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Abogados y médicos que asisten a los ciudadanos vascos que son detenidos e incomunicados han denunciado los obstáculos que sufren por parte de la Audiencia Nacional española para desarrollar su trabajo y se han sumado a la manifestación que tendrá lugar el 30 de octubre en Donostia en contra de la tortura.
La abogada Atxarte Salvador, la médico Mati Iturralde y la representante de Torturaren Aurkako Taldea (TAT) Lorea Bilbao han ejercido de portavoces de la veintena de médicos y abogados que han comparecido esta tarde en Bilbo.
Salvador ha subrayado que el trabajo de los abogados que asisten a los detenidos es obstaculizado "desde el principio", ya que al ser incomunicados se les conculca "totalmente" el derecho a la defensa y los abogados no pueden entrevistarse con ellos.
Ha destacado que una vez levantada la incomunicación, los letrados pueden ver en los ojos de los arrestados "el rastro de la tortura".
"Somos testigos de las heridas que deja permanecer durante cinco días totamente aislado, así como de las secuelas de la violencia policial", ha resaltado.
La letrada ha denunciado que, además de ponerles trabas para entrevistarse con sus clientes, les echan de la Audiencia Nacional y, "lo que es más grave", les han abierto procedimientos por hacer públicas las denuncias de torturas de sus clientes.
En ese sentido, ha denunciado la utlización de la tortura por parte del Estado para criminalizar la labor de los abogados y la imposición de duras penas de prisión a los arrestados en base a declaraciones obtenidas bajo tortura.
"Imposible" realizar de forma correcta la asistencia médica
Por su parte, Iturralde ha reseñado que a los médicos "nos es del todo imposible realizar de forma correcta nuestro trabajo".
Ha explicado que las visitas a los detenidos incomunicados siempre han de hacerse junto al forense de la Audiencia Nacional, que no pueden hablar con ellos en euskara y que por lo tanto éstos no pueden relatar con libertad lo que ocurre en dependencias policiales.
Además, ha señalado que "cada vez que constatamos indicios de torturas y hemos intentado denunciarlo ante el juez no nos han querido ni recibir los informes médicos".
Iturralde también ha denunciado "todos los problemas" que tienen para asistir a las personas que han sido torturadas y encarceladas.
Denuncias sin investigar
Finalmente, Lorea Bilbao ha resaltado desde su experiencia en TAT que las denuncias de torturas se archivan "sin una verdadera investigación". Ha recordado la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado español por no investigar la denuncia de Mikel San Argimiro, y que la próxima semana comenzarán en Madrid y Donostia los juicios por las denuncias de torturas de Maite Orue, Mattin Sarasola e Igor Portu.
Ha destacado que "la guerra contra la tortura no se gana en los tribunales" y ha abogado por seguir trabajando "hasta la desaparición de toda esa maquinaria que permite, esconde y ampara la tortura".
Bilbao ha reclamado a los organismos públicos "compromisos claros" para erradicar la tortura y la incomunicación y ha hecho un llamamiento a acudir a la manifestación del 30 de octubre en Donostia.Abogados y médicos que asisten a los ciudadanos vascos que son detenidos e incomunicados han denunciado los obstáculos que sufren por parte de la Audiencia Nacional española para desarrollar su trabajo y se han sumado a la manifestación que tendrá lugar el 30 de octubre en Donostia en contra de la tortura.
La abogada Atxarte Salvador, la médico Mati Iturralde y la representante de Torturaren Aurkako Taldea (TAT) Lorea Bilbao han ejercido de portavoces de la veintena de médicos y abogados que han comparecido esta tarde en Bilbo.
Salvador ha subrayado que el trabajo de los abogados que asisten a los detenidos es obstaculizado "desde el principio", ya que al ser incomunicados se les conculca "totalmente" el derecho a la defensa y los abogados no pueden entrevistarse con ellos.
Ha destacado que una vez levantada la incomunicación, los letrados pueden ver en los ojos de los arrestados "el rastro de la tortura".
"Somos testigos de las heridas que deja permanecer durante cinco días totamente aislado, así como de las secuelas de la violencia policial", ha resaltado.
La letrada ha denunciado que, además de ponerles trabas para entrevistarse con sus clientes, les echan de la Audiencia Nacional y, "lo que es más grave", les han abierto procedimientos por hacer públicas las denuncias de torturas de sus clientes.
En ese sentido, ha denunciado la utlización de la tortura por parte del Estado para criminalizar la labor de los abogados y la imposición de duras penas de prisión a los arrestados en base a declaraciones obtenidas bajo tortura.
"Imposible" realizar de forma correcta la asistencia médica
Por su parte, Iturralde ha reseñado que a los médicos "nos es del todo imposible realizar de forma correcta nuestro trabajo".
Ha explicado que las visitas a los detenidos incomunicados siempre han de hacerse junto al forense de la Audiencia Nacional, que no pueden hablar con ellos en euskara y que por lo tanto éstos no pueden relatar con libertad lo que ocurre en dependencias policiales.
Además, ha señalado que "cada vez que constatamos indicios de torturas y hemos intentado denunciarlo ante el juez no nos han querido ni recibir los informes médicos".
Iturralde también ha denunciado "todos los problemas" que tienen para asistir a las personas que han sido torturadas y encarceladas.
Denuncias sin investigar
Finalmente, Lorea Bilbao ha resaltado desde su experiencia en TAT que las denuncias de torturas se archivan "sin una verdadera investigación". Ha recordado la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado español por no investigar la denuncia de Mikel San Argimiro, y que la próxima semana comenzarán en Madrid y Donostia los juicios por las denuncias de torturas de Maite Orue, Mattin Sarasola e Igor Portu.
Ha destacado que "la guerra contra la tortura no se gana en los tribunales" y ha abogado por seguir trabajando "hasta la desaparición de toda esa maquinaria que permite, esconde y ampara la tortura".
Bilbao ha reclamado a los organismos públicos "compromisos claros" para erradicar la tortura y la incomunicación y ha hecho un llamamiento a acudir a la manifestación del 30 de octubre en Donostia.
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