "la resolución es importante en términos formales. Porque resalta el papel femenino en el logro de la paz, y llama a los actores armados a que respeten los derechos de las mujeres". dijo a TerraViva María Eugenia Ramírez, de la Mesa Mujer y Conflicto Armado.
Su gran déficit es que "compromete al Estado colombiano en la puesta en marcha de medidas, olvidando que éste hace parte del conflicto con sus fuerzas militares", agregó.
Para el "derecho humanitario tiene tanta responsabilidad la insurgencia como el Estado", agregó.
Por tanto "es urgente agenciar el compromiso político gubernamental con las organizaciones de mujeres, generar mecanismos y estrategias que visibilicen sus aportes en procesos de paz y su permanencia en ellos", acotó Esmeralda Ruiz, asesora en género y derechos humanos del Fondo de Población de las Naciones Unidas. "Ese el sentido de la resolución". (FIN/2010)
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