domingo, 10 de octubre de 2010

Colombia: (Pildora para la Memoria) hechos reveladores del Paramilitarismo como política de Estado V


1/22/1996

El semanario CROMOS en su edición del 22 de enero de 1996 inicia una serie de reportajes al líder paramilitar CARLOS CASTAÑO GIL, y a través del año 96 otros medios como El Colombiano y El Tiempo difunden entrevistas con el mismo. En el reportaje de Cromos, Castaño reconoce que él y sus hermanos fueron entrenados como paramilitares por el Ejército. Luego de actuar en una célula armada, se presentaron al Batallón de Puerto Berrío (Ant), más tarde XIV Brigada, donde un coronel los conectó con un Mayor "que fue el pionero de las autodefensas de Colombia ... Fue ese Mayor quien comenzó a reclutar campesinos, no para el ejército -siendo activo- sino para las autodefensas, y a formarlas y a darles capacitación" (Cromos, 22.01.96, pg. 26). En reportaje del diario El Colombiano, del 8 de diciembre/96, afirma que los territorios que los paramilitares se toman "los llamamos recuperados para el Estado. Porque es el Estado el que debe actuar, cuando ya sí pueda hacer presencia, si lo deseara, en esas regiones. Al contrario, las zonas guerrilleras están vetadas para la fuerza pública (...) Aclaro que los territorios que controlamos, no los controlamos nosotros, los controla el Estado" (El Colombiano, 08.12.96, pg.2E). Al relatar la "rendición" de algunos frentes del EPL, no oculta sus contactos con el alto gobierno: "Hicimos que se rindieran 3 frentes (del EPL) y yo los contacté con el gobierno" (El Tiempo, 28.09.97, pg. 8A). "Logramos tomar contacto con el Ministro del Interior y se consiguió un proceso de reinserción (...) No les hemos ofrecido absolutamente nada (a los reinsertados). Simplemente a través del gobierno que es el que ha estado dispuesto a darles a estas personas" (El Colombiano, 10.12.96, pg. 6A). "Los reinsertados (...) están en la región de las ACCU porque lo solicitaron ante el Estado, ante el Ejército, ante nosotros (...) Mal podríamos haberles dicho que no los recibíamos" (El Colombiano, 09.12.96, pg. 6A). Afirma haber colaborado estrechamente con el gobierno y sus órganos de seguridad en la persecución, captura y muerte del narcotraficante Pablo Escobar: "Nos tocó hacer un paréntesis dentro de nuestra guerra y (...) contribuir con las Fuerzas Armadas a ese desmantelamiento. Ese es un capítulo ya cerrado, conocido por la opinión pública" (El Colombiano, 02.12.96, pg. 8A). Así mismo confiesa haber colaborado con la Policía Nacional para dar captura y muerte al narcotraficante José Santacruz: "Las autodefensas contribuyeron con la operación de José Santacruz por sus vínculos con la guerrilla" (El Tiempo, 28.09.97, pg. 8A).

4/12/1997

El 4 de diciembre de 1997 la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, contradiciendo la sentencia C-358 de la Corte Constitucional del 5 de agosto de 1997, dirimió una colisión de competencias, asignándole a la justicia castrense el juzgamiento de oficiales y suboficiales de la Armada Nacional que integraban la Red de Inteligencia 07 y de miembros del Batallón Nueva Granada del Ejército que se coordinaban con ellos, por más de 50 crímenes de lesa humanidad perpetrados en Barrancabermeja y sus alrededores en 1992. (Rad. 15.146 A). En su providencia del 25 de marzo de 1994 el Juzgado 109 de Instrucción Penal Militar se había abstenido de dictar cualquier medida de aseguramiento a los implicados, excepto al denunciante, Suboficial Carlos David López Maquillón, a quien remite además a exámenes psiquiátricos. El 15 de diciembre de 1994 el Tribunal Superior Militar, presidido por el General Hernando Camilo Zúñiga Chaparro, confirma dichas decisiones. El Comando de la Armada Nacional, en providencia del 17 de julio de 1997, ordena cesar todo procedimiento contra los implicados (9 miembros de la Armada). Sin embargo, los jueces regionales, con las mismas pruebas, condenan a los civiles que participaron en los mismos crímenes (recibiendo órdenes de los de la Armada) que aún no habían sido asesinados. En la sentencia del 24 de febrero de 1998 contra algunos de los civiles implicados, se lee "no deja de generar asombro la decisión que se tomó por parte del Tribunal Castrense, al favorecer a los de la cúpula de la red de inteligencia de las serias acusaciones que existieron en su contra y en aras de no violar el principio de cosa juzgada nos abstendremos de ordenar compulsión alguna" (fol. 28 y 29)

2/13/1998

El 13 de febrero de 1998 se entregó a miembros del CTI en Santa Rosa de Osos, Antioquia, el paramilitar FRANCISCO ENRIQUE VILLALBA HERNÁNDEZ, quien había sido integrante de la estructura paramilitar de Fidel y Carlos Castaño o ACCU, entre 1994 y 1998. Dentro del Proceso 333 que cursa en la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, el testigo sería indagado repetidas veces: el 16 de febrero, el 21 de febrero, el 2 de abril, el 27 de abril, el 29 de abril, el 17 de septiembre, el 16 de octubre, el 21 de octubre de 1998 y 4 de febrero de 1999, con el fin de corroborar, profundizar y ampliar la cantidad de información que suministró. Había sido entrenado en la hacienda Las Tangas de la familia Castaño Gil, en un grupo de 80 personas con 15 instructores entre los cuales había "un gringo". Entre las pruebas a las que los sometían estaba "la prueba de coraje" que la describe así: "es descuartizar a una persona, quitarle la cabeza, quitarle un brazo; ponían personas que traían de afuera, cada 15 días llevaban como 7 u 8 personas y las tiraban en el campo para entrenar. Cogían una persona y llevaban allá y le decían a uno que tiene que quitarle el brazo o rajarla viva; a mí me mandaron a una sola para quitarle el brazo y que lo abriera, eso fue en 1994". (febr. 16, pg.3). Afirma que patrullaban con el batallón de Corozal y que allí había un Teniente Perdomo, del B-2, con el cual tenían mayor relación (febr. 21, pg. 2). La coordinación con la fuerza pública para realizar las masacres era sistemática: "Cuando teníamos combates con la guerrilla o íbamos a hacer alguna masacre, se coordinaba con el Ejército y la Policía de la parte donde fuéramos; eso lo coordinaba Salomón Ferix y el Mono Mancuso; con el DAS y con el CTI no se iba. Esas cosas se coordinaban con el comandante del batallón que fuera o de policía. Una de esas acciones fue la masacre de Colosó: el ejército se encontraba en el peaje que va para Bahía Tolú, ellos coordinaron para que no hubiera bloqueo y con la Policía para que la Policía no mandara operativos; fueron con los dos que coordinaron; ellos suspendían los retenes mientras que nosotros pasábamos". (febr. 26, pg.3). Afirma que en la masacre de El Aro (Ituango, Ant., oct. 25/97) les colaboró el Batallón Girardot: "Iba un cabo, un sargento y un teniente, ellos patrullaban como soldados regulares camuflados; ellos tuvieron una reunión en Puerto Valdivia con el Mono Mancuso y una comunicación que tuvieron con el coronel del batallón por radio de comunicaciones" (febr. 26, pg.6) En otra ampliación recuerda que en la masacre de El Aro "sobrevoló un helicóptero de las Fuerzas Armadas, era un Hiracois, y nos abasteció de munición para AK-47, Creo que una parte de medicina también la bajaron de ahí. El helicóptero medio se acercó y bajó las cosas y volvió y se alzó. El helicóptero lo mandó un coronel del Batallón Girardot" (Febr. 16, pg.3). En otra indagatoria relata que las cooperativas "CONVIVIR" de la zona son los mismos paramilitares. Explica que el Batallón de Sincelejo les daba un carné de las "Convivir", en el cual se indicaba que se pertenecía "a las Convivir de la Brigada", mediante el cual podían pasar armas por los retenes militares, y que esto lo coordinaba el Mono Mancuso y Salomón Ferix. (Febr. 26, pg. 6) Un caso relatado con lujo de detalles en varias indagatorias es el de la masacre de Pichilí (Morroa, Sucre, 4.12.96) en la cual él participó y en la cual lo obligaron a asesinar a dos parientes suyos para probar su compromiso. Afirma que mientras el grupo partió hacia Colosó, “el Mono Mancuso estaba coordinando con el ejército que se encontraba en el peaje..." y que luego Mancuso y Férix fueron al Comando de Policía de Sincelejo para que retiraran las comisiones de la zona. (abril 29, pg. 2). En otra ampliación relata cómo conseguían los uniformes militares tipo camuflado: "Supe que eso lo entregaban los batallones. Uno le entregaba al Ejército guerrilleros y ellos le daban a uno camuflados y fusiles. Así se hacía con el Batallón Voltígeros, de Carepa. Esa entrega la hacía uno de mayor mando que yo, por ejemplo "Noventa" o "Cobra"" (Febr. 16, pg. 5). Cuando se le pide precisar esto, afirma: "Nosotros entregábamos a los guerrilleros, poníamos el punto, en una tienda entrando a Barranquillita entregamos la persona y de ahí quedaba el Mono Mancuso de recoger el material que hacíamos a cambio del guerrillero. Para el mes de marzo (97?) entregamos dos; para el mes de abril entregamos como ocho guerrilleros, ahí cuando nos entregaron una M-60 tipo comando y entregaron como 6 fusiles AK 47 y unas granadas de mano y granadas de Truflay, eso fue a cambio de los ocho guerrilleros; eso cuando llegaba el Ejército a entregar eso llegaban en carro y eso lo entregaban al Mono Mancuso y el Mono Mancuso se lo pasaba al grupo, de ahí ellos hablaban y no los volvíamos a ver" (Abril 27, pg.3). Afirma también que entre los grupos de ellos circulaban las listas de personas para matar, entre las que vio los nombres del Doctor Valle, de Medellín, del Dr. Umaña Mendoza y de muchos defensores de derechos humanos. Dice que se entregó al CTI pues no confiaba en las autoridades de Sincelejo, ya que sabía que "entre grupos paramilitares y autoridades como son Policía, Ejército, Sijin, no se puede confiar porque ellos se colaboran" (Abr. 29, pg. 4).

3/7/2000

El 3 de julio de 2000, el semanario Cambio reveló informaciones del proceso seguido contra el Coronel JESUS MARIA CLAVIJO, comandante del Batallón Contraguerrilla No. 4 "Granaderos". Según dicho informe, cuando fue capturado el paramilitar Ricardo López, delegado de Carlos Castaño para la avanzada paramilitar en el oriente antioqueño (Rionegro, La Unión, La Ceja, Sonsón y otros municipios), su beeper sirvió para descubrir que recibió muchos mensajes desde los teléfonos asignados al Coronel Clavijo. Al mismo tiempo, la Fiscalía y la Procuraduría descubrieron muchos contactos telefónicos suyos con Jacinto Alberto Soto Toro, quien manejaba las finanzas de las "Autodefensas" de Castaño. Cuando el Coronel fue indagado, explicó que quizás se trataba de llamadas hechas sin su consentimiento por soldados de su escolta que entraban libremente a su oficina, pero al ser indagados esos soldados, revelaron que el Coronel tenía relaciones aún más estrechas con los paramilitares: éstos le habían entregado vivo a un comandante del ELN llamado "Juan Pablo" y él lo asesinó; además le entregaba personalmente armas y uniformes a los paramilitares y le prestaba seguridad a un jefe de las "Autodefensas" de Anorí conocido como "El Zorro" y propietario de minas de oro. También revelaron sus escoltas que el Coronel estaba comprometido en operativos de "limpieza" de supuestos auxiliares de la guerrilla y en una masacre en Camen de Atrato, Chocó.

4/8/2000

El diario El Espectador reproduce el 5 de octubre de 2000 la denuncia que un miembro de la Policía Nacional, con 12 años de servicio en la institución, hizo el 4 de agosto de 2000 ante la Personería de Puerto Asís, Putumayo, según la cual, la base del "Bloque Sur de las Autodefensas", que cuenta con 600 integrantes, se encuentra "a menos de 5 minutos de Puerto Asís, en la vía a Santana, en la hacienda denominada Villa Sandra, en una casa abandonada que queda frente a la base militar". Según el policía, los paramilitares "ultrajan a la población, hacen y deshacen .... Tienen vehículos de diferentes características, cobran impuestos al comercio en general y a los comisionistas de droga y pequeños productores...". Afirma además que no entiende cómo pueden burlar los retenes del Ejército por los cuales tienen que pasar necesariamente para alojarse frente a la base militar. Dice también que la ciudadanía le ha transmitido versiones según las cuales los paramilitares han sido vistos en reuniones con los altos mandos en la misma hacienda Villa Sandra donde están alojados frente a la base militar.

7/22/2000

En su edición del 22 de julio de 2000, el diario norteamericano WASHINGTON POST afirmaba que "una alta fuente del gobierno colombiano" le había manifestado que "los abusos de los militares se han disminuido porque ahora los paramilitares hacen el trabajo sucio por ellos".

11/12/2000

El diario "Philadelphia Inquirer" comenzó a publicar el 12 de noviembre de 2000 lo resultados de una investigación de dos años, según la cual, varias unidades élite de los Estados Unidos, como la Delta Force, del Ejército, las SEALs, de la Armada, la CIA, el FBI, la DEA y la Agencia Nacional de Seguridad, estuvieron involucradas en la persecución y muerte al narcotraficante colombiano Pablo Escobar (asesinado el 2 de diciembre/93), en unidad de acción con el Bloque de Búsqueda de la Policía colombiana, y con la organización "Los Pepes", dirigida por el paramilitar Carlos Castaño, organización que asesinó a más de 300 personas cercanas a Escobar. Según la investigación, fue conocido un cable enviado por Joe Tofts, entonces director de la DEA en Colombia, que advertía sobre testigos que no solo hablaban de colaboración entre Los Pepes y el Bloque de Búsqueda, sino que aseguraban que eran Los Pepes los que estaban al mando del operativo.

11/14/2000

Según cables de la agencia de noticias internacional EFE, del 14 de noviembre de 2000, Amnesty International demandó al Presidente Clinton, de los Estados Unidos, que investigue la complicidad del gobierno estadounidense con los escuadrones de la muerte colombianos, a raíz de las publicaciones de Philadelphia Inquirer y del Nuevo Herald, que vinculan al grupo paramilitar Los Pepes con agencias de inteligencia norteamericanas en la persecución y muerte del narcotraficante Pablo Escobar y de muchos de sus amigos. Amnesty denuncia además que la CIA está reteniendo ilegalmente información sobre los escuadrones de la muerte colombianos con los cuales ha colaborado.

11/29/2000

El 29 de noviembre de 2000 fue conocida nacionalmente una carta dirigida al Presidente Pastrana, al Fiscal General, al Procurador General y al Defensor del Pueblo, así como a organismos de derechos humanos, por parte de la organización paramilitar conocida como "La Terraza". En ella afirman que la organización de Carlos Castaño Gil conocida como Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- mantiene estrechos vínculos con el Comandante del Ejército Nacional, Gral. JORGE ENRIQUE MORA RANGEL, y con el General retirado HAROLD BEDOYA PIZARRO. Afirman que una serie de crímenes para dar muerte a defensores de derechos humanos y figuras nacionales, fueron solicitados por dichos militares a Carlos Castaño en calidad de "favores". También denuncian estrechas relaciones entre la banda paramilitar que se conoció como "Los Pepes", organizada por Carlos Castaño, con los generales de la Policía LUIS ERNESTO GILIBERT VARGAS, ALFREDO SALGADO MENDEZ y LUIS ALFREDO RODRÍGUEZ PÉREZ. Los denunciantes afirmaron estar dispuestos a entregarse a la justicia si se les brindaban garantías, para lo cual conservaban el arma con que habían dado muerte a varios defensores de derechos humanos, como prueba.. La Fiscalía no le dio importancia a esto y al parecer en los días posteriores fueron asesinados.

8/1/2001

El 8 de enero de 2001 la prensa nacional informó de la orden de captura, expedida por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, contra el Coronel del Ejército RAFAEL ALFONSO HANI JIMENO, comandante del Batallón Palacé, con sede en Buga. El 21 de agosto de 1999 un grupo paramilitar asesinó a los hermanos Diego y Oscar Pérez García en la vereda Habana, cerca de Buga. Otras fuentes afirman que organismos investigadores de la zona tienen pruebas de que los paramilitares se estuvieron comunicando, desde teléfonos de la zona, con el comando del Batallón Palacé. Este Batallón había estado intensamente comprometido en los crímenes de Trujillo (entre 1986 y 1994), y en la masacre de Riofrío (de octubre 5 de 1993) en coordinación con estructuras paramilitares y narcotraficantes de la zona. En 1999 también incursionaron en los corregimientos de La Marina y Monteloro y provocaron grandes desplazamientos en Buga y Tuluá. Según otros testigos, los vehículos en que se transportaban los paramilitares habían sido vistos en el Batallón Palacé y que uno de los paramilitares apodado "Tatabro" vivía en el Batallón, lo que fue confirmado por orgánicos del Batallón Palacé en sus declaraciones.

19/4/2001

El 19 de abril de 2001 los medios de comunicación informaron sobre la el llamado a indagatoria por la Fiscalía de los coroneles MAURICIO SANTOYO y GERMÁN EDUARDO FLÓREZ, ex comandantes del GAULA de Medellín, y la captura del Capitán NELSON BARRACALDO CABALLERO, de los sargentos segundos JOSE EMILIANO PIZA REYES y ARLEY DE JESUS DURANGO y del agente LUIS CARLOS ALVAREZ JIMENEZ, todos de la Policía, además del jefe de seguridad de las Empresas Públicas de Medellín. Esto se dio dentro de la investigación por la desaparición de dos miembros de ASFADDES (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos) de Medellín, Angel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, el 6 de octubre de 2000, crimen que ha sido reivindicado por los paramilitares, pero la Fiscalía ha encontrado que el Gaula había interceptado las comunicaciones telefónicas de Asfaddes, así como otras 2020 líneas, de manera ilegal.

27/4/2001

Amnesty International inició un pleito judicial el 25 de abril de 2001 contra la CIA, para que revele los archivos de sus relaciones con el grupo paramilitar Los Pepes, de Colombia, grupo con el cual actuó conjuntamente en la persecución y muerte del narcotraficante Pablo Escobar en 1993. Andrew Miller, director encargado de Amnesty para América Latina, informó que han descubierto nexos entre agencias de USA, el grupo paramilitar Los Pepes y el Cartel de Cali. Uno de los indicios que A.I. tiene es que varios amigos de Escobar, que eran reportados por la CIA como tales, luego aparecían muertos.