4/11/1988
El 4 de noviembre de 1988, a las 8.30 p.m.., los jóvenes campesinos Antonino Ortega y Luis Rodríguez fueron retenidos por 30 soldados del Ejército con la colaboración activa de 4 civiles paramilitares, e introducidos violentamente a la hacienda "Riverandia", propiedad de la familia de un parlamentario del lugar. Allí fueron torturados durante varias horas, mientras les hacían preguntas sobre los sindicalistas de Sintraindupalma. En la finca, fuera de los soldados que tenían allí un campamento, estaban dos policías en trajes civiles, los miembros de la familia Rivera: Augusto, Orlando, Alvaro , Carlos Alirio y Luis Rodolfo Rivera, además de los civiles Helí Ayala, Gonzalo Tavares, Amador Pinto, Dinael Páez, Rafael Ramírez, Jaime Ardila, Jesús Ayala y otras dos personas de apellidos Rois y Zambrano, además de una médica que trabajaba con Adolfo Rivera. A media noche fueron sacados de la hacienda en la camioneta Ford, placas GY 1390 de propiedad de la familia Rivera, y subieron a la camioneta clavos de 6 pulgadas y 3 astillones de madera de dos metros de largo, según dijeron, "para crucificarlos". Al atravesar el pueblo rumbo a Aguachica, los retenidos comenzaron a hacer intentos por desatarse y se levantaron para lanzarse de la camioneta; en ese momento la camioneta se estrelló. Los victimarios dispararon y asesinaron a Antonino mientras Luis logró lanzarse por un puente y huir. Los victimarios al ver que la gente salía de las casas, le pasaron la camioneta por encima al cadáver de Antonino y huyeron. Estos hechos fueron denunciados ante la Procuraduría General de la Nación y ante la Dirección Nacional de Instrucción Criminal el 31 de agosto de 1.989, sin que se hubiera hecho nada para investigar y sancionar a los victimarios, quienes posteriormente perpetrarían otros crímenes en la misma hacienda.
6/18/1988
El 18 de junio fue retenido y desaparecido en el barrio Villa Luz, de Bogotá, el activista del M-19 JOSE CUESTA. El 24 del mismo mes reaparece y se difunde la información de que había sido secuestrado por el grupo Paramilitar MAS ("Muerte a Secuestradores"). De acuerdo a las declaraciones rendidas por el Suboficial de Inteligencia Militar Bernardo Alfonso Garzón Garzón, en la Procuraduría General de la Nación, los días 22 y 23 de enero de 1991, este crimen fue planeado y ejecutado por la BRIGADA XX. El mismo Sargento Garzón declara haber infiltrado al M-19 por orden de Inteligencia Militar y haber conocido allí, de manera muy cercana, a José Cuesta, pero al ser descubierto como agente infiltrado, temió que Cuesta u otros militantes insurgentes lo buscaran para ejecutarlo. Según Garzón, el Coronel Iván Ramírez dio la orden de buscar y matar a Cuesta, pero en 2 años no fue fácil encontrarlo. En junio/88 logran retenerlo y el nuevo Comandante de la Brigada, Coronel Gonzalo Gil Rojas, le consulta al Coronel Iván Ramírez, ahora Jefe de Inteligencia del Ejército, y éste le dice que debe ser llevado a una finca, interrogado y ejecutado. Sin embargo, los desórdenes que esa desaparición provocó en la Universidad Nacional y la advertencia del M-19 de que suspendería las negociaciones para la liberación del político conservador Alvaro Gómez Hurtado, si Cuesta no aparecía, obligó a cambiar de planes. El Comandante del Ejército, General Oscar Botero, y el Coronel Iván Ramírez, Director de Inteligencia, deciden que sea liberado pero con ciertas "precauciones": obligan a Cuesta a dar "declaraciones" filmadas, en las cuales critica fuertemente al M-19 y se declara "agente de inteligencia". Le advierten que si denuncia lo que le ha pasado, la filmación se hará pública, y que debe atribuir el hecho a efectivos del "MAS". El vehículo Renault 4 rojo, placa AC0281 y la camioneta de interrogatorios placa PS0442, así como las armas MPS con silenciador que aparecieron en medios de prensa en manos de los falsos "encapuchados del MAS que custodiaban a Cuesta", permanecieron largo tiempo en la Brigada sin que la justicia hubiera querido comprobarlo. Dado que Garzón temía por su vida, pues lo habían obligado a carearse con Cuesta a cara descubierta, le prometieron enviarlo a Estados Unidos, promesa que el Ejército incumplió.
8/4/1988
El 8 de abril de 1988 fueron retenidos en la noche GUILLERMO MARÍN, activista del M-19, y ANTONIO HERNÁNDEZ NIÑO, miembro de la coordinación de comunidades cristianas de base y trabajador de la revista Solidaridad. Ambos participaron en una reunión en el centro de Bogotá y se despidieron, siendo capturados en diversos sitios. De acuerdo a las declaraciones rendidas por el suboficial Bernardo Alfonso Garzón el 22 y 23 de enero de 1991 en la Procuraduría General de la Nación, este crimen fue planeado y ejecutado por miembros de la BRIGADA XX del Ejército. El mismo Garzón había recibido la misión de infiltrar al M-19 y trabajó bajo la coordinación de Guillermo Marín, pero al ser descubierto como agente de inteligencia infiltrado, temió que Marín y otros líderes lo buscaran para ejecutarlo, por eso colaboró en su ubicación y desaparición. Las víctimas fueron llevadas a la Brigada XX (antiguo BINCI) y el 10 de abril a las 6 p.m. el Coronel Iván Ramírez Quintero ordenó al Capitán Camilo Pulecio y al Teniente Mejía Lobo que "esa noche debían despedir a los pacientes (matar) y botarlos en partes diferentes. Es así como el Capitál Pulecio lleva en un Nissan al señor Hernández Niño y lo matan en la antigua Autopista Norte; el Teniente Mejía Lobo en otro Nissan junto con el Cabo Primero Gasca y el Sargento Bermúdez llevan al Batallón dos costales de empacar arroz y sacan de la camioneta al señor Marín, lo meten en los costales y se dirigen al Parque La Florida, allí lo bajan y una vez en el suelo proceden a dispararle y creyéndolo muerto se alejan hacia el Batallón (...) Como el señor Marín sobrevivió y efectuó las denuncias, el Coronel Ramírez me mandó en comisión para la III Brigada al B-2. La camioneta la reformaron como para pasajeros(...) El Coronel Ramírez ordenó buscar nuevamente al Señor Marín para cogerlo y matarlo, pero este señor se asiló en la embajada de Francia y salió del país". (Manuscrito entregado por Garzón a la Procuraduría).
1/11/1989
El 1° de noviembre de 1989 la Dirección de Inteligencia de la Policía -DIJIN- capturó en un apartamento de Bogotá al Teniente retirado del Ejército LUIS ANTONIO MENESES BAEZ, hallando en su poder armas y propaganda de grupos paramilitares. En el Informe de Interrogatorio en que la DIJIN consigna su testimonio, hay confesiones muy reveladoras sobre la estructura nacional del paramilitarismo. Afirma Meneses Báez que los comandantes de la Brigada XIV y del Batallón Bárbula lo vincularon a las "Autodefensas de Puerto Boyacá" en 1981, siendo oficial del Ejército y expresa que "Las autodefensas campesinas ... Son una política del gobierno para la lucha antisubversiva" (pg. 4). Dice que posteriormente la II Brigada, con sede en Barranquilla, le encomendó la creación de otras "autodefensas" en el sur de Bolívar y que el B-2 de la Brigada hacía de puente entre las "autodefensas" y las jerarquías militares. Las armas, según él, las proporcionaba Indumil (pg. 5-6). Más adelante afirma que en 1987, cuando las "Autodefensas" vieron la necesidad de integrarse a nivel nacional, "la inteligencia militar encabezada por el Batallón Charry Solano, aglutinó los movimientos de autodefensa campesina bajo su control y para ello se organizó una reunión con los líderes regionales en las instalaciones del Charry, donde surgió una Junta Nacional de Autodefensa, compuesta por líderes de aproximadamente 8 regionales, cuya función era promover el sistema de Autodefensas y coordinar con el Ejército operaciones de inteligencia" (pg.7). Habla allí de 3 reuniones nacionales: una en el Batallón Charry Solano en 1986; otra en Santander en 1987; otra en septiembre de 1989 en el área rural del Caquetá (pg. 10-11). La organización posee un jefe militar, quien "coordina las operaciones mixtas de tipo militar con las Fuerzas Armadas" (pg. 11). Enumera 22 frentes de "Autodefensas", los que coinciden con reconocidos focos de paramilitarismo en el país (pg. 15-17). En cada frente, el "comandante o Encargado Militar" ... "coordina con la Junta de Autodefensas y las Fuerzas Armadas las operaciones y actividades a llevar a cabo" (pg. 18). Respecto al patrullaje afirma que "normalmente es mixto (Fuerzas Armadas- Autodefensas), con base en técnicas impartidas por el Ejército ...cuando es solitario, se informa de los movimientos a las unidades militares o de Policía que se pueden enterar de su actividad" (pg. 22) Meneses Báez deja constancia, en su confesión, de un cierto viraje que se produce en las relaciones entre fuerzas armadas y "autodefensas" en 1989: "Hasta comienzos de 1989 los contactos se hacían con el Estado Mayor del Ejército y actualmente se utilizan intermediarios ..." (pg. 24).
4/25/1989
El 25 de abril de 1989 fueron capturados por personal del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, actuando fuera de la ley "a la manera paramilitar", los activistas Carlos Uribe y Amparo Tordecilla, militantes de organizaciones políticas de izquierda. De acuerdo a declaraciones hechas ante la Procuraduría los días 22 y 23 de enero de 1991 por el Sargento Viceprimero Bernardo Alfonso Garzón, quien trabajó 20 años en dicha institución, la orden la dio el Capitán Mario Rodríguez, y participaron en el crimen el Cabo Wilson Doneys, un Sargento Marín y el civil Orlando Cabrera. Al suboficial Garzón le habían encargado conseguir un lugar privado para interrogarlos y torturarlos antes de matarlos, y él consiguió una casa-finca de sus padres en el municipio de Soacha. Carlos Uribe logró escapar mientas estaba amarrado y denunció los hechos ante la Policía de Soacha, la cual logró identificar y retener el vehículo Renault 4 en el que fueron perpetrados los hechos. Hubo entonces acuerdos a alto nivel entre la Comandancia de la Policía y la Comandancia del Batallón Charry Solano para que el suboficial asumiera la responsabilidad personalmente y no manchara la imagen de la institución, prometiéndole ayuda económica para él y sus padres, y ayuda jurídica para el proceso que se abrió en el Juzgado 22 de Instrucción Criminal.
4/4/1990
El 4 de abril de 1990 el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- elaboró un informe de interrogatorio con las confesiones hechas por el paramilitar ROGELIO DE JESÚS ESCOBAR MEJIA, quien permaneció 16 meses en la organización paramilitar de FIDEL CASTAÑO GIL y sus hermanos. Allí narra con abundantes detalles muchos de los crímenes en que participó o de los cuales se enteró por sus compañeros. Entre sus afirmaciones, se refiere a un sujeto de nombre "FERNANDO" (no sabe el apellido) quien coordina las labores de inteligencia y desplazamientos de los grupos de sicarios y tiene una oficina en Montería que aparenta como de venta y alquiler de video-cassettes y es quien hace de enlace con oficiales del Ejército y la Policía (pg. 9 10). Afirma también que el puesto de policía de Valencia (Córdoba) tiene a su disposición una frecuencia para comunicarse con la organización de Fidel castaño, avisando oportunamente de la presencia de sospechosos o de la realización de operativos. (pg. 33).
4/5/1990
El 4 de mayo de 1990 los medios de información registraron el allanamiento practicado por personal de la Policía en las oficinas de la firma “Inversiones Agropecuarias y Mineras Budapest", en Medellín, luego de lo cual aparecieron 7 personas muertas, entre ellas el propietario de la firma y 7 empleados. La versión oficial acusaba al propietario de ser jefe de finanzas del Cartel de Medellín y afirmaba que las víctimas había disparado contra la fuerza pública. Algunos medios de prensa dejaron constancia de que las armas que aparecieron en los cadáveres de las víctimas nunca habían sido disparadas. La declaración rendida por el Teniente de la Policía Néstor Eduardo Porras Montero el 22 de noviembre de 1990 ante el Juez Segundo de Instrucción Criminal de Bogotá atribuía esta masacre al comportamiento criminal habitual del Comando de Operaciones Especiales -COPES- de la DIJIN en Medellín. El Teniente Porras actuaba entonces como comandante de la séptima compañía del Cuerpo Elite, a la cual se le asignó la tarea de acordonar la zona. En medio del operativo subió al cuarto piso del edificio donde funcionaba la firma Budapest y constató que los de la DIJIN habían asesinado a todo el personal que se encontraba allí y que luego colocaron armas en sus manos. A uno de ellos, muy joven, le colocaron en su mano una granada sin quitarle siquiera la cinta de protección, y a otro le colocaron la escopeta que portaba el Capitán Julio Santoyo Velasco. Los del Cuerpo Elite se negaron entonces a firmar el acta de allanamiento, pero finalmente fue firmada por el Capitán Javier Ñanes Erazo, el cual fue "premiado" trasladándolo enseguida a la DIJIN. El Teniente Porras Montero, en su declaración, afirma que en las reuniones que tenían los miembros del Cuerpo Elite con el personal de la DIJIN, presididas por los Coroneles HUGO MARTÍNEZ POVEDA, LINO PINZÓN NARANJO y MARCOS GANTIVA ARIAS, siempre les decían que la orden que tenían era no capturar sino matar y que por esas acciones se les premiaría y si surgía algún problema de tipo penal, se les solucionaría.
5/24/1990
El 24 de mayo de 1990 los medios de información registraron la explosión de un carro-bomba en inmediaciones del Hotel Intercontinental de Medellín, hecho en cual perecieron 3 miembros de la Policía. En los días posteriores se produjeron en la ciudad numerosos hechos de violencia que causaron muchas víctimas y que eran registrados como realizados por autores desconocidos. La declaración rendida por el Teniente Néstor Eduardo Porras Montero el 22 de noviembre de 1990 ante el Juez Segundo de Instrucción Criminal de Bogotá, señala a la DIJIN como autor institucional de toda esa violencia, cuyos miembros actuaban al más perfecto estilo de bandas delincuenciales comunes, amparados en su investidura para no ser perseguidos. El Teniente Porras Montero asegura en su declaración juramentada que el Coronel OSCAR PELÁEZ CARMONA envió desde Bogotá un refuerzo de personal que en tres días produjo cerca de ciento cincuenta muertos. En conversaciones con los Tenientes José Nelson Abril Cadena y Alvaro Bahamón Vega, quienes formaban parte de dicho contingente de refuerzo y habían sido sus compañeros de curso, el Teniente Porras pudo comprobar que la DIJIN estaba detrás de todos esos asesinatos, muy numerosos en las comunas populares de Medellín y en tabernas, y que incluso colocaron una bomba en un edificio y otra en las instalaciones de Colmundo Radio. Al comentar, en un almuerzo, cómo habían colocado esta última bomba, añadían que eso era insignificante en comparación de lo que habían hecho con "La Ramada". En efecto, durante esas semanas aparecieron muchas personas asesinadas que eran registradas por los medios como "miembros de la banda La Ramada". Una sigla detrás de la cual se encubrieron numerosos de estos crímenes fue la de un supuesto grupo llamado "AMOR POR MEDELLÍN". En su declaración el Teniente Porras narra cómo vio salir una noche a miembros de la DIJIN vestidos de campesinos en varios camperos marca Toyota, y esa misma noche resultó incendiada una finca cerca del barrio El Poblado, con una colección de carros. Al día siguiente el Capitán Carlos Vera López le confirmó al Teniente Porras que habían sido ellos los autores del incendio y le expresó que "A veces había que hacer cosas ilegales; que así era la Policía".
CONTINUARA....
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