martes, 31 de agosto de 2010

Republica Dominicana: Ambientalistas Demandaran al Ministerio de Medio Ambiente


Colaboracion: Compañera Albania Camacho...

Este jueves los jóvenes activistas por la defensa del medio ambiente, demandaran  al Ministerio de  Medio Ambiente por negación de Información sobre la instalación de la minera Barrick Gold, violentando la ley de libre acceso a la información publica, que obliga a todas las instituciones del estado a presentar todas las informaciones requeridas por los ciudadanos.

Esta tarde un grupo de ciudadanos reclamaron que les fueran entregadas informaciones  sobre el  estatus legal ante esa institución de las compañías canadienses Barrick Gold y Goldcorp que pretende explotar   la mina de oro y otros minerales en Cotui.

El día 9 de agosto le fue interpuesto ante la Oficina de Acceso a la Información del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dos solicitudes de información amparados en la ley 200-04 de acceso a la Información Pública, en la que solicitan al ministerio La entrega en primer orden de una copia de la Licencia Ambiental expedida a Barrick Gold, o Pueblo Viejo Dominicano Corporation, (No.  De solicitud OAI-1053) requisito legal y ambiental que le permite instalar una nueva planta de procesamiento de minerales en la provincia de Sánchez Ramírez, con el interés de saber si esta empresa había agotado los procedimientos legales establecidos en la Ley 64-00 De Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La segunda solicitud consiste en la entrega de una copia de los Estudios de Impacto Ambiental (en formato CD o en su defecto físico) que permitirán a Barrick Gold y/o Pueblo Viejo Dominicano Corporation explotar una mina de ORO, PLATA, HIERRO, ZINC, y Cobre en la Provincia de Sánchez Ramírez (Petición numerada OAI-1054) dicho estudio son la base científica por  excelencia para expedir una licencia ambiental que de certeza ambiental  para que rija la explotación de las riquezas minerales con una política por un medio ambiente sostenido.

Ante estas dos peticiones avaladas en la Ley 200-04 de Acceso a la información Publica y 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el ministerio ha tomado actitud de silencio administrativo, lo cual según el Articulo 10 de dicha ley de acceso a la información se constituye en una denegación de la información, y por tanto una violación a la Ley, es por ello que  los ambientalistas procederán  a iniciar el proceso de las debidas sanciones que las leyes establecen a los funcionarios de esta cartera gubernamental que le han negado la información.

Le estamos otorgando un plazo hasta el jueves a las 10:00 AM al ministerio de medio ambiente y recursos naturales para que se someta a la legalidad y entregue las informaciones solicitadas, en el caso de que dicho ministerio prosiga con su actitud de violar nuestros derechos ciudadanos, procederemos el próximo jueves 02 de septiembre a depositar un recurso de amparo ante el tribunal superior administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente y su Responsables, vease el Ministro el Dr. Jaime David Fernández Mirabal y al viceministro de Gestión de Calidad Ambiental  el Sr. Ernesto Reina quien a la hora de ser sometida nuestra solicitud se desempeñaba en ese cargo, quien es el responsable de la expedición de este tipo de licencias y  salvaguarda esa información requerida.

Es importante resaltar que en la pasada audiencia sobre el recurso de amparo interpuesto contra Barrick Gold los abogados presentaron los documentos en el idioma ingles, dentro de estos un supuesto documento que les aprueba la utilización de cianuro en la explotación del oro, además la Licencia Ambiental fue presentada en dicha audiencia pero la misma era que la poseía Falcombrige que ya esta vencida y que no es propiedad de Barrick Gold, por lo que no la puede utilizar,  es decir que las autoridades de Medio Ambiente no han podido presentar lo que este grupo de ciudadanos les solicita porque sencillamente no existe, no lo tienen, estamos entonces diciendo que Barrick no tiene permiso legal para operar por lo que exigimos que sus operaciones sean paralizadas de manera inmediata hasta que obtengan la aprobación legal mediante la realización de los estudios que solicitamos, y la Licencia Ambiental.

Esta es sencillamente una muestra más de que Barrick Gold está acostumbrada a operar bajo la ilegalidad, pero peor aún, de manera ilegal con la protección de los gobiernos corruptos, que no cumplen las leyes y no exigen a las multinacionales que las cumplan simplemente porque estas les dan beneficios económicos  personales.   

En otro Orden invitamos a que el próximo 10 de septiembre apoyemos  la audiencia por el recurso de  amparo que se estará conociendo en el Palacio de Justicia de Sánchez Ramírez, en Cotui, acción  interpuesta por el actual Alcalde de esa localidad el            Dr. Molina Lluberes y los movimientos  sociales y ambientales de  cotui que hoy se enfrentan a Barrick Gold advertimos que los tribunales se van llenar con una cantidad considerable de acciones legales contra ese contrato ilegitimo que promueve la devastación ambiental y la contaminación de las aguas de los afluentes más importantes del país

Chile: Pronunciamiento Mapuche

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Colaboracion: Compañera Albania Camacho y Yoselyn Gomez Chodil...

A 50 días de iniciada la huelga de hambre de 32 prisioneros políticos mapuche, Wallmapuwen emite el siguiente pronunciamiento, solidarizando con los presos, sus familias y comunidades, demandando a su vez al gobierno abordar la movilización desde el diálogo político.


Pronunciamiento Político

50 días en huelga de hambre. 50 días de dignidad nacional mapuche

«Juventud de mi raza: si alguna vez en el camino de la fatigosa jornada que vais venciendo, sintiereis decepcionado vuestro espíritu y faltos de vigor vuestros músculos, no olvidéis que vuestros antepasados lucharon y murieron heroicamente defendiendo el prestigio de nuestra raza, no aceptando la usurpación de sus tierras y de sus derechos. Compatriotas: salud y fraternidad». Manuel Nekulmañ, Sociedad Caupolican Defensora de la Araucanía, 1931.

El 12 de julio una veintena de patriotas mapuche, prisioneros políticos en cárceles chilenas, iniciaron una huelga de hambre. Con los días se fueron sumando otros, llegando en total a 32 quienes han decidido colocar en riesgo sus vidas para exigir un juicio justo. Sus demandas son la no aplicación de la Ley Antiterrorista en causas mapuche; que no existan dobles procesamiento en la justicia civil y militar; garantizar el debido proceso; terminar con los montajes político-judiciales; y la desmilitarización de las comunidades que reivindican frente a empresas transnacionales y propietarios particulares sus derechos territoriales.

La actual administración, encabezada por el presidente Sebastián Piñera, continúa con la política de criminalización de las demandas mapuche de los gobiernos de la Concertación. Esta política ha llevado a que en el último año más de 200 mapuche hayan sido requeridos judicialmente, más de 60 se encuentran actualmente encarcelados sin ninguna garantía de un juicio justo (entre ellos tres menores de edad), de los cuales 58 corresponden a procesos por Ley Antiterrorista. Esta política ha llevado además a que sendos informes de organismos internacionales exijan al Estado garantizar en Wallmapu el respeto a los Derechos Humanos. Uno de ellos, el debido proceso judicial.

Wallmapuwen respalda la acción de los presos y hace suyas sus demandas. El partido, junto con visitarlos y ofrecerles su colaboración, ha gestionado en el exterior el apoyo de formaciones políticas aliadas, acogiendo el llamado de los propios huelguistas a internacionalizar su movimiento. Es así que acciones de denuncia han tenido lugar en Galiza, País Vasco y Catalunya, en coordinación con fuerzas amigas de la causa mapuche, las que han comprometido esfuerzos para llevar el caso ante sus respectivos parlamentos autonómicos, así como ante las Cortes de España y el propio Parlamento Europeo en Bruselas. 

En este mismo sentido, otras iniciativas serán desarrolladas por Wallmapuwen y nuestros aliados políticos en Bretaña, Irlanda y País de Gales. La comunidad internacional debe conocer esta realidad. Gobiernos, fuerzas políticas y la sociedad civil democrática del mundo deben tomar consciencia que el Estado chileno, aquel que se presenta en los foros internacionales como una democracia moderna, aplica a nuestra población leyes heredadas de una dictadura, asesina a jóvenes luchadores y encarcela arbitrariamente a mujeres, hombres, ancianos y niños.


Colonialismo y racismo


La huelga de hambre es el resultado de una condición política estructural: la situación colonial que sufrimos como pueblo a partir de la conquista chilena del País Mapuche independiente en la segunda mitad del siglo XIX, la mal llamada «Pacificación de la Araucanía». Los mapuche hemos sido despojados, expoliados de nuestras tierras y base económica, empobrecidos a tal punto que la Araucanía es lejos, con un índice de pobreza del 27,1% y un índice de indigencia de 9%, la región más pobre de todo el Estado. Es, a partir del 2006, también aquella en que más han aumentado tanto la pobreza como la indigencia. ¿De qué «desarrollo» nos hablan cuando, tanto a nivel del Wallmapu como del Estado chileno, la desigualdad de ingresos entre población mapuche y población chilena resulta escandalosa?

Todos los atropellos e injusticias a que se nos somete, desde la criminalización de nuestra lucha hasta la pérdida progresiva del mapuzugun, nuestra lengua nacional, son manifestaciones de esa situación colonial y de la opresión nacional a que está sometido nuestro pueblo por parte del Estado chileno. Pero en los últimos años ha aflorado con mayor fuerza un componente consustancial del colonialismo: el racismo. Ya no se trata sólo del racismo social, aquel que nos llega en la misma cara en la escuela, en el barrio o en los lugares de trabajo, sino que de un racismo oficial, que hace uso de las instituciones del Estado para estigmatizar, discriminar y prejuzgar al mapuche por su condición étnica.

El Estado y el poder judicial no buscan hacer justicia, buscan amedrentar y para ello recurren a todo tipo de maniobras. En cada condena que afecta a un patriota mapuche va implícito un mensaje claro: «dejen de luchar, dejen de resistir». El fiscal es hoy una figura inquisitiva, para quien el mapuche es culpable «sí o sí». Ávidos de cámaras de televisión y promociones laborales, los fiscales engrosan sus curriculum con el sufrimiento de nuestra gente. Ayer eran los tinterillos, siempre disponibles para firmar el despojo territorial; hoy los fiscales, disponibles para secar en la cárcel a todo mapuche que alce la voz por sus derechos. «Nidos de litigantes», decían nuestros dirigentes antiguos; «Nidos de fiscales», decimos nosotros hoy.


En Chile no existe la igualdad ante la ley, no para los mapuche. Ello lo evidencia la desproporción entre los delitos investigados y las leyes y condenas que se nos aplican; lo evidencia también la impunidad de que se benefician los autores y responsables políticos y judiciales de estas violaciones a los Derechos Humanos de la población mapuche. La violencia policial contra la población indefensa de las comunidades, incluidos ancianos y niños, la tortura y tratos vejatorios contra los detenidos, los apaleos y golpizas recurrentes, demuestran que a los mapuche en Chile se nos considera ciudadanos de «segunda clase». A ningún sector de la población chilena el Estado y sus instituciones otorgan un trato similar.

El cerco comunicacional

En una sociedad democrática los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Constituyen generadores de opinión pública, fiscalizan las actuaciones del poder político y económico, deben ser accesibles a todos los ciudadanos por igual, independiente de su condición social o étnica. Pero no, esta no es una sociedad democrática. En Chile, como nunca, el monopolio de los medios de comunicación ha quedado en evidencia en esta coyuntura. Primero, para silenciar la huelga y nuestra lucha en general; luego, para propagar infamias contra el mapuche, impulsar campañas del terror, sin que los afectados tengan el menor derecho a réplica.

A 50 días de iniciada la huelga, son escasas las referencias a esta y sus demandas en la prensa escrita, televisión y radios. Un verdadero cerco de silencio, que atenta no sólo contra el derecho de los mapuche a estar debidamente informados. Es también a la sociedad chilena a quien se niega hoy este derecho. Por estos días, evidentes son los esfuerzos del gobierno por silenciar la huelga con el accidente en la mina San José de Atacama. Wallmapuwen solidariza con los 33 mineros y sus familias, y espera que los dueños del sobreexplotado yacimiento paguen con cárcel su irresponsabilidad criminal. Los mineros y sus familias no son responsables que las autoridades utilicen su dolor para esconder el nuestro.

Wallmapuwen hace un llamado a todas las personas honestas y solidarias a no dejar que la desinformación y la manipulación ejercida sepulten también bajo tierra la situación de nuestros hermanos en prisión. Es necesario romper las barreras comunicacionales y multiplicar las voces de protesta. Se vuelve imperioso informar a la ciudadanía sobre las causas que llevaron a 32 patriotas a poner en riesgo su vida.


Déficit democrático


La huelga de hambre y nuestra situación como pueblo dejan en evidencia ante el mundo el bajo estándar democrático de Chile. Aspectos sustantivos de la Constitución Política de 1980 y las leyes represivas promulgadas bajo la dictadura militar se mantienen vigentes en Chile, en particular la Ley Antiterrorista, la Ley de Seguridad Interior del Estado y las excesivas atribuciones de la Justicia Militar. Que después de veinte años de gobiernos electos estas leyes no hayan sido derogadas o modificadas, en acuerdo con los pactos internacionales firmados por Chile en materia de Derechos Humanos, es una vergüenza para todos los demócratas.

En el caso de la Ley Antiterrorista, su aplicación en Wallmapu no se condice con los delitos comunes que persigue. Lleva aparejada además estigmatización, persecución, procesamientos viciados e inhumanas condiciones carcelarias. De gravedad particular es el uso de «testigos sin rostro». El debido proceso judicial y los Derechos Humanos de los procesados son así gravemente vulnerados, sin olvidar los montajes policiales destinados a ocultar crímenes de las fuerzas represivas y acusar de falsos delitos a los mapuche. A pesar de las pruebas existentes, ninguno de los responsables policiales de tales montajes ha debido responder ante la Justicia o ha sido expulsado de la institución; lejos estamos aquí de las normas que habitualmente rigen en un Estado de derecho democrático.

La reacción tibia, insuficiente y tardía del Instituto de Derechos Humanos respecto de la huelga constituye el símbolo más claro de la actitud de las instituciones del Estado en la materia. Es por ello que la democratización del Estado es también objetivo central de la lucha mapuche. Un centralismo asfixiante, con regiones gobernadas por autoridades designadas y supeditas a las decisiones del poder central; un sistema electoral injusto y antidemocrático para la elecciones parlamentarias; una Ley de Partidos excluyente que dificulta la emergencia de nuevas fuerzas políticas; el bajo estándar de reconocimiento de derechos colectivos sociales y políticos; son todas deudas de la «democracia» chilena. 


Responsabilidades del gobierno


El gobierno chileno debe renunciar a su política de oídos sordos ante las demandas de los presos políticos en huelga. El gobierno debe ponerse en disposición de dialogo político para atender específicamente sus demandas y poner término a una movilización que pone a diario sus vidas en riesgo. Un final trágico de esta movilización será de exclusiva responsabilidad del gobierno de Sebastian Piñera. 

Junto a la solución política dialogada, se debe avanzar en reformas que permitan la derogación de la actual Ley Antiterrorista. Asimismo, demandamos que el Estado, el gobierno y sus instituciones se hagan responsables del daño que han causado a comunidades y familias, adoptando medidas de reparación para los afectados. Numerosos mapuche han sido absueltos luego de años de «cárcel preventiva» y orquestadas campañas de desprestigio social. Para todos ellos exigimos reparación. 

El gobierno debe retirar a la policía militarizada de los campos del Wallmapu y eliminar sus métodos represivos y de amedrentamiento colectivo. Del mismo modo se debe castigar los crímenes cometidos por sus uniformados; exigimos justicia para los familiares de Alex Lemun, Matías Katrilew y Jaime Mendoza Kollio; y castigo para sus asesinos, el mayor Marco Aurelio Treuer Heysen y los cabos de Carabineros, Walter Ramírez Espinoza y Miguel Patricio Jara Muñoz.


Responder como Nación


Somos un pueblo diverso, como lo es todo pueblo. Pero hay desafíos ante los cuales debemos responder unidos. Wallmapuwen apoya la lucha de los presos políticos no solo por solidaridad. Lo hace porque formamos parte de un mismo pueblo, porque conformamos un mismo movimiento nacional, porque independiente de legítimas diferencias políticas, compartimos con ellos un horizonte de autodeterminación para nuestro pueblo y el Wallmapu, el País Mapuche.

El movimiento social mapuche, las comunidades, sus expresiones políticas organizadas, deben considerar la huelga de hambre de los presos como un legítimo acto de resistencia nacional, una acción de compatriotas que cuestiona toda una política de criminalización racista contra nuestra nación. La represión es contra el pueblo mapuche y ello nos demanda actuar en bloque, responder como nación. El impune escenario represivo no puede tolerarse más. Nuestros patriotas en huelga no lo aceptan, nosotros como pueblo tampoco.

Debemos recordar que hace cien años, el movimiento mapuche surgió en un contexto de ocupación militar, violencia y racismo colonial. Ello marcó a las generaciones que dieron vida a las primeras organizaciones. Sufrieron la violencia del Estado y los colonos. Fueron víctimas del actuar racista de los «Tribunales de Indios» y su despojo legal. Ante ello se rebelaron y respondieron de manera colectiva. Lo hicieron con las armas de la Política. En los campos, en las calles y en el Congreso chileno, lucharon para defender nuestra tierra y nuestros derechos. Ocho diputados y decenas de regidores nos señalan desde entonces un camino. Sin esa lucha ya habríamos sucumbido como nación.


Mientras no se supere nuestra condición colonial, la prisión política seguirá afectando a patriotas mapuche hoy o mañana. Tratar debidamente el conflicto implica para nuestro pueblo y el Estado avanzar hacia una solución política. Para nosotros como partido, ello supone colocar al centro el reconocimiento de nuestros derechos en tanto nación y avanzar en la descentralización del Estado y en la obtención de un Estatuto de Autonomía que garantice, entre otros, nuestro derecho a la tierra, la lengua y la autodeterminación. Sólo ello impedirá que el actual escenario de conflicto se agudice o eternice en Wallmapu, profundizando la injusticia, el racismo y la opresión nacional.

A 50 días de iniciada la huelga de hambre de 32 prisioneros políticos mapuche, Wallmapuwen emite el siguiente pronunciamiento, solidarizando con los presos, sus familias y comunidades, demandando a su vez al gobierno abordar la movilización desde el diálogo político.

Pronunciamiento Político

50 días en huelga de hambre. 50 días de dignidad nacional mapuche

«Juventud de mi raza: si alguna vez en el camino de la fatigosa jornada que vais venciendo, sintiereis decepcionado vuestro espíritu y faltos de vigor vuestros músculos, no olvidéis que vuestros antepasados lucharon y murieron heroicamente defendiendo el prestigio de nuestra raza, no aceptando la usurpación de sus tierras y de sus derechos. Compatriotas: salud y fraternidad». Manuel Nekulmañ, Sociedad Caupolican Defensora de la Araucanía, 1931.

El 12 de julio una veintena de patriotas mapuche, prisioneros políticos en cárceles chilenas, iniciaron una huelga de hambre. Con los días se fueron sumando otros, llegando en total a 32 quienes han decidido colocar en riesgo sus vidas para exigir un juicio justo. Sus demandas son la no aplicación de la Ley Antiterrorista en causas mapuche; que no existan dobles procesamiento en la justicia civil y militar; garantizar el debido proceso; terminar con los montajes político-judiciales; y la desmilitarización de las comunidades que reivindican frente a empresas transnacionales y propietarios particulares sus derechos territoriales.

La actual administración, encabezada por el presidente Sebastián Piñera, continúa con la política de criminalización de las demandas mapuche de los gobiernos de la Concertación. Esta política ha llevado a que en el último año más de 200 mapuche hayan sido requeridos judicialmente, más de 60 se encuentran actualmente encarcelados sin ninguna garantía de un juicio justo (entre ellos tres menores de edad), de los cuales 58 corresponden a procesos por Ley Antiterrorista. Esta política ha llevado además a que sendos informes de organismos internacionales exijan al Estado garantizar en Wallmapu el respeto a los Derechos Humanos. Uno de ellos, el debido proceso judicial.

Wallmapuwen respalda la acción de los presos y hace suyas sus demandas. El partido, junto con visitarlos y ofrecerles su colaboración, ha gestionado en el exterior el apoyo de formaciones políticas aliadas, acogiendo el llamado de los propios huelguistas a internacionalizar su movimiento. Es así que acciones de denuncia han tenido lugar en Galiza, País Vasco y Catalunya, en coordinación con fuerzas amigas de la causa mapuche, las que han comprometido esfuerzos para llevar el caso ante sus respectivos parlamentos autonómicos, así como ante las Cortes de España y el propio Parlamento Europeo en Bruselas. 

En este mismo sentido, otras iniciativas serán desarrolladas por Wallmapuwen y nuestros aliados políticos en Bretaña, Irlanda y País de Gales. La comunidad internacional debe conocer esta realidad. Gobiernos, fuerzas políticas y la sociedad civil democrática del mundo deben tomar consciencia que el Estado chileno, aquel que se presenta en los foros internacionales como una democracia moderna, aplica a nuestra población leyes heredadas de una dictadura, asesina a jóvenes luchadores y encarcela arbitrariamente a mujeres, hombres, ancianos y niños.


Colonialismo y racismo


La huelga de hambre es el resultado de una condición política estructural: la situación colonial que sufrimos como pueblo a partir de la conquista chilena del País Mapuche independiente en la segunda mitad del siglo XIX, la mal llamada «Pacificación de la Araucanía». Los mapuche hemos sido despojados, expoliados de nuestras tierras y base económica, empobrecidos a tal punto que la Araucanía es lejos, con un índice de pobreza del 27,1% y un índice de indigencia de 9%, la región más pobre de todo el Estado. Es, a partir del 2006, también aquella en que más han aumentado tanto la pobreza como la indigencia. ¿De qué «desarrollo» nos hablan cuando, tanto a nivel del Wallmapu como del Estado chileno, la desigualdad de ingresos entre población mapuche y población chilena resulta escandalosa?

Todos los atropellos e injusticias a que se nos somete, desde la criminalización de nuestra lucha hasta la pérdida progresiva del mapuzugun, nuestra lengua nacional, son manifestaciones de esa situación colonial y de la opresión nacional a que está sometido nuestro pueblo por parte del Estado chileno. Pero en los últimos años ha aflorado con mayor fuerza un componente consustancial del colonialismo: el racismo. Ya no se trata sólo del racismo social, aquel que nos llega en la misma cara en la escuela, en el barrio o en los lugares de trabajo, sino que de un racismo oficial, que hace uso de las instituciones del Estado para estigmatizar, discriminar y prejuzgar al mapuche por su condición étnica.

El Estado y el poder judicial no buscan hacer justicia, buscan amedrentar y para ello recurren a todo tipo de maniobras. En cada condena que afecta a un patriota mapuche va implícito un mensaje claro: «dejen de luchar, dejen de resistir». El fiscal es hoy una figura inquisitiva, para quien el mapuche es culpable «sí o sí». Ávidos de cámaras de televisión y promociones laborales, los fiscales engrosan sus curriculum con el sufrimiento de nuestra gente. Ayer eran los tinterillos, siempre disponibles para firmar el despojo territorial; hoy los fiscales, disponibles para secar en la cárcel a todo mapuche que alce la voz por sus derechos. «Nidos de litigantes», decían nuestros dirigentes antiguos; «Nidos de fiscales», decimos nosotros hoy.


En Chile no existe la igualdad ante la ley, no para los mapuche. Ello lo evidencia la desproporción entre los delitos investigados y las leyes y condenas que se nos aplican; lo evidencia también la impunidad de que se benefician los autores y responsables políticos y judiciales de estas violaciones a los Derechos Humanos de la población mapuche. La violencia policial contra la población indefensa de las comunidades, incluidos ancianos y niños, la tortura y tratos vejatorios contra los detenidos, los apaleos y golpizas recurrentes, demuestran que a los mapuche en Chile se nos considera ciudadanos de «segunda clase». A ningún sector de la población chilena el Estado y sus instituciones otorgan un trato similar.

El cerco comunicacional

En una sociedad democrática los medios de comunicación juegan un papel fundamental. Constituyen generadores de opinión pública, fiscalizan las actuaciones del poder político y económico, deben ser accesibles a todos los ciudadanos por igual, independiente de su condición social o étnica. Pero no, esta no es una sociedad democrática. En Chile, como nunca, el monopolio de los medios de comunicación ha quedado en evidencia en esta coyuntura. Primero, para silenciar la huelga y nuestra lucha en general; luego, para propagar infamias contra el mapuche, impulsar campañas del terror, sin que los afectados tengan el menor derecho a réplica.

A 50 días de iniciada la huelga, son escasas las referencias a esta y sus demandas en la prensa escrita, televisión y radios. Un verdadero cerco de silencio, que atenta no sólo contra el derecho de los mapuche a estar debidamente informados. Es también a la sociedad chilena a quien se niega hoy este derecho. Por estos días, evidentes son los esfuerzos del gobierno por silenciar la huelga con el accidente en la mina San José de Atacama. Wallmapuwen solidariza con los 33 mineros y sus familias, y espera que los dueños del sobreexplotado yacimiento paguen con cárcel su irresponsabilidad criminal. Los mineros y sus familias no son responsables que las autoridades utilicen su dolor para esconder el nuestro.

Wallmapuwen hace un llamado a todas las personas honestas y solidarias a no dejar que la desinformación y la manipulación ejercida sepulten también bajo tierra la situación de nuestros hermanos en prisión. Es necesario romper las barreras comunicacionales y multiplicar las voces de protesta. Se vuelve imperioso informar a la ciudadanía sobre las causas que llevaron a 32 patriotas a poner en riesgo su vida.


Déficit democrático


La huelga de hambre y nuestra situación como pueblo dejan en evidencia ante el mundo el bajo estándar democrático de Chile. Aspectos sustantivos de la Constitución Política de 1980 y las leyes represivas promulgadas bajo la dictadura militar se mantienen vigentes en Chile, en particular la Ley Antiterrorista, la Ley de Seguridad Interior del Estado y las excesivas atribuciones de la Justicia Militar. Que después de veinte años de gobiernos electos estas leyes no hayan sido derogadas o modificadas, en acuerdo con los pactos internacionales firmados por Chile en materia de Derechos Humanos, es una vergüenza para todos los demócratas.

En el caso de la Ley Antiterrorista, su aplicación en Wallmapu no se condice con los delitos comunes que persigue. Lleva aparejada además estigmatización, persecución, procesamientos viciados e inhumanas condiciones carcelarias. De gravedad particular es el uso de «testigos sin rostro». El debido proceso judicial y los Derechos Humanos de los procesados son así gravemente vulnerados, sin olvidar los montajes policiales destinados a ocultar crímenes de las fuerzas represivas y acusar de falsos delitos a los mapuche. A pesar de las pruebas existentes, ninguno de los responsables policiales de tales montajes ha debido responder ante la Justicia o ha sido expulsado de la institución; lejos estamos aquí de las normas que habitualmente rigen en un Estado de derecho democrático.

La reacción tibia, insuficiente y tardía del Instituto de Derechos Humanos respecto de la huelga constituye el símbolo más claro de la actitud de las instituciones del Estado en la materia. Es por ello que la democratización del Estado es también objetivo central de la lucha mapuche. Un centralismo asfixiante, con regiones gobernadas por autoridades designadas y supeditas a las decisiones del poder central; un sistema electoral injusto y antidemocrático para la elecciones parlamentarias; una Ley de Partidos excluyente que dificulta la emergencia de nuevas fuerzas políticas; el bajo estándar de reconocimiento de derechos colectivos sociales y políticos; son todas deudas de la «democracia» chilena. 


Responsabilidades del gobierno


El gobierno chileno debe renunciar a su política de oídos sordos ante las demandas de los presos políticos en huelga. El gobierno debe ponerse en disposición de dialogo político para atender específicamente sus demandas y poner término a una movilización que pone a diario sus vidas en riesgo. Un final trágico de esta movilización será de exclusiva responsabilidad del gobierno de Sebastian Piñera. 

Junto a la solución política dialogada, se debe avanzar en reformas que permitan la derogación de la actual Ley Antiterrorista. Asimismo, demandamos que el Estado, el gobierno y sus instituciones se hagan responsables del daño que han causado a comunidades y familias, adoptando medidas de reparación para los afectados. Numerosos mapuche han sido absueltos luego de años de «cárcel preventiva» y orquestadas campañas de desprestigio social. Para todos ellos exigimos reparación. 

El gobierno debe retirar a la policía militarizada de los campos del Wallmapu y eliminar sus métodos represivos y de amedrentamiento colectivo. Del mismo modo se debe castigar los crímenes cometidos por sus uniformados; exigimos justicia para los familiares de Alex Lemun, Matías Katrilew y Jaime Mendoza Kollio; y castigo para sus asesinos, el mayor Marco Aurelio Treuer Heysen y los cabos de Carabineros, Walter Ramírez Espinoza y Miguel Patricio Jara Muñoz.


Responder como Nación


Somos un pueblo diverso, como lo es todo pueblo. Pero hay desafíos ante los cuales debemos responder unidos. Wallmapuwen apoya la lucha de los presos políticos no solo por solidaridad. Lo hace porque formamos parte de un mismo pueblo, porque conformamos un mismo movimiento nacional, porque independiente de legítimas diferencias políticas, compartimos con ellos un horizonte de autodeterminación para nuestro pueblo y el Wallmapu, el País Mapuche.

El movimiento social mapuche, las comunidades, sus expresiones políticas organizadas, deben considerar la huelga de hambre de los presos como un legítimo acto de resistencia nacional, una acción de compatriotas que cuestiona toda una política de criminalización racista contra nuestra nación. La represión es contra el pueblo mapuche y ello nos demanda actuar en bloque, responder como nación. El impune escenario represivo no puede tolerarse más. Nuestros patriotas en huelga no lo aceptan, nosotros como pueblo tampoco.

Debemos recordar que hace cien años, el movimiento mapuche surgió en un contexto de ocupación militar, violencia y racismo colonial. Ello marcó a las generaciones que dieron vida a las primeras organizaciones. Sufrieron la violencia del Estado y los colonos. Fueron víctimas del actuar racista de los «Tribunales de Indios» y su despojo legal. Ante ello se rebelaron y respondieron de manera colectiva. Lo hicieron con las armas de la Política. En los campos, en las calles y en el Congreso chileno, lucharon para defender nuestra tierra y nuestros derechos. Ocho diputados y decenas de regidores nos señalan desde entonces un camino. Sin esa lucha ya habríamos sucumbido como nación.


Mientras no se supere nuestra condición colonial, la prisión política seguirá afectando a patriotas mapuche hoy o mañana. Tratar debidamente el conflicto implica para nuestro pueblo y el Estado avanzar hacia una solución política. Para nosotros como partido, ello supone colocar al centro el reconocimiento de nuestros derechos en tanto nación y avanzar en la descentralización del Estado y en la obtención de un Estatuto de Autonomía que garantice, entre otros, nuestro derecho a la tierra, la lengua y la autodeterminación. Sólo ello impedirá que el actual escenario de conflicto se agudice o eternice en Wallmapu, profundizando la injusticia, el racismo y la opresión nacional.




Cuenten, que no ha sucedido en Cuba.


ArgosIs Rep. Colombiana...


Asesinan al periodista Israel Zelaya Díaz. Es el décimo periodista asesinado en lo que va de año… pero no lo cuenten, que no ha sido en Cuba. Ocurrió en la irreprochable democracia hondureña, esa que nació de un golpe de Estado, urdido en Estados Unidos y bendecido en Europa.

Ya van 31 sindicalistas asesinados en lo que va de año… pero no lo cuenten, que no ha sido en Cuba. Ocurrió en la virtuosa democracia colombiana, esa que cuenta por decenas de miles los desaparecidos y que todos los días descubre alguna nueva fosa.

Encuentran los cadáveres de 72 inmigrantes asesinados. Es la última matanza registrada en lo que va de año… pero no lo cuenten, que no ha sido en Cuba. Ocurrió en la virginal democracia mexicana, esa en la que el fraude se reitera cada cuatro años y las matanzas y la miseria no saben de recesos.

Se mantienen en huelga de hambre 32 presos mientras persiste la brutal represión policial contra los mapuches… pero no lo cuenten, que no ha sido en Cuba. Ocurrió en la inmaculada democracia chilena, esa en la que los augustos siguen campando, después de muertos, por sus impunes fueros.

En Cuba, desgraciadamente, como declarase en estos días Silvio Rodríguez “vivimos donde no debemos. Por vivir donde nacimos somos malos, somos cómplices y, para colmo, somos bobos. La estupidez de vivir en nuestro propio país nos dificulta crear escuelas de música y estudios de grabación. Mucho más sostenerlos.

-       ¿A qué condenado se le ocurre mejorar siquiera la parte del panorama profesional que le corresponde? Lo que hay que hacer es irse. Si es ilegalmente, mejor. Para algunos, la única forma de legitimar un proyecto es descalificando lo que sea que haya ocurrido en el último medio siglo en Cuba. Nos castigan porque nos quieren mucho. Sufren de vernos padecer en esta isla maldita. Por eso nos aprietan tuercas. Para que aprendamos a ser mejores cubanos desde afuera. Y toman medidas para aislarnos a los que ya éramos isleños.

-       ¿Por qué las toman? Porque son los más ricos, los más bellos, los más felices.

-       ¿Por qué contra nosotros? Porque nos consideran lo contrario.

¿Quiénes aplauden? Los que suspiran por parecerse a ellos. Por suerte siempre hay manos que logran escapar de ese “mundo libre”. Benditas. Somos un país que se dedicó a alfabetizar, a construir universidades de médicos y artistas. Y ahora pretenden hacer ver que nos gusta tener pianos sin cuerdas y vientos sin zapatillas. Vaya imaginación”.


Jairo Simon - Una voz en Soledad



Colaboracion: Compañera Maria Angelica Deleon...


Paremos la contaminación


¿Porque algunos contaminan el agua que tomamos?
¿No saben que al planeta están perjudicando?
¿Cuando el ser humano dejará de contaminar
poniendo en peligro a toda la humanidad?

Los hombres que intoxican a nuestro planeta,
que al agua cristalina la convierten en negra.
Quizás de ese color también tienen su conciencia,
¡Y no tienen perdón por contaminar la Tierra!

Paremos a estos hombres que destruyen al planeta,
Que el empresario que contamina se detenga!
que a contaminación y veneno no nos someta
y agua pura , limpia y cristalina el mar contenga.

De nuestro planeta ¡ya! debemos ocuparnos,
la bendita solución está en nuestras manos.
Unidos entre todos debemos esforzarnos
y construir para el bien de todos los humanos.

Colombia: Opinión: Colombia: Como se terminan las guerras (II)






ArgosIs Rep. Colombiana...


Durante la Guerra Fría el poder de las armas atómicas evitó una guerra nuclear entre las superpotencias aunque no impidió que, en ese mismo período histórico, en el mundo se libraran unos 20 000 conflictos armados de todo tipo y escala.

En esa época se consumó la descolonización afroasiática, se desplegó el neocolonialismo y las superpotencias se esforzaron por atraer a los estados recién surgidos a sus esferas de influencia. Mientras se agudizaba el conflicto Este—Oeste, en 1959 al margen del diferendo que enrarecía la situación internacional, triunfó la Revolución Cubana que llegó al poder mediante una fulminante guerra revolucionaria que liquidó a la dictadura de Fulgencio Batista.

En la singular coyuntura de los años sesenta aparecieron en la escena Elvis Presley, los Beatles, Fidel Castro, Che Guevara, John F. Kennedy, Martin Luther King y Juan XXIII, gonfalones de la “Década Prodigiosa” que pusieron de moda el liberalismo, el desaliño, la herejía y la apuesta por los pobres. Al margen de conspiraciones internacionales y de inspiraciones ideológicas, la juventud avanzada del mundo protagonizó una revolución que asaltó los bastiones del conservadurismo burgués y pseudo socialista, cambiando no sólo el modo de cantar, bailar y orar de la humanidad, sino introduciendo nuevos códigos culturales y políticos.

En aquellos ambientes manipulados una y otro vez por ideólogos, escritores de ficción y mitómanos, alguno de los cuales creen que en aquellos tiempos cuando se libraron las batallas de bahía de Cochinos, la Crisis de los Misiles y Mayo del 68, se protestó por la guerra en Vietnam, prosperó la Primavera de Praga y se puso fin a la segregación racial en Estados Unidos, hubo una poderosa mano invisible que lo manipuló y lo condujo todo.

En medio de circunstancias reales, estimulada por el ejemplo de Cuba y promovida por ella; alimentada por las condiciones objetivas de cada país, en respuesta a la existencia de antediluvianos gobiernos oligárquicos y feroces dictaduras y a la agresividad y el intervencionismo norteamericano, en amplios círculos de la juventud y otros sectores avanzados de América Latina prosperó la idea de que la lucha armada revolucionaria era una opción viable para alcanzar la liberación nacional y el progreso social.

Cuba no exportó la revolución porque nadie puede hacerlo pero por las mismas razones, tampoco le cortó las alas. En una dialéctica llena de luces y de sombras, la imagen de la cordillera de los Andes convertida en la Sierra Maestra de América, se imbricó con las del Poder Negro en los Estados Unidos, de la revolución argelina y de un Tercer Mundo liberado y no alineado y un Vietnam reunificado. En aquel escenario se desplegó la insurgencia y el movimiento de liberación nacional latinoamericano expresado en el accionar de fuerzas guerrilleras y movimientos urbanos armados en varios países del continente.

Durante más de una década, alrededor de 40 organizaciones en una decena de países participaron en la lucha armada y, aunque su desempeño y sus luchas obraron como un catalizador influyendo en la evolución de los procesos políticos de sus respectivas naciones, desbrozando el camino que condujo a la actual coyuntura, a corto plazo, los resultados no compensaron los  sacrificios realizados.

La brutal reacción de las dictaduras militares y los gobiernos oligárquicos del continente respaldados por los Estados Unidos que armaron y entrenaron a militares, policías y torturadores, la vigencia de estereotipos ideológicos, unido a divisiones al interior de la izquierda, a los ecos del conflicto chino-soviético y a la ausencia de reales condiciones subjetivas en algunos países, neutralizaron la respuesta de masas.

En la medida en que, al sumarse Estados Unidos la contrainsurgencia logró exterminar o diezmar a algunos destacamentos guerrilleros, las dictaduras militares del cono sur desplegaron una guerra de exterminio contra las fuerzas progresistas y concertaron la represión mediante el Plan Cóndor, en 1967 el Che Guevara fue asesinado en Bolivia, en 1973 Pinochet derrocó a Salvador Allende y Ronald Reagan inició la Guerra Sucia en Centroamérica, se hizo evidente que la lucha armada, aunque podía obtenido logros, era inviable como método para alcanzar el poder.

En la década de los ochenta, con el fin de las dictaduras militares en Sudamérica y el retorno de la democracia que aunque cooptada permitía  adoptar formas de lucha política menos letales y más asimilables por las amplias masas, trabajosamente las fuerzas avanzadas de la izquierda, apoyándose más que en partidos tradicionales, en movimientos sociales y en la movilización popular, pasaron la pagina de la lucha armada que si bien no llevó a la victoria, tampoco fue estéril, sino parte de un proceso mayor.

No obstante el reflujo estratégico, en influyentes ambientes internacionales se identificaron fuerzas que expresaban compresión o simpatías hacía las luchas de liberación nacional y eran solidarias con los pueblos de Nicaragua, El Salvador y Guatemala víctimas de la “Guerra Sucia”. Del seno de aquellas corrientes surgieron iniciativas y foros para negociar la paz en Centroamérica con aceptables garantías para la inserción de los luchadores revolucionarios en la vida política tradicional con aceptables márgenes de garantías.

A principios de los años ochenta, los propios movimientos revolucionarios fueron ponentes de propuestas para el diálogo que reforzaron la actividad de instancias negociadoras como el Grupo de Contadora (1983-1984) integrado por: Colombia, México, Panamá y Venezuela  y animado entre otros por: Olof Palme, Gabriel García Márquez, Alfonso García Robles y Alva Myrdal quienes no dejaron de llamar la atención sobre la necesidad de luchar contra la pobreza, establecer democracias funcionales y poner fin al intervencionismo norteamericano.

Aunque los gobiernos oligárquicos centroamericanos y Estados Unidos se opusieron y sabotearon las gestiones del Grupo de Contadora y las negociaciones de Esquipulas, Oslo y otras, no pudieron impedir el avance de un proceso que, en medio de complejas negociaciones y dificultades avanzó  hacia acuerdos de paz.

El tiempo pasó…El socialismo real se remitió; la Unión Soviética dejó de existir, Cuba entró en una profunda crisis económica y la izquierda internacional, privada de referentes teóricos y de paradigmas históricos experimentó una caída libre.

No obstante, en un inesperado giró de la situación política, cosechando lo sembrado, sumando fuerzas nuevas y apartándose de los caminos tradicionales, como Ave Fénix, la nueva izquierda latinoamericana emergió con inusitada fuerza y vigencia para alcanzar el poder en varios países en alguno de los cuales antiguos líderes y movimientos guerrilleros ocupan hoy importantes responsabilidades políticas.

En ese devenir, las fuerzas revolucionarias colombianas no han podido aprovechar las oportunidades de las coyunturas políticas, aunque probablemente estén a tiempo. Luego les cuento.


Colombia: La Corte tumbó el Acuerdo


Sin ninguna duda, la Corte Constitucional obra en Derecho al encontrar viciado el acuerdo según el cual, los Estados Unidos podían ocupar con sus tropas 7 nuevas bases militares colombianas además de poder usar cuando lo considerara, los aeropuertos internacionales del país. 

Ese era el acuerdo aprobado por el entonces presidente Uribe y sus más inmediatos colaboradores.
Tamaño asalto a la ya agonizante soberanía colombiana, que protagonizaba Uribe en una clara escalada guerrerista que tiene propósitos mas allá de las fronteras, razón por la cual varios países del continente con sobrada razón expresaron sus preocupaciones.

Se requiere ser demasiado ingenuo para no entender los objetivos del pentágono y reducir esta maniobra guerrerista a un asunto de “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo colombiano” tal como lo presentó el gobierno colombiano.

Era propio del estilo del hoy ex presidente Uribe, saltarse los trámites procedimentales, por su esencia autoritaria y de dictadorzuelo, que en su gobierno contó con funcionarios que lejos de caracterizarse ante hechos tan graves, agacharon la cabeza en esta y otras decisiones de Uribe como acallar las altas Cortes y pretender seguirse reeligiendo con maniobras ilegales y corruptas, asunto que también tumbó la Corte Constitucional.

¿Qué sigue?

Ya se adelantó el presidente Santos a precisar que la decisión de la Corte, no afecta “la cooperación de Estados Unidos con Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”, así le da tranquilidad a la derecha pro imperialista.

Santos tiene razón; de hecho muchos acuerdos con la potencia del Norte se han hecho en secreto o sin los debidos trámites como el mal llamado “Plan Colombia” que no fue más que la intervención de EE.UU. en la guerra contrainsurgente y más allá de las fronteras, dentro del cual muchos secretos se siguen manteniendo y tienen proyección.

Por lo anterior Santos optará por uno de dos caminos; darle curso a los trámites correspondientes al accidentado acuerdo y revestirse de legalidad, para lo cual cuenta con un Congreso de bolsillo, o ampliar las bondades del Plan Colombia y continuar con “los secretos que requiere la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico que son males que afectan más allá de Colombia y requieren de la ayuda internacional”.
EE.UU. continuará, hostigando, saboteando y tratando de impedir el curso de los pueblos y gobierno de nuestro continente, con dicho acuerdo o sin él, que han tomado distancia o ruptura con la potencia imperialista y para ello necesita afianzar la intervención en los países sobre los que mantiene su tutelaje entre ellos Colombia que se sigue perfilando como el Israel latinoamericano.

Ya hemos dicho que con Santos como presidente, cambian las tácticas y estilos pero se mantienen los objetivos, la estrategia que afianzó Uribe y que recibiera de su antecesor.

Un futuro cierto

La grave realidad de intervención que vive Colombia, solo será superada cuando sus gobiernos no vean en el pueblo y sus organizaciones populares a sus enemigos. Cuando exista una comunidad de intereses entre los gobernantes y los luchadores por la justicia social, la soberanía, la verdadera independencia y la paz.
Eso requiere de los gobernantes un sentido de patria, soberanía y autodeterminación, contrario a la defensa de intereses oligárquicos, que colocan su riqueza y poder político por encima de la dignidad de patria y de nación.

En síntesis los cambios sustanciales en la vida política y social del país, solo serán posibles mediante la lucha popular y revolucionaria donde sea el pueblo y la nación quienes se gobiernen así mismo y no una oligarquía excluyente que solo vela por sus intereses de clase.